El de la vivienda en España es un problema cronificado tanto por el despliegue de una política contraria a la justicia social y a la consideración de esta como un derecho, como por la ausencia de una respuesta institucional a la altura. 

Las administraciones a distintos niveles y los partidos políticos han tomado diferentes posiciones durante los últimos años, pero la foto es clara: el problema se ha agravado, y la emergencia habitacional y los precios desorbitados se han convertido en un gran agujero negro que fagocita los recursos económicos de una gran parte de la población.

Ante esta emergencia, que ha tornado en drama, este domingo se ha producido un estallido social a través de la movilización de miles de personas para protestar por la situación de la vivienda. En Madrid, una marcha que discurrió entre Atocha y Cibeles apuntó claramente en sus gritos y proclamas a una política y unas instituciones que no han dado soluciones eficaces para detener el abusivo incremento de los precios del alquiler.

Aunque ninguna formación política niega el problema, sí que se aprecia un claro sesgo ideológico que implica una concepción distinta de la vivienda en las soluciones que propone cada formación.

La derecha, con el PP a la cabeza, señala que el problema de la vivienda en España es de la oferta, es decir, que se puede atajar construyendo más pisos y casas para poner en el mercado. Hace escasos días, el partido puso encima de la mesa un proyecto de ley de vivienda para sustituir a la norma actual que incluye medidas "para liberar suelo y reducir los plazos para la construcción de vivienda, eliminando burocracia y agilizando trámites".

Además, también se propone en este proyecto facilitar los desahucios en caso de impago rebajando la condición de vulnerabilidad económica a 1.050 euros al mes por unidad familiar.

El boicot del PP a la ley a través de sus territorios

A la vez que el PP propone como solución una vuelta al modelo del ladrillo, que en la primera década de los 2000 terminó por ahogar a España en una crisis económica en el marco de una crisis financiera mundial, los de Alberto Núñez Feijóo boicotean la aplicación de la normativa actual, que permite intervenir los precios para rebajarlos en las denominadas zonas de mercado tensionado.

Sus comunidades autónomas, que tienen la competencia en esta materia, ya han avanzado que no aplicarán la ley, lo que de facto vacía una parte sustancial de la norma (el PP gobierna en 11 comunidades autónomas, es decir, la mayor parte del Estado).

En la izquierda el enfoque es distinto. El Gobierno de coalición convirtió la vivienda en uno de sus ejes principales desde su nacimiento, en 2020, empujado por la entrada en el Consejo de Ministros de una izquierda alternativa, la de Unidas Podemos, que llevaba en su ADN la lucha contra los abusos de los grandes caseros e inmobiliarias y contra los desahucios de familias vulnerables. 

De esa coalición surgió el compromiso, rubricado en el pacto de Gobierno, de hacer una ley de vivienda que permitiera atajar una desenfrenada escalada de los precios del alquiler. Pero pronto se pudo ver la existencia de una gran diferencia ideológica entre el PSOE y Unidas Podemos en esta materia.

"Nosotros pensamos que lo mejor es promover, no imponer. La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica", aseguraba en febrero de 2021 el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en plena disputa con los de Pablo Iglesias por la ley de vivienda.

Las dos formaciones del Ejecutivo tardaron tres años en aprobar la norma, tres años de disputas, batallas y diferencias en los que en numerosas ocasiones desde UP se señalaba la connivencia de los socialistas con el gran mercado y las patronales inmobiliarias. La ley salió adelante gracias a la mayoría progresista del Congreso, pero no cumplió todas las expectativas de las organizaciones sociales y sindicatos de inquilinos. 

Sumar reactiva la disputa con el PSOE por la vivienda

Con el paso de los meses, el boicot de la derecha a la intervención de los alquileres en sus territorios reactivó la pugna que la izquierda alternativa (ahora liderada por Sumar) y el PSOE mantenían en el Gobierno, y la ley de vivienda ya no sirvió como pegamento entre los dos socios en esta materia.

Aunque ha habido algún acercamiento (el Ministerio de Vivienda se ha abierto a condicionar las ayudas públicas estatales a las comunidades que se nieguen a aplicar la ley, una propuesta de Sumar), la tensión es cada día mayor, y los de Díaz han elevado el tono contra los socialistas y, especialmente, contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por sus últimas declaraciones pidiendo solidaridad a los caseros.

Esta misma semana, Sumar le pidió a los socialistas que empezaran por aplicar la ley de vivienda en las comunidades en las que gobiernan (Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Catalunya): "En muchas comunidades en las que gobiernan presenta proposiciones no de ley que son brindis al sol, medidas estéticas. El PSOE tiene las competencias para aplicar la ley de vivienda y que no lo haga genera frustración", aseguró Elizabeth Duval, portavoz del partido.

"Estamos preocupados porque, en medio de una emergencia nacional sobre el derecho a la vivienda y a las puertas de una movilización que va a ser masiva este domingo, el PSOE siga sin aclarar sus bandazos en esta materia. Hay un clamor que exige que intervengamos para bajar los precios. Incluso si para ello es necesario torcerle el brazo a los gobiernos del PP que no aplican la Ley de Vivienda", manifestó esta semana el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

Para los partidos de la izquierda alternativa, la movilización de este domingo era un hito en el calendario y una oportunidad para que "el músculo de la calle, el músculo social protagonice una demostración de fuerza que no deje lugar a dudas cuál es el lado correcto, el de la mayoría social". La calle ha respondido con una masiva movilización que deja ahora la pelota en el tejado de las instituciones.

El boicot de una derecha que apuesta abiertamente por una vuelta al modelo del ladrillo y la ausencia de una respuesta eficaz por parte de una izquierda limitada por sus propias diferencias en esta materia alimentan la tormenta perfecta de la crisis de la vivienda.