Un médico acusado de la muerte de Samba Martine, la mujer congoleña de 33 años que murió en 2011 tras pasar 38 días internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ha declarado hoy en el juicio que no le constaba que fuera portadora del VIH y que los días que le atendió lo hizo sólo por "síntomas gripales".

Martine falleció el 19 de diciembre de 2011 por una infección pulmonar, mortal en personas seropositivas. Al CIE de Aluche llegó un 19 de noviembre tras ser trasladada desde el CETI de Melilla, dónde sí se le habían realizado análisis que revelaron que era portador del VIH.

Las acusaciones en el juicio que ha arrancado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, la representada por la familia de la víctima y la asociación Ferrocarril Clandestino, sostienen que hubo negligencia tras un mes de encierro en el que solicitó al menos 11 veces asistencia médica "sin recibir tratamiento alguno a la dolencia que finalmente terminara con su vida".

En su declaración, el acusado Fernando Hernández Valencia ha manifestado que atendió a la víctima los días 15 y 30 de noviembre de 2011 por síntomas catarrales, manifestando que no le constaba que fuera portadora del VIH. "Ella manifestaba que tenía dolor de cabeza. No la valoré porque no dijo nada. Fue en una época con muchas gripes", ha recalcado indicando que el trato fue conforme a los protocolos. Según ha manifestado, en ese momento la mujer presentaba cefalea, tos y dolor en el tórax, algo que no le pareció raro porque "en esa época eran muy frecuentes los episodios catarrales, y eso no se cura en una semana".

Sin embargo, los abogados de la acusación particular y popular no creen su versión porque Samba reiteraba "persistentemente" que estaba enferma de SIDA. "Samba sabía que se moría, pero nadie la escuchó", afirman.

En el juicio se debían haber sentado tres acusados, pero dos de ellos, un médico y una enfermera, están huidos de la Justicia. En el caso del único juzgado, el abogado de la familia le pide año y nueve meses años de cárcel por homicidio imprudente y seis años de inhabilitación.

"Escurrir el bulto"

El abogado de la madre e hija de Samba, Víctor Díaz, ha señalado que los protocolos establecían que se tenía que preguntar a los internos si eran portadores de VIH u otra enfermedad. "Se ve claramente el nivel de todo el servicio médico del CIE y de los profesionales contratados", ha dicho y ha indicado que el procesado ha intentado "escurrir el bulto".

La abogada Patricia Fernández, de Ferrocarril Clandestino, ha subrayado que el acusado tuvo posibilidad de diagnosticarla y de evitar la muerte. Además, ha señalado que en la historia clínica contaban más síntomas al margen de unos síntomas catarrales y ha insistido en que en el reconocimiento médico no se le preguntó si era portadora de VIH.

"Se la debió explorar en profundidad y se la debió hacer unas pruebas diagnósticas, algo que no hubo en los 40 días que estuvo ingresada. Todas las pautas fueron para paliar síntomas no para curar la enfermedad. No se le trató y murió", ha reseñado.

"Me muero, me muero"

En el juicio, ha testificado una de las asistentes de Cruz Roja que atendió a la víctima, declarando que los CIE no son lugar para enfermos y destacando la insalubridad de estos lugares. También ha relatado cómo cuando se estaba trasladando a Samba al hospital gritaba: "Me muero, me muero".

Esa misma tarde Samba murió. Las causas inmediatas fueron un fallo cardíaco y una sepsis, y la subyacente, una infección pulmonar, según ha contado la letrada de la acusación popular a la salida del juicio, que continuará mañana con la presentación de informes periciales.

A su muerte, según la letrada, se suman los 38 días que pasó "tirada en el suelo" y ahora es el momento de reclamar que se arroje luz sobre lo que ocurre en el interior de los CIES, y que los Derechos Humanos "sean reconocidos a todas las personas migrantes.

Tras concluir la primera sesión del juicio, colectivos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos la ONG Observatorio De Derechos Humanos Samba Martine, se han concentrarán a las puertas de los Juzgados para expresar su reclamo de 'Justicia para Samba' y para exigir el cierre de los CIE.

Para dar su apoyo, han acudido a la convocatoria los concejales Javier Barbero y el edil Pablo Carmona. Durante la protesta, han exigido el cierre inmediato de los CIE, y el cese inmediato de su director, Antonio Montes Rodríguez, quien "desempeñaba" en la época de los hechos juzgados como jefe de seguridad del centro.

Los colectivos sostienen que las denuncias dejan "al descubierto que ni siquiera se respetan las sucesivas resoluciones dictadas por los jueces de control, creados especialmente para velar por el respeto a los derechos de las personas allí encerradas".