Una de las preguntas que surgen cuando se escucha al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) vender con grandilocuencia los, en efecto, millonarios presupuestos para sanidad es la siguiente: ¿Cómo con unos presupuestos cada vez más altos prosigue el deterioro de la sanidad andaluza que han llevado de nuevo a miles de personas a defenderla en las calles este fin de semana?

De los trabajos que han elaborados las mareas que trabajan en la defensa de la sanidad pública y que han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se extraen varios puntos de análisis, que contribuyen a explicar y a comprender la situación: el sistema necesita más fondos, terminar con las externalizaciones a la privada y regresar a un sistema 100% público.

Por un lado, el sistema arrastra una infrafinanciación que proviene de la década entre 2010 y 2020, tras la caída de Lehman Brothers, lo que llevó a recortes de los que aún no se ha recuperado.

En la ILP, se recoge un plan de choque que responde al siguiente planteamiento: "El sistema público presenta [en Andalucía] una situación de deterioro acumulado de la calidad asistencial y déficit de personal en los servicios sanitarios públicos".

La infrafinanciación la cifran las mareas en una "cantidad acumulada de 19.000 millones de euros por los recortes efectuados en los sucesivos presupuestos". Así que reclaman, como se recoge en la disposición adicional segunda de la ILP, al Gobierno andaluz "un Plan de choque por dicha cantidad, prorrateado en los cinco sucesivos presupuestos, con la finalidad exclusiva de recuperar y reforzar el sistema sanitario público, específicamente al aumento de plantillas y de infraestructuras de la sanidad pública".

El presupuesto para sanidad que ha pintado en la ley el gabinete de Moreno Bonilla para 2025 asciende a 15.247 millones de euros. Lo que piden las mareas supondría un aumento sobre esa cifra de 3.800 millones cada año, unas cantidades considerables, de muy difícil acceso, en torno a un 24% más.

¿Cómo llegan las mareas a esta cifra de 19.000 millones? En la ecuación meten la inflación. Así lo explican: "En el periodo 2010-2020, los recortes realizados en el Sistema Sanitario Público Andaluz alcanzaron la cantidad de 19.000 millones, estimada como la suma de las diferencias anuales entre el presupuesto de 2009 ajustado por el IPC —la inflación— correspondiente a cada año y el presupuesto real de ese año. Teniendo en cuenta que el presupuesto en 2009 fue de 10.275 millones, los recortes de la década siguiente representan la pérdida de casi dos anualidades".

"Los efectos de estos recortes fueron enormes: pérdida de plantilla (nueve mil profesionales), con precarización y temporalidad creciente de la misma (un proceso que no ha cesado), disminución de recursos instrumentales y de actividades asistenciales; estos hechos tienen su consiguiente repercusión sobre la ciudadanía, que ve como desciende la calidad de la asistencia recibida. Estos recortes nunca se han restaurado", exponen en un trabajo que lleva por título Razones que aconsejan la tramitación y aprobación por el Parlamento de Andalucía de la proposición de ley que presenta la coordinadora andaluza de mareas blancas, al que ha tenido acceso Público.

El efecto de la pandemia

Además de esa infrafinanción producida tras la crisis de Lehman, para las mareas el segundo factor externo de relevancia que ha afectado a la situación actual de la sanidad andaluza ha sido la pandemia por covid-19. "La solución de esta grave situación —exponen en el estudio—recayó exclusivamente sobre las espaldas de un sistema sanitario público andaluz saturado y exhausto por los recortes".

"A pesar de las lógicas ayudas emanadas del gobierno nacional, la pandemia evidenció el deterioro alcanzado por el sistema andaluz, situándolo en varios momentos al borde del colapso", analizan.

"Esto provocó —añade el trabajo—que las listas de espera para las patologías no-covid empeorasen aún más, dando lugar a la instauración de métodos asistenciales de dudosa validez clínica, como la generalización de las consultas clínicas telefónicas o las llamadas consultas de acogida".

"Una vez acabada la pandemia, estas medidas se siguen manteniendo e incluso se han extendido y empeorado con el aumento actual de la privatización, lo que ha consolidado el deterioro crónico y progresivo del sistema", se lee en el documento.

Privatizaciones y el Gobierno del PP

En este estudio, las mareas defienden que una sanidad 100% pública es la "más beneficiosa para la población". Señalan que el sistema hoy no es universal —"es sabido que sigue habiendo sistemas de exclusión de personas migrantes"— ni tampoco equitativo: "El hecho de vivir en el ámbito rural en Andalucía marca unas enormes diferencias en accesibilidad, traslados y tiempos de espera".

Para las mareas es importante señalar que también hay también factores ideológicos en la ecuación que, a su juicio, agravan los problemas: "Aunque algunos de los problemas esenciales que afectan a la sanidad pública andaluza actualmente provienen, como se ha señalado ya, de gobiernos anteriores, la situación ha empeorado sustancialmente desde 2019, fecha en la que el gobierno andaluz ha pasado a manos de partidos de derecha, claros defensores de la ideología neoliberal". 

Las mareas aplican su criterio de cálculo y considera que los presupuestos de 2023 y 2024, elaborados por los gabinetes del PP, son insuficientes para mejorar el sistema: "No es verdad que haya aumentado el presupuesto. Los presupuestos de 2023, 13.823 millones, y de 2024, 14.294 millones, están en el rango del de 2009 más los ajustes debidos a la variación del IPC".

Para las mareas, estas cuentas, por tanto "no incluyen devolución alguna de los recortes de la década anterior". Además, señalan, "no tienen en cuenta que el número de andaluces mayores de 64 años (los que más recursos sanitarios consumen) ha aumentado desde 2009 en 377.626, alcanzándose la cifra de 1.602.301 en 2023 (INE).

Y luego, agregan: "El problema no es solo la reducida cuantía del presupuesto, sino también en qué se emplea el mismo: aumento de los fondos públicos derivados al sector privado, que no se aplican a los centros públicos".

Para las mareas, "el deterioro continuo, no resuelto, de la sanidad pública desde su llegada en 2019 ha dado lugar a un claro incremento del número de personas con seguro médico privado".

Al mismo tiempo, se ha aumentado la derivación de fondos públicos al sector privado. "Los datos oficiales son nítidos. El gasto del sistema público andaluz en conciertos con centros de medicina privada ha aumentado significativamente". 

Las mareas ponen más ejemplos de esta privatización: "La supresión de medidas de control del gasto del sistema de compra de productos sanitarios al sector privado ha aumentado sus beneficios; un ejemplo claro es el gasto en farmacia [tras] eliminar la subasta de fármacos y otros métodos de control".

"Otro dato claro —se preguntan las mareas— es la tendencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de nombrar responsables del máximo rango a ejecutivos procedentes de los centros de medicina privada. ¿Cuáles son los criterios para designar a estas personas como responsables públicos?"

Esta "intención privatizadora" también se demuestra, para las mareas, en otras "medidas complementarias diseñadas por el gobierno actual, como son: eliminar la exclusividad del profesional sanitario público; eliminar la incompatibilidad público/privada de cargos sanitarios intermedios; fomentar la educación de sanitarios en universidades y centros de FP privados, e introducir en los patronatos de las fundaciones de I+D de los hospitales públicos a empresas privadas".

La conclusión de las mareas es: "Existe una clara intencionalidad política de corte neoliberal por parte del gobierno andaluz actual, que se manifiesta en no resolver la situación sanitaria andaluza, como demuestran la no corrección del deterioro existente, y en la derivación creciente de fondos públicos al sector privado, lo que aumenta las dificultades de los centros públicos para cumplir con su misión".