La Secretaría de Estado de Migraciones ha reaccionado ante la dramática situación generada por las decisiones de la Fiscalía de Menores de Gran Canaria que ha provocado la separación de madres e hijos migrantes después de haber llegado en patera.

Los casos habían despertado numerosas críticas de ONG, organizaciones sociales, abogados y el Gobierno canario, encargado de la tutela de los menores no acompañados. Tras días de búsqueda y "coordinación entre administraciones", el Gobierno central ha habilitad tres centros con personal especializado en Gran Canaria para alojar conjuntamente a madres y niños migrantes llegados en patera y evitar su separación mientras esperan los resultados de las pruebas de ADN que confirmen el parentesco.

Según ha informado el departamento de Hana Jalloul este viernes, desde el sábado podrán ser derivadas las familias a estos tres centros de la red estatal de acogida, dotados de entre 100 y 110 plazas, con personal especializado en familia y gestionadas por las organizaciones Cruz Roja y Cruz Blanca, precisan fuentes de Migraciones. El objetivo es "facilitar la posibilidad de que las familias que están llegando con menores a Canarias esperen unidas".

Es la reacción a las numerosas críticas que ha desatado el protocolo Protocolo Marco de Menores No Acompañados y su aplicación por parte de la Fiscalía de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, que ha supuesto la separación forzosa de hasta 12 niños de sus madres después de llegar en patera a puertos de la provincia. Una preocupación que, según la Secretaría de Estado, le ha llevado a buscar soluciones "desde el primer día" en que se detectaron las separaciones.

Aunque el protocolo es de 2014, el drástico aumento del flujo migratorio a las islas del último año ha hecho que se visibilicen de nuevo las dramáticas consecuencias de unas directrices pensadas para proteger a menores y mujeres posibles víctimas de trata. Sin embargo, la falta de estudios individualizados y una sobreactuación, en opinión de diversos expertos, ha provocado recientemente separaciones de familias durante más de dos meses después del trauma que supone la travesía migratoria.

Ya en 2017, el caso de Oumo, separada durante siete meses de su hijo de cuatro años al llegar a Melilla desde Costa de Marfil, puso rostro a este doloroso proceso. Ante la falta de documentos que prueben el parentesco y el uso cada vez más frecuente de menores por parte de las mafias para lograr la permanencia en España de niños y mujeres traficadas víctimas de trata, las Fiscalías comenzaron a realizar pruebas de ADN para confirmar que los niños eran hijos de las mujeres con las que viajaban. Pero la lentitud del sistema, criticado en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo, ha provocado traumáticas separaciones para niños y madres desde entonces.

Los recientes casos de Gran Canaria, originados por la decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, han suscitado las críticas de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno insular, que ha dejado patente su "disconformidad" con esta medida. Una postura, contrapone el Ejecutivo insular, que "no se está produciendo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife".

Ahora, el Gobierno espera que esta decisión intermedia facilite las comprobaciones sin generar sufrimiento a madres e hijos, aunque recuerda que las derivaciones de personas a los centros habilitados dependen de la Policía y de las Fiscalías de Menores y que las competencias en acogida y tutela de niños y niñas migrados solos recaen en las Comunidades Autónomas.