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Periodistas y políticos alertan sobre el peligro de las redes sociales como filtros de la información

El Club Abierto de Editores (Clabe) celebra sus segundas jornadas contra la desinformación en el Ateneo de Madrid.

Acto Clabe
De izquierda a derecha, Patricia Rodríguez (PP), Antidio Fagúndez (PSOE), Francisco Sierra (Sumar), Francesc-Marc Álvaro (ERC), Pilar Calvo (Junts), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Néstor Rego (BNG). Clabe

El Club Abierto de Editores (Clabe) ha celebrado en el Ateneo de Madrid sus segundas jornadas contra la desinformación. Periodistas, políticos y expertos en la materia han debatido tanto sobre la naturaleza del fenómeno, como sobre sus eventuales soluciones. El ministro Óscar López; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; diputados de varios grupos parlamentarios; la directora de Público y vicepresidenta de Clabe, Virginia Pérez Alonso; el presidente de la asociación, Arsenio Escolar; el director de Metrópoli Abierta, Manel Manchón Fernando González Urbaneja han construido una especie de puzle sobre el estado de la cuestión.

Han sido cuatro los elementos en los que se ha dividido la problemática: los propios medios de comunicación, las redes sociales, los partidos políticos y los ciudadanos. Son elementos líquidos, que pueden llegar a mezclarse entre sí y que componen el magma que da lugar, en ocasiones, a la desinformación, un mal que, en palabras de Arsenio Escolar, "se está convirtiendo en estructural" y que hará un "gran daño" a la sociedad si no se actúa contra él. 

"Es un mal", además, "que no nos resulta ajeno". Francina Armengol ha puesto, en su discurso, la vista sobre Estados Unidos y, con el acuerdo del resto de asistentes, que también han hablado del caso durante la jornada, ha señalado al país norteamericano como el principal actor en términos de desinformación. De todas formas, ha puntualizado que España también se encuentra en una tesitura complicada. Combatirlo  es algo que Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha asegurado que es prioridad del Gobierno.

La mesa de periodistas ha sido a cargo de Virginia Pérez Alonso, Manel Manchón y Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Pérez Alonso ha apuntado que "la cresta de la ola de la desinformación no es solo mediática, sino que también forman parte de ella las redes sociales" y ha apuntado a un doble peligro: las redes funcionen como filtros o "intermediarios" de la información y, a la vez, trasciendan ese papel y se conviertan en contenedores en los que la información circula por ellas sin posibilidad de contraste.

En la misma línea, Manchón ha puesto sobre la mesa la herramienta Google Discover, el 'recomendador' de noticias líder, que es "muy bueno y a la vez muy malo". Además, tanto Manchón, como Pérez Alonso han hablado de la importancia de contrastar las informaciones, algo imprescindible desde los albores del periodismo, pero especialmente en la era de internet, cuando demasiadas veces la inmediatez marca el camino de las informaciones. El director de Metrópoli Abierta ha enfatizado, en otro orden de cosas, la importancia de la jerarquía de las fuentes.

La nota de optimismo la ha puesto González Urbaneja cuando ha subrayado que en un contexto en el que la información corre a sus anchas por las redes sociales, el papel de los periodistas adquiere una renovada relevancia. Manchón y Pérez Alonso se han mostrado de acuerdo, aunque la directora de Público ha puesto el acento en revertir la precariedad con la que la mayoría de los medios de comunicación se ven obligados a desarrollar su trabajo. 

La desinformación, desde el otro lado

Antes del turno de los periodistas ha sido el de los políticos. Diputados de casi todas las formaciones que componen el Congreso han compartido sus puntos de vista sobre la cuestión. Han participado todos los grupos excepto Vox y el PNV, que se ha caído en el último momento de la convocatoria por razones de agenda.

El debate ha transitado por distintos lugares. Por un lado, Francisco Sierra (Sumar), Francesc-Marc Álvaro (ERC), Mertxe Aipurua (EH Bildu), Pilar Calvo (Junts per Catalunya) y Néstor Rego (BNG) han puesto sobre la mesa cuestiones como la alfabetización mediática, la educación de los menores, la transparencia de los medios públicos y privados, la relación de los medios y los ciudadanos con la verdad o, también, el papel de las redes sociales.

Aizpurua ha apuntado que "la estela de la desinformación tuvo su culmen en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021". La portavoz abertzale ha señalado ese caso concreto como un momento en el que los consumidores de desinformación pasaron de ser "pasivos" a "actores activos". Todos los ponentes han coincidido en que lo que busca la desinformación es polarizar y, en última instancia, diezmar la democracia.

La mayor parte del tiempo de debate entre los siete diputados presentes este lunes en el Ateneo de Madrid se ha empleado en hablar de los medios de comunicación y de las redes sociales como potenciales emisores de desinformación. Pero hay un tercer actor, el ciudadano, que también ha adquirido un cierto protagonismo. Francesc-Marc Álvaro ha señalado una diferencia fundamental entre el mercado de la información y el de cualquier otro bien: "Nadie iría a comprar a un supermercado comida adulterada, pero la relación que tienen los ciudadanos con los medios hace que sí se consuma información adulterada, además, de forma casi festiva".

Otra de las conclusiones a las que se ha llegado en la presente jornada es, quizá, la madre del cordero de la cuestión: "La desinformación, lamentablemente, tiene rédito político".

Más áspero ha sido el intercambio de pareceres entre la popular Patricia Rodríguez y el socialista Antidio Fagúndez. Rodríguez ha fundamentado su intervención en las acusaciones a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de corrupción, tal y como marca la actual línea estratégica de su partido. Fagúndez, por su parte, se ha visto obligado a defenderse en un cruce de reproches alejado de la línea reflexiva por la que apostaba la organización. Fagúndez, eso sí, ha defendido las medidas de regeneración democrática impulsadas por el Gobierno de coalición y ha aseverado que "la regulación tiene que ser compatible con la libertad de expresión". 

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