Rebelión de comerciantes, jornaleros y residentes de Lleida para zafarse de la ratonera

Alrededor de veinte jornaleros confinados en uno de los hoteles habilitados para positivos en coronavirus se amotinaron la madrugada del pasado sábado al domingo y exigieron que se les liberara de su encierro. A duras penas se les pudo persuadir de que, dada su situación, no era aconsejable que se fueran. Al menos una mujer logró ganar la calle. Al igual que sus compañeros, quería trabajar a toda costa.

Hace ahora dos días que el alcalde de la ciudad, Miquel Pueyo, reconocía en declaraciones al diario Segre que, en efecto, se habían dado varios intentos de fuga entre los temporeros confinados por la covid-19 y mencionaba el dato de que, al menos, seis personas habían abandonado el hostal Jericó y el hotel Nastasi antes de completar el periodo de cuarentena. Pueyo solicitó al Govern que buscara alguna fórmula para obligar a los inmigrantes a recluirse.

Cuando tuvo lugar el motín del hotel Nastasi, había transcurrido poco más de medio día desde que el presidente de la Generalitat anunciara precipitadamente el cierre perimetral de toda la comarca del Segriá. Quim Torra concedió un periodo de gracia de unas pocas horas, hasta las cuatro de la tarde del sábado, para que los "no residentes" dejaran Lleida y el resto de los municipios, lo que desencadenó una auténtica estampida de personas que trataban de "poner a salvo" sus vacaciones o, simplemente, situarse "extramuros" de los 38 núcleos sitiados por los Mossos de Esquadra antes de que la comarca se convirtiera en lo que, de hecho, es: una ratonera.

Entre quienes escaparon, informó el personal de la estación de ferrocarril, había trabajadores africanos que tomaron a toda prisa trenes de cercanías para salir del área confinada en dirección a poblaciones cercanas como Binéfar (Huesca), situada en fase 2, y cuyos mataderos podrían ser uno de los orígenes probables de toda la cadena de contagio que está devastando La Franja de Aragón y las comarcas más occidentales de Lleida.

Los datos de incidencia del virus confirman que existe una relación directamente proporcional entre la afección de la pandemia y la presencia de la industria cárnica, muchos de cuyos trabajadores compartían pisos en poblaciones como Lleida, Alcampell o Alcarrás con otros empleados del sector agrario. Nada más elocuente, en tal sentido, que el mapa interactivo de la Generalitat sobre el número de casos por municipios.

La situación se reproduce no solo en el Segrià o en la Litera, sino también en comarcas como la Segarra. Los mismos responsables de la administración, aragoneses y catalanes, que han denunciado las conductas de los inmigrantes han evitado deliberadamente apuntar hacia las empresas cuestionadas y, en algunos casos, denunciadas donde se han detectado hasta la fecha los grandes focos de contagio.

Hace más de dos meses que este diario recogía unas declaraciones donde se advertía literalmente: "Con certeza, la pandemia se ha extendido por Lleida y otras poblaciones donde vive la plantilla, con otros jornaleros del Segria". Fue también Público quien divulgó en esas mismas fechas que algunos trabajadores del matadero de Litera Meat viajaban cada día desde Lleida y Alcarrás a bordo de un autobús fletado por la empresa [la información se documentó audiovisualmente con un reportaje en vídeo que incluía entrevistas a los trabajadores que realizaban el trayecto en plena pandemia]. Ninguna de las administraciones se dio por enterada entonces de que la precariedad de esos africanos les obligaba a compartir vivienda en condiciones a menudo indignas con trabajadores de la fruta u otras industrias cárnicas, no solo en el Segriá, sino en La Litera, el Cinca Medio y el Baix Cinca. Litera Meat ha sido denunciada por Comisiones Obreras y la CNT por las presuntas irregularidades cometidas a la hora de implementar, o no implementar, el protocolo de protección de los trabajadores.

El rebrote pudo comenzar a larvarse entonces, aunque los políticos convienen en desvincular el contagio masivo de los mataderos del de los jornaleros de Zaidín (Huesca), con el que sí relacionan los hechos posteriores. Cuando La Litera pasa a fase 2 y el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, o el delegado de la Generalitat, Ramón Farré, tratan de adoptar medidas para que se restrinjan los contactos con los trabajadores de La Franja, habían transcurrido más de dos meses desde el brote de los mataderos binefarenses.

