Lo que el racismo esconde: el pueblo gitano, presunto sospechoso seis siglos después de asentarse en España

El diccionario de la RAE califica en su quinta acepción la palabra gitano como trapacero, un término ofensivo y discriminatorio. Así lo denuncia la Fundación de Secretariado Gitano (FSG) en una de sus campañas de sensibilización contra la discriminación y el antigitanismo. #YoNoSoyTrapacero. Y lo hace cuando están a punto de cumplirse los 600 años de su llegada a estos territorios.

"Una definición discriminatoria genera discriminación", advierten desde la FSG, mientras atienden a víctimas que solo por ser gitanos se han visto sin base alguna amenazados, detenidos, incluso juzgados, agredidos o discriminados laboralmente. Son presuntos sospechosos.

Los atropellos se visibilizan menos que cuando hay titulares con empeño en visibilizar que quien ha delinquido es una persona de raza gitana. Pero las injusticias policiales, judiciales y sociales se repiten mientras la FSG ha trabajado intensamente en los últimos 20 años para denunciar la situación.

Barbaridades contra el pueblo gitano

Entre las barbaridades contra el pueblo gitano detectadas y denunciadas por la FSG en estas dos décadas está el caso de dos mossos en Catalunya que acabaron expulsados del cuerpo gracias a la intervención del hoy fiscal de sala y coordinador Contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar. Ambos agentes se inventaron que una mujer rumana y gitana (dos calificativos sospechosos para ellos) había tirado a su bebé a la carretera para evitar que se la registrara a la salida de un supermercado. Meses estuvo la mujer alejada de su pequeño, ingresado en un centro de menores, hasta que se pudo demostrar que jamás ocurrieron esos hechos.

La pasada semana, la Fundación de Secretariado Gitano, con una espectacular puesta en escena en el Palacio de la prensa de Madrid, daba a conocer su informe anual de Discriminación y Comunidad Gitana en un acto, en el que participó Público, y donde se presentaron víctimas de ese racismo de todas las edades y condiciones. Eso sí, con el denominador común de ser personas gitanas.

Dos mossos se inventaron que una mujer rumana y gitana había tirado a su bebé a la carretera para evitar un registro 

A la joven Jenifer Muñoz todavía le cuesta contener el llanto cuando recuerda cómo un guardia de seguridad la tuvo aislada en un sala privada de un comercio, sin permitirle darle de comer o cambiar a su bebé durante horas, al acusarla de haber robado un muñeco. Un juguete con un coste de seis euros.

Un detalle que le habían regalado a Jenifer días antes por la apertura de un negocio. De poco sirvió que solicitara ver las cámaras de seguridad para demostrar que entró por un potito para su hijo y que ni siquiera se acercó a la sección de juguetes. "Tuve la sensación de que me discriminaron por llevar moño", explica aún muy afectada.

"Tuve la sensación de que me discriminaron por llevar moño"

Empleados del comercio llamaron a la Policía Local. El agente creyó al guardia de seguridad y cursó la denuncia, por lo que al día siguiente la joven se vio sometida a un juicio rápido en el que volvió a pedir al juez que vieran las cámaras de seguridad. El titular de la sala no entendió que fuera necesaria esta medida y condenó a la joven, que no pudo contar ni con un abogado de oficio. La Fundación de Secretariado Gitano ha elevado el caso al Comité CEDAW de la ONU y está en espera de resolución.

Y entre los casos de discriminación detectados en estos 20 años está también el de Sofía Fernández Delgado, hoy funcionaria tras aprobar una oposición.  Una entrevista de trabajo -cumpliendo todos los requisitos laborales- se convirtió en un interrogatorio como si fuera sospechosa de algo por ser gitana. 

Sofía denunció este delito y ganó el litigio que llevó al despido de quien le hizo sentirse culpable por intentar integrarse laboralmente en un puesto ocupado normalmente por personas de raza no gitana. "Fue difícil" -recuerda- "me decían que al pobre hombre le habían despedido por mi culpa, que se había equivocado conmigo, pero que era el pan de sus hijos". 

Esta mujer, sin embargo, recordaba a sus compañeros que "también él jugó con el pan de mi familia".

Tan solo en el 2023, la Fundación de Secretariado Gitano atendió 348 casos de discriminación y antigitanismo. Un porcentaje muy alejado de los casos reales que ocurren en nuestro país cada año, según destaca Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de esta entidad. La mayor parte de la sociedad gitana no es consciente de que tiene derecho a denunciar cuando se siente atropellada. "Está tan acostumbrada, que cree que es así", explica.

Sin embargo, la FSG hace un canto a la esperanza: "Hace 20 años, la discriminación contra la comunidad gitana solía ser ignorada y normalizada". Hoy, sin embargo, "la normativa antidiscriminatoria se desarrolla y se van dando pasos importantes por visibilizar la situación".