Las ciudades son un organismo vivo en constante cambio, aunque las diferencias no suelen marcarlas sus habitantes, sino sus dueños, los grandes propietarios. Que se lo pregunten a María del Carmen García, que ha tenido la mala fortuna de asistir a la metamorfosis de su edificio durante casi tres décadas. Tiene 83 años y vive en un precioso y amplio piso en el número 77 de la calle Toledo de Madrid, en La Latina. Un inmueble que adquirió hace 29 años en un enorme bloque de más de 60 viviendas, la inmensa mayoría, propiedad de una única dueña, Juana María Couret Rocou. A la vuelta de la esquina, en el número 6 de la calle Santa Ana, la propietaria atesoraba otros 40 inmuebles. Todos de más de tres habitaciones, de entre 90 y 120 metros cuadrados.

En 2011, la señora Couret cesó como como administradora de la empresa Arrendamientos Urbanos Couret SL y falleció poco después, en febrero de 2012. “Desde que murió todo está fatal”, confiesa García, que recuerda que Couret tenía “auténtica devoción” por las viviendas que alquilaba y, sobre todo, por la calle Santa Ana. “Adoraba esa calle y siempre tuvo buen trato con los inquilinos”, insiste García. Se podría decir que la propietaria cuidaba bien de su negocio.

La señora Couret había decidido que, durante décadas, en las más de cien viviendas que arrendaba, se alojaran inquilinos. Pero ahora las decisiones las toman sus herederos, que han registrado sus propias empresas inmobiliarias para administrar esos pisos — Tealrentas, S.L., Mundi Quo Vadis, S.L., Yegucar 2000, S.L. y Tolesanta, S.L.— y están comenzando la reconversión, como ya lleva años ocurriendo en el centro de Madrid. Un cambio que no afecta solo a los dos edificios, sino al carácter de todo un barrio. Ya no quieren inquilinos. Al menos, no en todos los pisos. Ahora prefieren turistas. Hay más, están menos tiempo en las casas y generan más beneficio, resume a Público Roberto Alexander del Pino, administrador de Yegucar 2000, S.L. “Los herederos tienen mucha ansia de dinero. No sé por qué, con más de 30 pisos que tiene cada uno en estos dos edificios”, resume García.

Ella al menos no tiene que preocuparse de que su casero le suba el alquiler o no le renueve el contrato para convertir su casa en un hotel. Es propietaria. Lo único que le preocupa es que, al final, su casa acabe devaluándose por estar rodeada de pisos de alquiler turístico. Piensa que, quizás, si un día sus hijos tienen que alquilar la casa, lo tengan difícil porque nadie quiera vivir entre turistas. Que, si tienen que venderla, sólo puedan recurrir a un fondo de inversión que les ofrezca un precio reducido porque ninguna familia esté por la labor de adquirir una burbuja de aire entre extraños que rotan cada semana. Quizás, por esa tranquilidad que le otorga ser propietaria, es la única que se atreve a denunciar la situación a cara descubierta, sin pseudónimos.

“No me gusta generar problemas, pero sí ayudar. Los inquilinos necesitan ayuda porque se están yendo, y los pocos propietarios tenemos que intentar que, al menos nuestro rellano, no se llene de turistas, pero tampoco están diciendo nada. Creen que el Ayuntamiento lo arreglará en algún momento”, explica García. De los ruidos se libra “por el momento”, pero no puede evitar ponerse nerviosa cuando le toca compartir el ascensor con cuatro o cinco desconocidos, “no hace ninguna gracia”, sentencia en el luminoso salón de su piso.

La huida de Marina

Pero no todos están tan tranquilos como García. El pasado fin de semana, Marina, una joven abogada, recogió sus cosas del piso donde llevaba seis años viviendo junto a otros dos compañeros y se marchó. De La Latina a Vallecas, del centro a la periferia, un viaje cada vez más común y que también está afectando a los precios de los alquileres en el extrarradio urbano.

Marina se siente expulsada del centro, no sólo por el aumento del alquiler, sino porque no ha podido aguantar la batalla contra unos turistas que, a diferencia de ella, se dan el relevo. Según explica, los problemas empezaron hace dos años, cuando el bajo se convirtió en alojamiento turístico. Los ruidos en el patio interior le despertaban por las noches o temprano por las mañanas. Pero todo empeoró hace más o menos medio año. “De repente, el piso de arriba se convirtió en un piso para turistas. Hicieron una reforma, lo dejaron diáfano y han puesto ocho camas individuales”, relata. El infierno era semanal, asevera. “Ruidos de tacones, de maletas, gritos, fiestas, gente que se confunde de timbre. Desde el primer día era un auténtico coñazo, había que subir a llamarles la atención o llamar a la Policía, que nunca podía nada. Intentamos hablar con el dueño para tomar alguna medida, para que lo acondicionara mejor, pero dijo que no iba a hacer nada”, lamenta.

Su contrato terminaba el próximo septiembre. Durante un tiempo pensó en intentar renovar, “pero sabía que nos iban a subir el alquiler. Están subiéndoselo a todos a los que les vence, una media de 300 euros de golpe”, sostiene Marina. “Para pagar más y no estar a gusto ni poder descansar, hemos decidido irnos”, explica, frustrada después de haber denunciado la situación ante el Ayuntamiento y ante la Policía Nacional sin que, por el momento, haya pasado nada.