Nadie ha aclarado tampoco, hasta la fecha, si la significativa incidencia del virus en Guissona podría guardar alguna relación directa con la presencia de Bonarea, lo que contrasta con la transparencia de gestión que mantienen las autoridades de países, como Alemania, donde la extensión del virus se halla igualmente vinculada a la actividad de la industria cárnica o, más concretamente, de los brotes detectados en mataderos como Tonnies. Mientras allí se protegía a las compañías, allá se hablaba abiertamente del modo en que la cadena de contagio se había extendido entre los residentes de ciudades como Gütersloh.

Ahora, entre tanto, las redes se han llenado de comentarios xenofóbos que se ensañan con los extranjeros en busca de alguna cabeza de turco a la que culpar de lo ocurrido. Claro que el hecho de que algunos de estos trabajadores africanos -en su mayoría jóvenes y asintomáticos- estuvieran, eventualmente y en unos pocos casos aislados y magnificados, dispuestos a arriesgar su salud a cambio de unas pocas peonadas en el campo ha llamado la atención también sobre la desesperación de varios miles de jornaleros cuya vida no solo depende de preservarse de la enfermedad, sino de ganar unos cientos más de euros para sobrevivir algunos meses más. Es sabido que muchos de los africanos sintecho que pasaron la pandemia al raso en Lleida u otros municipios eran manteros o desempleados del mercado negro laboral asociado al turismo. Se da la circunstancia de que la situación de estos extranjeros es peor ahora que a la entrada en vigor del confinamiento perimetral. No solo no han encontrado un trabajo o ha concluido su contrato, sino que además, se encuentran atrapados a cientos de kilómetros de su lugar de residencia.

Han sido, con diferencia, los más estigmatizados. Pero ni la preocupación por su futuro afecta solo a los trabajadores extranjeros, ni son solo los migrantes africanos los que se niegan a acatar las restricciones. A diferencia de lo que ocurrió hace algunos meses en Igualada, la Generalitat no ha conseguido instaurar el "nuevo orden" y las protestas, algaradas, amenazas de guerra y huidas se han extendido entre toda la población, pese a que se insista en denunciar únicamente la conducta de los negros. Hace varios días que en el grupo de Instagram Transit Lleida los residentes de la comarca intercambian información acerca de los controles policiales o las rutas apropiadas para burlar el sitio por las comarcales menos transitadas.

Es un secreto a voces que los doscientos policías desplegados por la Generalitat son completamente insuficientes para cerrar el perímetro durante tres turnos, y las pistas alternativas de tierra que jalonan toda la comarca se han convertido en los "túneles de escape" para cientos de familias que, o bien tratan de ir de vacaciones o, simplemente, intentan ponerse a salvo antes de que el Govern decrete el confinamiento domiciliario. Era un secreto a voces que proyectaban hacerlo tras las pruebas de Selectividad del viernes y que solo las razones políticas podrían imponerse a los argumentos de los especialistas de Salud a la hora de determinar su conveniencia. A los políticos les consta que la población está indignada, tal y como reconocía la regidora del Ayuntamiento de Lleida, Sandra Castro.

Esta misma edil cree que no puede culparse de la crisis de los migrantes y sus secuelas ulteriores al actual equipo de gobierno "cuando la Generalitat estuvo dando ayudas durante diez años para albergar a los temporeros y el PSOE no hizo absolutamente nada para evitar el efecto-llamada. Hay que tener también en consideración, por otra parte, que el hecho de que en Lleida se estén detectando tantos casos guarda relación con el elevado número de test que se están efectuando".

La contestación social y el descontento es generalizado. Ayer por la mañana, la Síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, remitía un documento en el que denunciaba la "falta de proporcionalidad" del confinamiento del Segrià, y lo que, a su juicio, constituía "una vulneración indiscriminada del derecho de libertad de circulación, insuficientemente justificada". Algunas horas después, doscientas personas se concentraron en la plaza Catalunya de Lleida para protestar por el confinamiento perimetral de la comarca. Todos temen que solo sea la antesala del encierro domiciliario.

A las protestas y a las críticas por el carácter improvisado de las medidas adoptadas por las administraciones catalanas se han sumado también los empresarios del Segrià y la Cámara de Comercio. La patronal y los comerciantes no dejaron ninguna duda de que se declararían en pie de guerra en el supuesto de que se confinara en casa a los residentes de la comarca. A su juicio, más del 40% de los establecimientos no volverían a abrir si se actúa de ese modo. Varios sindicatos han advertido, entre tanto, de que los hospitales de Lleida están casi al límite y al borde del colapso, con su personal completamente exhausto.