La pesadilla de la línea 7B del Metro de Madrid continúa, mientras la paciencia de los vecinos afectados se agota. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció en julio el cierre temporal de tres estaciones más −Coslada, La Rambla y San Fernando− debido a lo que han denominado una "evolución muy negativa" de los problemas estructurales que lleva arrastrando la infraestructura desde hace más de una década. Esta decisión, tomada tras la alerta de un informe de riesgos, se suma a una larga lista de cierres, reformas y promesas incumplidas que dejan a miles de usuarios en la incertidumbre y sin una solución a largo plazo.

Según informa El País, la situación ha empeorado hasta tal punto que las autoridades regionales se ven forzadas a ejecutar nuevas obras de urgencia para mitigar los riesgos de seguridad, los cuales incluyen hundimientos en los túneles y grietas en las viviendas cercanas. Lo alarmante es que, a pesar de los cuantiosos recursos destinados a reparar la línea desde 2008, el problema no solo persiste, sino que parece agravarse con el paso del tiempo. 

La línea 7B, que atraviesa varios municipios del Corredor del Henares, fue concebida con la idea de conectar de manera más rápida las áreas periféricas con el centro de Madrid. Sin embargo, desde su ampliación en 2007, la infraestructura ha sufrido un sinfín de problemas derivados de su construcción sobre terrenos inestables y deficientes estudios geotécnicos previos. A pesar de las continuas intervenciones −con obras que ya han costado más de 25 millones de euros−, parece que la solución definitiva sigue estando tan lejos como el primer día.

Las autoridades madrileñas, tanto las actuales como las anteriores, han sido incapaces de ofrecer una explicación convincente sobre por qué el problema no se resuelve de una vez por todas.

Con las alternativas de transporte saturadas y las obras previstas, los residentes enfrentan una desconexión evidente con el resto de la ciudad que durará por lo menos hasta 2025. Además, los habitantes de las áreas cercanas a la línea, como San Fernando de Henares, no solo están viendo cómo su infraestructura de transporte se desmorona, sino también sus hogares. Las grietas y los hundimientos en las viviendas cercanas al trazado han sido documentados durante años, pero las soluciones ofrecidas han sido, a todas luces, insuficientes.

Detrás de este caos también se cierne la sospecha de que la especulación inmobiliaria y los intereses políticos podrían haber jugado un papel importante en la expansión de una infraestructura construida sin el debido rigor técnico. ¿Fue la expansión de la línea 7B un proyecto apresurado que se aprobó más por razones electorales que por una necesidad real y sostenible? Es una pregunta que resuena en el aire y que muchos afectados, cansados de excusas y soluciones a medias, no dejan de hacerse.