Cada vez es menos probable que quien esté pensando en comprarse un coche opte por uno de motor diésel. Las reticencias por parte de los consumidores a estos vehículos no han dejado de crecer desde que hace tres años el escándalo de Wolkswagen hiciera saltar por los aires su reputación como combustible más limpio y eficiente. Los anuncios de normativas más estrictas desde Bruselas y de restricciones a su uso en las ciudades por sus efectos nocivos para la salud han abierto el camino para su paulatina eliminación. También en España, uno de los países de Europa con más coches diésel en su parque móvil. Aquí, el Gobierno ha anunciado —todavía sin concretar— que eliminará los beneficios fiscales de los que goza este carburante y que le han valido reiteradas críticas de la Comisión Europea.

"Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto", dijo este lunes el presidente, Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena Ser en la que avanzó que los Presupuestos de 2019 incluirán una tasa al gasóleo.

Las medidas para una transición hacia una movilidad limpia, en cambio, no están tan claras. Por el momento, las reticencias al diésel se han traducido en una vuelta a los coches de gasolina, un combustible que, aunque no resulta tan perjudicial como el diésel —responsable mayoritario de las boinas de contaminación en las ciudades— no resuelve el problema de las emisiones de CO2.

Entre enero y junio de este año, las matriculaciones de coches diésel se han desplomado hasta el 43,3%, mientras que hace sólo dos años representaban el 60,9% de todos los vehículos nuevos. Ahora, y por primera vez en 20 años, los de gasolina han vuelto a liderar las ventas, según los últimos datos de matriculaciones de la Agencia Tributaria. La compra de eléctricos e híbridos, aunque también ha crecido, sigue siendo muy marginal, sin llegar al 6% del total.

“Apoyamos un impuesto al diésel porque es injusto que se estén dando enormes ventajas fiscales a un combustible tan contaminante, y porque sería bueno que se invirtiera lo recaudado en alternativas para la movilidad sostenible, pero el peligro es que ahora se piense que el diésel contamina y la gasolina no. Si sólo subimos los impuestos al diésel no vamos a solucionar el problema. Se trata de cambiar un esquema en el que se utiliza el vehículo privado para todo”, señala Nuria Blázquez, responsable de la campaña de fiscalización del diésel de Ecologistas en Acción.

“Da igual que sean de gasolina o de diésel. Si seguimos con los modelos que se producen ahora, no vamos a llegar a los objetivos de reducción de emisiones que marca la Unión Europea. El impuesto al diésel es un paso necesario, pero dentro de toda una estrategia, y estamos a la espera”, dice por su parte Isabell Buschel, portavoz de la ONG Transport&Enviroment.

La iniciativa para gravar el gasoil parte del Ministerio de Transición Ecológica, pero su puesta en marcha es compleja, porque depende también de los ministerios de Hacienda e Industria, sobre quien pesan las presiones del sector, con miles de coches diésel en stock a los que dar salida. La ministra Reyes Maroto señaló tras el anuncio de Sánchez que se había hecho “un globo sonda” y pidió “esperar”.

España es el segundo fabricante de automóviles más importante de Europa y el octavo a nivel mundial; y la actividad de la automoción supone casi un 9% del PIB del país. Los fabricantes españoles, agrupados en Anfac, no ven con buenos ojos los anuncios del Gobierno y piden “moderación”.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan a este periódico que ya hay acordada la creación de una mesa de movilidad sostenible coordinada junto al Ministerio de Industria y en la que también se sentarán miembros de los sindicatos, la industria y las ciudades, además de otros actores sociales.

"Es necesario crear un foro para anticipar, debatir y ultimar un diagnóstico sobre el futuro de la movilidad, porque los parámetros están cambiando y ya está fuera de toda duda la protección de la salud; pero también queremos que la industria automovilística española siga siendo puntera y en la movilidad sostenible se abren oportunidades", indican desde la cartera de Teresa Ribera.

Buschel, por su parte, advierte de que “sería decepcionante que un Gobierno socialista siguiera en la misma línea que el anterior, cuando las alternativas como el coche eléctrico o los híbridos suponen una oportunidad enorme para la industria española. Esperamos que tomen medidas para preparar al país para la movilidad del futuro, en lugar de defender los intereses cortoplacistas de los fabricantes, que necesitan vender los coches que tienen en stock”.

Un estudio realizado por Cambridge Econometrics y publicado por Transport&Environment estimó que la transición hacia una movilidad basada en energías limpias podría crear hasta 23.185 puestos netos de trabajo en España y una reducción de las emisiones de CO2 de un 28% en 2030.