El papa Francisco cita a todos los obispos españoles en Roma tras salir a la luz el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia

El próximo 28 de noviembre están citados todos los obispos españoles en el Vaticano. Los ha citado el papa Francisco, en una convocatoria que no tiene precedentes. Oficialmente el encuentro con la Conferencia Episcopal Española es para abordar la inspección realizada por dos obispos enviados desde Roma a visitar los seminarios de España. Pero coincide con la reciente publicación del Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la iglesia española.

El papa Francisco podría tratar personalmente este asunto en la convocatoria, según señalan algunos medios de comunicación. Algo parecido ocurrió hace cinco años, cuando el Papa convocó a los obispos chilenos tras los escándalos de abusos sexuales y terminó provocando la dimisión de toda su cúpula. 

La presencia del papa Francisco no está confirmada en la reunión, aunque dado el carácter numeroso de la cita, parece bastante probable que el Pontífice participe en el encuentro, según indica El País.

El pasado verano, Francisco visitó Portugal. Allí escuchó de primera mano a 13 víctimas de abusos sexuales en la iglesia del país vecino. Les pidió perdón y declaró que “los escándalos” han contribuido a alejar a la sociedad del catolicismo.

El Defensor del Pueblo en España, que lidera Ángel Gabilondo, presentó la semana pasada su esperado informe. En él se indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública” y revela que son extensos, mucho más de lo que jamás ha admitido la curia. 

Se calcula que unas 440.000 personas han sufrido agresiones sexuales en nuestro país en el seno de la Iglesia. El informe critica también el papel de la cúpula eclesiástica “que refleja todavía una actitud caracterizada por las cautelas y reticencias”.

“Por encima de una declarada voluntad de colaboración, los datos han sido presentados de una forma que tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución, enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento”, señala el texto.