Al menos durante los próximos cuatro años, hasta 2022, España deberá hacer frente a las multas millonarias que el Tribunal de Justicia Europeo impuso a nuestro país por la mala depuración de las aguas residuales en varias localidades del territorio nacional. Según ha informado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica de este martes en el Congreso, esa es la fecha en la que está previsto que entre en funcionamiento la última de las depuradoras sancionadas, la de Barbate (Cádiz), y que pondría fin a la sanción dictada por el TJE el pasado julio.

Tras años de incumplimiento y de retraso en los plazos de adaptación a la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España este verano a pagar una multa de 12 millones de euros por 17 núcleos urbanos que debían haber corregido sus sistemas de depuración en 2013 y no lo hicieron. Pero además, y para garantizar que se acometerían las correcciones, el Tribunal impuso otra multa de casi 11 millones de euros más por cada semestre que, en adelante, siguieran sin cumplir.

Aunque 8 de las 17 depuradoras sancionadas ya funcionan correctamente, el resto —7 de ellas en Andalucía, una en Asturias y otra en Canarias— deben ponerse aún al día, en una carrera contra reloj en la que el contador de multas seguirá corriendo hasta que todas cumplan con la directiva europea. No obstante, la cuantía de la sanción semestral irá disminuyendo a medida que vayan entrando en funcionamiento y pasen un periodo de prueba de al menos tres meses para garantizar la calidad de las aguas.

Según el calendario que el Gobierno presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en octubre, y del que Morán ha informado hoy en el Congreso, se prevé que en 2019 o “a más tardar en el primer trimestre de 2020” estén acabados los proyectos en las depuradoras de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón este; mientras que en 2020 entrarán en funcionamiento las de Matalascañas y Valle de Güimar. Sin embargo, la de Barbate, que aún está en trámites de licitación, no podrá funcionar hasta 2022, alargando el proceso dos años más. Tarifa, la novena aglomeración urbana sancionada, ya tiene depuradora, aunque las muestras obtenidas no cumplen con los estándares de la directiva.

“Además del perjuicio para el medio ambiente y las finanzas públicas, estas sanciones erosionan de forma notable la credibilidad del reino de España en sus compromisos adquiridos en la Directiva Marco del Agua, lo que dificulta la capacidad de coordinación con los organismos europeos, aparte de que restan recursos que deberían destinarse a la mejora de la calidad de las aguas y representan una amenaza de sanciones mayores y pérdida de acceso a posibles fuentes de financiación”, ha aseverado Morán.

El Estado ya ha adelantado el pago de los 12 primeros millones de euros —ha informado el secretario de Estado— aunque se está preparando un acuerdo que se llevará a Consejo de Ministros para el reparto entre las diferentes administraciones con responsabilidad en las infracciones, que se reparte, según los casos, entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

De las 9 depuradoras sancionadas, al menos cuatro (Nerja, Matalascañas, Barbate y Gijón este) fueron declaradas de interés general, por lo que la financiación de sus reparaciones depende del Estado. El resto son competencia autonómica.

Además de esta sanción, que afecta a municipios o aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, España se enfrenta en la UE a otros cuatro procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración de aguas: uno por 4 aglomeraciones sensibles con una población de 10.000 habitantes que vierten en lugares en los que se requiere un mayor control de la contaminación; otro que afecta a 600 aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes y otras dos que suman más de 300 aglomeraciones de distinto tamaño.