Unas 130.000 trabajadoras -el 95% son mujeres- prestan cada día el servicio de ayuda a domicilio a más de 343.000 personas en situación de dependencia que tienen asignada esa prestación, la tercera con más beneficiarios tras la teleasistencia y las ayudas económicas. Y la mayoría de ellas van "dopadas",  medicadas con potentes opioides analgésicos como el Tramadol y relajantes musculares para aguantar el dolor de las lesiones que les causa un trabajo que realizan en condiciones muy precarias: falta de ayudas técnicas, poco personal y bajos salarios.

Un estudio publicado en 2021 ya advertía de que las auxiliares técnicas sociosanitarias que se encargan de esta prestación de la dependencia son el colectivo profesional que toma más analgésicos opioides -el 40% de ellas- debido a las malas condiciones de su trabajo. Y un porcentaje similar consume, además, benzodiacepinas -tranquilizantes, somníferos- por esa misma razón, según la encuesta elaborada por la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con CCOO, que analizó las condiciones de trabajo y salud en más de una veintena de actividades profesionales tras la pandemia.

Un estudio posterior de un grupo de investigación de esa misma universidad, centrado en los riesgos laborales y la salud de estas trabajadoras, confirmó su elevado consumo de opioides y benzodiacepinas por motivos relacionados directamente con su labor profesional. El informe refleja una percepción del colectivo sobre su estado de salud "realmente preocupante", hasta el punto de que casi la mitad manifiesta tener algún problema crónico, sobre todo dolencias musculoesqueléticas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano y roturas de tendones. "Ello es coherente con el hecho de que más de dos terceras partes de auxiliares no cuentan con ningún tipo de ayuda para movilizar a las personas usuarias", explican los autores.

La conclusión del estudio es tajante al respecto: un estado de salud colectivo deteriorado como el que presentan estas trabajadoras, unido al hecho de que no pueden permitirse muchas veces coger la baja laboral , deriva en un consumo considerable de fármacos.

Isabel es una de las 17.000 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que hay en la Comunidad de Madrid. Ella va a cumplir 54 años, lleva ya 18 en la profesión y resume de manera muy gráfica a lo que se enfrenta cada día: "cuando una persona es muy dependiente y no tiene una ayuda técnica, la ayuda técnica soy yo. Yo hago de grúa. Nosotras somos grúas humanas. Esa persona puede pesar 70 kilos, 80 kilos, y aunque pese 45 kilos, es un peso muerto que hay que levantar, mover... A la semana podemos cargar 800, 1.000 kilos. Eso supone un impacto tremendo en nuestro cuerpo, sobre todo a nivel musculoesquelético".

Isabel lleva dos años tomando diariamente Tramadol para "poder funcionar" en el trabajo y aliviar los grandes dolores que sufre en una rodilla, dice a Público. Y en invierno, cuando la humedad y el frío castigan más sus huesos, toma muchas veces dos dosis al día para poder dormir. Podría tomar hasta una tercera, tal como le pautó el médico, pero ella prefiere no abusar para tener "vida social", porque el opioide merma sus reflejos, su atención, la memoria, y le impide hacer otras actividades.

Los riesgos del uso prolongado del Tramadol

El Tramadol, según advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) , alivia el dolor actuando sobre células nerviosas específicas de la médula espinal y el cerebro, pero puede provocar dependencia física y psicológica, y su uso repetido podría dar lugar, incluso, a una sobredosis potencialmente mortal.

En el caso de Isabel ella no ha podido dejar de tomarlo porque le va en ello mantener el empleo y la supervivencia que le proporcionan los 967 euros que gana al mes tras 18 años en el trabajo. Hace un tiempo estuvo de baja dos meses, pero le dieron el alta pese a que aún no se había recuperado de una lesión que le empezó con una tendinitis y se fue agravando con el paso del tiempo y la carga diaria de trabajo. "No estaba bien, pero tampoco quería exponerme a un tribunal que únicamente se limitase a no reconocerme apta para este trabajo y luego la empresa me despidiera. Y con esta edad, ¿cómo vuelves a empezar? ¿A dónde vas?", se lamenta.

Más se lamenta aun esta trabajadora cuando compara sus condiciones de trabajo con las de otras profesionales que hacen tareas similares: "en los hospitales -dice- tienen camas articuladas, grúas para levantar a los enfermos y siempre lo hacen entre dos personas. Nosotras, en cambio, vamos solas a las casas, a pecho descubierto, con unas condiciones de trabajo deplorables".

Sergio Salas, uno de los autores del estudio sobre los riesgos laborales que afrontan las auxiliares de ayuda a domicilio, explica a Público que este colectivo profesional registra un estado de salud peor que el promedio de la población española, debido, fundamentalmente, a la precariedad y a la mala organización de su trabajo, pese a llevar a cabo una labor tan importante como el cuidado de las personas en situación de dependencia. Tal es su situación que en el estudio se denuncia el hecho de que muchas consumen opioides y tranquilizantes "para seguir trabajando, estando enfermas".

