El año pasado, Catalunya dio un paso adelante hacia la transición energética, después de que se conociera que se superaron las 100.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta. Además, el Govern está desplegando un esfuerzo inversor importante para impulsar 59 comunidades energéticas en todo el territorio.

Pese a estos aspectos positivos, se levantan voces que piden un replanteamiento de la estrategia alrededor de las energías renovables, poniendo el foco sobre la necesidad de dar una salida a los excedentes de producción que se generen en las redes de distribución, que a estas alturas, no se aprovechan, o la necesidad de emprender una renovación tecnológica para ganar en eficiencia. La demanda proviene de sectores diversos, como la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, la Xarxa por la Sobirania Energètica o desde un punto de vista más técnico, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Según el Registro de Autoconsumo de Catalunya, 2023 se cerró con 102.107 instalaciones de autoconsumo en servicio, que suman 990,5 MW de potencia. A finales de enero, el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, aseguró que "estamos asistiendo a una nueva realidad: las personas y empresas de Catalunya se han comprometido a ser propietarios de su energía y esto nos acerca a los objetivos energéticos que tenemos como país".

Después de recordar que el autoconsumo es un eje fundamental del nuevo modelo energético más limpio, justo y participativo al cual aspira Catalunya, incidió que "la energía proveniente de los sistemas de autoconsumo es una electricidad más barata, que genera cero emisiones y, sobre todo, que pertenece a las familias y a las empresas que la utilizan".

Paralelamente, el mismo Departament ha otorgado 4,5 millones para impulsar 59 comunidades energéticas a través de la línea de ayudas SolarCoop. El Institut Català d'Energia (Icaen) justifica esta partida porque están "detectando mucho interés en todo el territorio en esta nueva fórmula, que permite poner a los ciudadanos en el centro del modelo energético y apostar por las energías renovables al mismo tiempo".

Las nuevas realidades de las renovables

Es precisamente en el punto de situar a los ciudadanos en el centro del modelo energético donde aparecen las discrepancias de las plataformas que abogan por un reparto más democrático del acceso a la energía. En este sentido, Montserrat Coberó, portavoz de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, aplaude el incremento de las instalaciones de autoconsumo, protagonizado especialmente por los ciudadanos. Aun así, solicita que "la Administración articule e impulse estímulos para ser autosuficientes energéticamente, para lo que es necesaria la implicación del sector empresarial".

Entre las soluciones que menciona Coberó para animar la participación del tejido industrial, se encuentran la instalación de películas fotovoltaicas sobre vidrio o la implantación de pequeños aerogeneradores sobre los tejados de algunos bloques de pisos. La portavoz de la Xarxa admite que uno de los déficits sin resolver del modelo de despliegue de las energías renovables continúa siendo "las dificultades con los excedentes de producción que no se pueden destinar a la red de distribución, especialmente en las horas centrales del día".

Para resolver este impedimento, Coberó plantea que las administraciones presionen a las empresas distribuidoras para que permitan esta acción, puesto que se trata de un trámite meramente administrativo. Para avanzar de forma sostenible en este camino de transición energética, propone "adaptar la red de distribución energética a las nuevas realidades de las renovables, como el consumo de proximidad". Para Coberó, "resulta inadmisible que no se pueda aprovechar la energía sobrante para el almacenamiento y no se disponga de datos de la que se pierde".

Limitar la soberanía energética

Después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite un recurso del Gobierno central contra un decreto ley de la Generalitat por el impulso de la transición energética, la Xarxa per una Sobirania Energètica, cree que con la medida "se busca limitar la soberanía energética de las comunidades autónomas". La Xarxa lamenta que las comunidades y mancomunidades energéticas, una figura introducida por la Unión Europea en una directiva de 2018, todavía no han sido desarrolladas por el Estado.

Para la Xarxa, el recurso del Gobierno quiere dejar muy claro hasta dónde quiere que puedan intervenir las comunidades autónomas en el proceso de transición energética y la conformación de un modelo energético propio. En el caso de Catalunya, precisa que la Ley de Transición Energética se encuentra en fase de anteproyecto y pendiente de iniciar el trámite parlamentario. Por este motivo, argumenta que "el Gobierno ha optado por la vía del centralismo energético".

En una línea similar, el vicepresidente de la Comisión de Energía del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Montagut, reivindica un giro en el proceso de implantación del nuevo modelo de energía distribuida que tiene que contribuir a encaminarnos hacia la descarbonización en los próximos años. De hecho, Montagut considera que la red de distribución eléctrica no está siguiendo el ritmo de la instalación de nueva potencia de renovables.

"Necesitamos redoblar esfuerzos, más inversiones en renovación tecnológica y una redefinición del marco legal para lograr un modelo verdaderamente descentralizado, que estimule la gestión por parte del consumidor y pueda dar cobertura a nuevas demandas, como la de los puntos de recarga del vehículo eléctrico o los electrificadores", apuna. A pesar de que los datos muestran como Catalunya solo produce un 15% de la electricidad con renovables, lejos del objetivo del 50% marcado para el 2030, los diferentes actores coinciden que el modelo de transición energética tiene que colocar, todavía más, la ciudadanía en el centro.

De momento, consideran que, en los procesos de autorizaciones para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, todavía se prima en exceso las empresas promotoras, haciendo un análisis muy reducido de las afectaciones ambientales de los proyectos y estela en un rol testimonial la participación ciudadana a las iniciativas. Todavía, según remarcan, las grandes empresas controlan el proceso de producción, a pesar de que la misma tecnología favorece un modelo más descentralizado de consumo energético, que continúa sin desplegarse de forma decidida.