Los que se quedan

Un albañil trabaja en la reforma de un piso en la calle Santa Ana de Madrid, que pasará a alojar turistas.- JAIRO VARGAS

Pero no todos los inquilinos están dispuestos a irse, al menos dócilmente. Fermín (nombre ficticio) no tiene a los turistas encima, pero sí al lado de su casa, también en Santa Ana, 6. “Es muy molesto. Llevo cinco años viviendo aquí y se ha notado mucho. Hasta el sonido cuando marcan el código para abrir la puerta se escucha en mi habitación”, explica. Eso por no hablar de la obras. “Antes reformaban un piso, ahora están reformando tres o cuatro al mismo tiempo”, explica mientras se escuchan los martillazos de fondo en el rellano de su casa.

“Es mobbing inmobiliario puro y duro, pero sin que los propietarios tengan que hacer nada, ya lo hacen los turistas. Tenerlos cerca hace que sea imposible vivir tranquilo. Te empujan a irte tarde o temprano y, cuando te vas, ese piso se convierte en vivienda de uso turístico. Así de fácil”, relata este autónomo de 40 años.

Así, dice, ha sido el proceso hasta el momento. “Entre los dos edificios deben de haberse ido los inquilinos de unas 15 viviendas. Si como mínimo hay tres por cada casa, se ha expulsado a 45 personas. Somos más de cien las que nos estamos viendo afectadas”, relata.

Cerraduras electrónicas instalas en uno de los pisos turísticos de la calle Santa Ana, en Madrid.- JAIRO VARGAS

Y no son los únicos. En el número 8, el edificio del al lado, varias pancartas claman contra el fondo de inversión británico Muflina, que ha adquirido el bloque entero para alojar a más turistas, denuncian diversos colectivos por el derecho a la vivienda. El mismo fondo que, hace pocos meses, compró el local del mítico bar Bodegas Lo Máximo, en el barrio de Lavapiés, que ha anunciado su cierre para el próximo febrero, cuando venza el contrato de alquiler. Fermín y otros vecinos, ante una invasión que ya habían visto en otros barrios como Malasaña, decidieron organizarse primero en un grupo de WhastApp y, después, poniéndose en contacto con colectivos como Lavapiés ¿dónde vas?, que denuncia los dramáticos efectos de la turistización del centro, o el Sindicato de Inquilinos de Madrid. Ambos colectivos, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, pusieron en marcha la iniciativa Bloques en Lucha, que en el centro de Madrid ya presta apoyo a siete edificios cuyos inquilinos se resisten al desahucio. Denuncian que la mayoría de esos pisos turísticos son ilegales, que no cuentan con las licencias para uso turístico ni cumplen los requisitos para este negocio.

“Aunque estén registrados como vivienda turística en la Comunidad de Madrid, no cumplen la normativa urbanística, ya que el Ayuntamiento exige ahora que cada vivienda tenga una entrada independiente”, explica Fernando Bardera, portavoz de Bloques en Lucha, que denuncia que la Comunidad de Madrid, con las competencias reguladores en vivienda, no haya tomado cartas en el asunto y que los intentos de la Administración de Manuela Carmena, que cerró algunos pisos durante la pasada legislatura, no hayan sido bastante para frenar la especulación que devora el centro urbano.

De hecho, critica, ni siquiera se puede saber cuántas viviendas de uso turístico hay en Madrid. “La última estimación era de 2016 y hablaba de 3.000. Ya deben de ser muchas más”, asegura. “Si la Comunidad de Madrid facilitara el registro de viviendas de uso turístico, muchas podrían cerrar sin necesidad de denuncia previa. Pero se ha negado a hacerlo en varias ocasiones”, lamenta el activista.

Marina, Fermín y otros vecinos denunciaron hace meses su situación ante el Consistorio. Incluso acudió una inspección para revisar todas las viviendas, pero no han vuelto a tener noticias. Tampoco de la Policía, que fue enviada por la Delegación de Gobierno tras denunciar los vecinos que no se estaban registrando las llegadas, como marca la ley. “Sentimos cierta impunidad. Parece que todo el mundo a nuestro alrededor puede hacer lo que quiera menos nosotros, que pagamos el alquiler cada mes”, se queja Marina. "Próximamente haremos una denuncia colectiva junto al Sindicato de Inquilinos y las asociaciones de vecinos. Esto tiene que parar en algún momento", asegura Fermín. 

Una pancarta en el bloque de la calle Sana Ana, 6 contra la conversión de los pisos en viviendas de uso turístico.- JAIRO VARGAS

Sin embargo, para Roberto Alexander del Pino, el administrador de una de las empresas que gestionan estos bloques, la situación “no es para tanto”. Reconoce que tiene tres viviendas de uso turístico, pero todas registradas y que hay diez en total en los edificios. “Todos los bloques pueden dedicarse perfecta y legalmente al alquiler turístico o vacacional”, sostiene. Niega que haya subido los precios a sus inquilinos “más allá del IPC” y lamenta que haya inquilinos que “subalquilen sus pisos" en plataformas como Airbnb. “No hemos echado a nadie ni lo vamos a hacer pero, evidentemente, si alguien no quiere seguir en el piso y vencen sus contratos los iré poniendo en alquiler turístico. Es mejor negocio”, confirma el administrador. El negocio que expulsa a los vecinos de sus casas.