En el mismo estudio se detalla, además, que cuando estas trabajadoras van a la mutua por sus problemas de salud originados en el trabajo se les prescribe tratamiento sintomático y no se exploran las causas reales de la dolencia, que se asocian "sistemáticamente" a que son mujeres, a la edad o a los hábitos de vida, raramente a las condiciones laborales. "Como resultado -se concluye-, su consumo de analgésicos, antiinflamatorios, tranquilizantes y somníferos es muy elevado".

“Me dijeron que era cuento”

Eneida, una de las 500 auxiliares de ayuda a domicilio que trabajan en la ciudad de Vigo, conoce bien ese tema. Ella sufrió un desplazamiento del omóplato izquierdo cuando intentó sujetar a una usuaria del servicio para que no se cayera y en la mutua desestimaron que se hubiera tratado de un accidente laboral. "Me dijeron que era cuento, que fuera a un médico de cabecera para que me viera lo que tenía", dice.

Tiempo después, fue Eneida la que se cayó cuando salía de su casa para ir al trabajo y en la mutua, según ella, determinaron que no era un accidente laboral in itinere, porque había sido dentro del portal y aún no estaba en la calle. "Ahí me tuvieron que operar la rótula y me la fijaron con dos tornillos".

Desde entonces, desde hace unos dos años, Eneida, con 32 años, toma diariamente Tramadol, un relajante muscular y antiinflamatorios, un cóctel de fármacos para aliviar el dolor y poder seguir trabajando. Los efectos son notables: cuando llega a casa no tiene ganas de hacer nada, sólo tumbarse, intentar dormir, desconectar. "Para nuestras lesiones no hay nada, sólo tomar medicamentos hasta que te jubiles. Así que lo que tenemos es que está todo el mundo muy medicado para poder aguantar, porque en la mutua dicen que no es un accidente laboral", se queja esta trabajadora gallega.

“Acabas con la vida destruida”

Raquel Ramírez, delegada sindical de CCOO en la empresa municipal que se encarga de la ayuda a domicilio en Conil de la Frontera, también toma Tramadol para soportar el dolor de una lesión de cervicales que le causó su trabajo. Y aunque las condiciones de trabajo en su empresa han mejorado considerablemente desde que fue asumida por el ayuntamiento para convertirla, según ella, en "un referente", del sector en la provincia de Cádiz, los 18 años que lleva en esta profesión le han pasado mucha factura.

"Te tomas el Tramadol para aguantar una jornada de trabajo o cualquier analgésico para el dolor, porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Y si tu empresa no mira por tu salud, tu cuerpo lo acaba pagando. La mayoría de las trabajadoras se tienen que medicar, porque no se pueden permitir el lujo de quedarse en casa curándose", subraya Raquel.

Los riesgos de tanta medicación, de tomar opioides durante tanto tiempo, son asumidos por este colectivo profesional sin saber, muchas veces, a lo que se está exponiendo, según esta trabajadora gaditana. "No llegamos a ser conscientes -asegura- de lo nocivo que puede ser. Y lo que acaba ocurriendo es que la mayoría de nosotras no llegamos a la edad de jubilación: empiezas con las infiltraciones, con los tratamientos, las operaciones y acabas con la vida destruida. Te dan la incapacidad, con la que cobras una miseria, y se terminó".

La salud de las cuidadoras de las personas que necesitan más cuidados, las que se encuentran en situación de dependencia, no se tiene tan en cuenta. "Con la labor tan importante que hacemos en la sociedad, que la persona dependiente pueda vivir en su domicilio cuidada para que no tenga que ir a una residencia, mira cómo nos tratan. Deberían empezar por cuidar a las personas que cuidan. Nosotras tenemos que medicarnos para poder cuidar a otros", recalca Raquel Ramírez.

Hasta hace un mes, las lesiones y dolencias de estas trabajadoras no eran reconocidas, sin embargo, como accidentes laborales ni enfermedades profesionales en España, puesto que no era obligatoria la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo. Sin esa evaluación no se podía determinar legalmente que las enfermedades y accidentes que sufren las auxiliares de ayuda a domicilio están relacionados con su trabajo.

El decreto que obliga a evaluar los riesgos laborales

El pasado 10 de septiembre, se publicó en el BOE el real decreto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que regula la protección de la seguridad y la salud laboral en el ámbito del servicio del hogar familiar, en la que se ha incluido la labor de las auxiliares de la ayuda a domicilio. En su disposición adicional decimotercera, la nueva normativa establece que las empresas de este sector están obligadas a adoptar las medidas necesarias de acuerdo con una evaluación de riesgos del puesto de trabajo, entre ellas la utilización de medios mecánicos para la manipulación de cargas, una mayor dotación de personal para desarrollar las tareas, la prolongación de los descansos entre servicios en los domicilios o el uso de equipos de protección individual.

El decreto prevé que las medidas preventivas deberán ser consultadas con los delegados de prevención de las empresas y revisadas con un control periódico que permita comprobar su efectividad para evitar los riesgos existentes, especialmente los dorsolumbares y ergonómicos.

Carmen Diego, portavoz de la Plataforma estatal de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, recalca que ese real decreto ha sido el anhelo y la reivindicación del colectivo durante muchos años, aunque que ahora llega lo más complicado: exigir a las empresas del sector que lo pongan en marcha y apliquen su enunciado.

Las evaluaciones permitirán, según Carmen Diego, identificar todos los riesgos laborales para relacionarlos con las lesiones que padecen quienes ejercen el trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio y así se puedan reconocer como enfermedades profesionales. "Es algo vital, pero durante 40 años hemos sido las únicas trabajadoras que hemos estado exentas de esa obligación. Ahora, podrán ser prevenidas y corregidas unas enfermedades, otras no, porque habrá riesgos que no puedan desaparecer, pero estarán identificadas" explica la portavoz de la plataforma estatal a este periódico.

Hay quienes, sin embargo, no están muy de acuerdo con que la evaluación de los riesgos laborales de las auxiliares de una prestación de la dependencia haya sido encajada en un decreto que regula, fundamentalmente, la labor de las empleadas de hogar. La portavoz de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de CGT Andalucía, Ana Richarte, considera que eso ha supuesto un nuevo retroceso para el colectivo. "No nos dan nuestro sitio -dice-. Nos han vuelto a devaluar. Nunca nos tratan como lo que somos, técnicas sociosanitarias, como las que trabajan en las residencias de mayores".

El mayor problema, no obstante, según Richarte, vendrá a partir de ahora: conseguir que las empresas cumplan la obligación de hacer evaluaciones de los riesgos laborales en los domicilios en los que trabajan, tal como establece el decreto recientemente aprobado. "Tendremos que ir detrás de ellas las representantes de las trabajadoras para que cumplan la ley", avisa la portavoz sindical.

Esta auxiliar tiene ya 26 años de experiencia en el sector y asegura que el 90% de ellas van "dopadas a trabajar para poder aguantar": "a mí me han hecho trabajar estando a punto de ser operada de las cervicales".

La tarea no será fácil a tenor de lo que ya tienen que pelear ahora trabajadoras del sector, como Eneida, simplemente para que se cumpla la adaptación del puesto de trabajo, ordenada, en su caso, después de unas graves lesiones de rótula y omóplato. "Me costó dios y ayuda tener el puesto adaptado. Para que la empresa lo cumpla a rajatabla es un cristo. Te llama la responsable de coordinación chillando porque has dicho que el domicilio al que has ido no cumple las normas de adaptación, te dice que lo que quieres es cobrar sin trabajar... Y la gente ya está agotada, quemada", advierte Eneida.

Y no es tampoco una tarea agradable para estas trabajadoras renunciar a un servicio por la falta de adaptación, cuando el usuario no tiene a nadie más que le atienda y no hay suficiente personal para cubrir la demanda. "Muchas veces -dice Eneida- aguantas y tiras para adelante, porque no hay gente. ¿Cómo vas a dejar a esa persona plantada, que te está esperando para que la atiendas? Estamos trabajando con personas, ¿cómo les vas a decir que te largas?"

Isabel, la auxiliar de Madrid, aún no ha solicitado un puesto adaptado para su grave dolencia en la rodilla, pese a que lleva ya dos años aguantando fuertes dolores a base de Tramadol. Se está preparando para la carga emocional extra que le supondrá batallar todos los días para que le asignen un domicilio con los medios adaptados a sus dolencias. "Es una situación muy dura -asegura-. Tengo una compañera con un dolor de cadera, la rodilla mal, y cada día le dan un domicilio que no está adaptado. Y cada día tiene que lidiar con el cabreo de la familia, porque no puede hacer el trabajo, con el mal sabor que le queda a ella por no poder atenderlos, y luego con la coordinadora que se cabrea también y le dice que debe horas por no haber hecho el trabajo".

El estudio de la Universidad Autónoma sobre los riesgos laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio refleja que el 95% son mujeres y el 85% tiene 40 años o más. El 11% de las empleadas que fueron encuestadas para este estudio no podían permitirse una comida que incluyese carne o pescado cada dos días y el 22% declaró haber recurrido a la familia, amistades o entidades de caridad para adquirir bienes básicos en el último año, debido a la escasa cuantía de sus salarios.

Los sueldos de estas trabajadoras son mileuristas en el mejor de los casos, cuando el empleo es a jornada completa, pero la mayoría tiene jornadas parciales y no pasan de los 500 euros mensuales.