Las malas prácticas de las mutuas de salud 'low-cost' alertan a la sociedad catalana

El vídeo de Tik Tok en el que una influencer explicaba que pariría en la sanidad pública después de darse cuenta pocos días antes del nacimiento de su hija de que su seguro no le cubría el parto y debía desembolsar más de 7.000 euros a un hospital privado abrió una vez más el melón de ese negocio.

Cerca del 35% de catalanes y el 40% de barceloneses tienen una mutua privada de salud, pero no todas son iguales y el auge de las llamadas low-cost alerta a profesionales y pacientes.

"Estas pólizas contienen limitaciones, trampas... Los pacientes no están bien informados y se lo encuentran cuando están enfermos", advierte Pere Torner, presidente de la Sección Colegial de Médicos de Seguro Libre del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB).

"Por 20 euros mensuales no se puede asegurar la salud de nadie", advierte Pere Torner

Leer bien la letra pequeña y prestar especial atención a las condiciones de hospitalización son dos recomendaciones que hace, pero sin perder de vista que "por 20 euros mensuales no se puede asegurar la salud de nadie".

A raíz de la salida a la luz de estas prácticas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto recientemente una investigación para esclarecer en qué condiciones ofrecen estas compañías los servicios médicos, tratándose de un ámbito "especialmente sensible" para los consumidores.

"Cualquier estudio que aporte luz y claridad lo consideramos positivo", valoran los médicos.

Entran nuevas compañías en un sector histórico

En la última década se ha producido una expansión de este sector, que cuenta ahora con muchas más aseguradoras que antes. No todas están especializadas en el sector sanitario. "Se ha producido un progresivo deterioro en todos los sentidos", lamenta Torner.

La saturación de la sanidad pública, ahogada económicamente y con una presión creciente desde la pandemia, ha favorecido la búsqueda de soluciones privadas para la atención médica, dando alas a la proliferación de nuevas compañías.

En Catalunya siempre ha habido una tradición de mutuas y, cuando se construyó el sistema de sanidad pública, se fomentó este modelo dual. Pero ahora, a las compañías tradicionales, especializadas en el ámbito de la salud y "con cierta sensibilidad social" se han sumado las que operan como "negocios salvajes".

Denuncian "prácticas abusivas" cómo expulsar a los enfermos crónicos de la cobertura

Propiedad de fondos de inversión y otros operadores distintos a los tradicionales, llevan a cabo "prácticas abusivas" como la expulsión de pacientes cuando se vuelven enfermos crónicos, la limitación de las visitas que cubren o la desinformación sobre la cobertura, denuncian las agrupaciones profesionales.

Dos de cada tres médicos no se sienten bien tratados

Una de las consecuencias del auge de las mutuas low-cost es que dos de cada tres médicos no se sienten bien tratados por las compañías, principalmente por los honorarios bajos y congelados desde hace años, el poco interés en la innovación o la priorización de los beneficios por delante de la calidad asistencial.

Son datos del Estudio de los profesionales de la medicina privada, elaborado a partir de una encuesta del Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) en 2021.

Ante esta situación, los cuatro colegios reclamaron en una carta a la Generalitat que cree un marco regulador y "ordene" al sector. "Pedimos a Salut que entienda que la sanidad es pública y privada y que ambas son necesarias, y que nos ayude a poner orden", afirma Torner.

Quieren que la Generalitat haga una mesa de negociación en la que se sienten las diferentes partes y acuerden "honorarios dignos", límites para subir las cuotas y blinden la libre elección de profesionales y centros, por ejemplo. Preguntada por Público por si trabaja en esta línea, la Generalitat ha declinado hacer declaraciones.

2.000 millones de beneficios

"La sanidad no se puede trabajar como un negocio puro en el que sólo cuenta el beneficio, pero este tipo de compañías han proliferado en los últimos años", critica Torner.

En total, el sector facturó 2.000 millones de euros en 2020, de los que la mayor parte fueron a parar a Adeslas, Sanitas, Assistència Sanitària Colegial, DKV y FIATC, según el citado estudio.

Oriol Domènech: "Es un modelo que traerá problemas por el propio sector y por la provisión de servicios"

El director de Gestión Médica y Siniestralidad de Mútua General Catalunya (MGC Mútua), Oriol Domènech, confirma esta dinámica.

"Lo hemos visto, lo estamos sufriendo y estamos profundamente preocupados por un modelo que creemos que traerá muchos problemas en un futuro no demasiado lejano para el propio sector y la provisión de servicios", apunta Domènech.

Se trata de una de las compañías mejor valoradas por los propios profesionales, pero ha tenido que adaptarse a un nuevo mercado "muy competitivo" del que afirman no sentirse partícipes.

"Creemos que las cosas deben comercializarse a su justo precio. Algunas aseguradoras lo están haciendo por debajo del precio de coste y eso es insostenible", afirma Domènech.

Con esta competencia han tenido que hacer frente a un ligero descenso de los asegurados y adaptar sus ofertas, pero "informando claramente": "Lo que no vale es intentar vender un producto a un precio ajustado como si tuviera todas las coberturas, como hacen algunos competidores", señala.

Los profesionales, el "eslabón débil"

En este contexto, los médicos denuncian que son el "eslabón débil" porque este bajo coste acaba revirtiendo en sus condiciones laborales.

"Han jugado la carta low-cost y la traducción ha sido un incremento de pólizas: los pacientes lo aceptan porque les conviene, pero lo que ha pasado es que los ingresos de los profesionales han bajado", apunta Jordi Antoni Vives, ginecólogo en el Centro Médico Teknon.

20 euros por visita e intervenciones de "máxima complejidad" por 900

Con experiencia de décadas en el sector, este médico ha visto cómo las tarifas llevan décadas "congeladas": 20 euros por una visita e intervenciones que pueden estar por debajo de los 100 euros, contando el médico, el ayudante y el instrumentista.

"Lo mejor pagado está en unos 900 euros, cuando son intervenciones de máxima complejidad que nos ocupan cinco o seis horas", afirma.

Todo esto acaba revirtiendo inevitablemente en la atención sanitaria a los pacientes. "No debería ocurrir, pero tenemos un margen de maniobra estrecho", reconoce Vives. Por ejemplo, recursos escasos para actualizar el material, utillaje o aparatos, como un ecógrafo.

Además, esta degradación en las condiciones laborales dificulta la contratación de nuevos médicos y, sumado a la saturación de la sanidad pública, acaba provocando demoras, listas de espera y trabajar con "una ocupación de las agendas tremenda". El aumento de demanda revierte en que pueda haber demoras a un mes vista para una visita.

Más allá de la política regulatoria que reclaman a Salut, médicos como Jordi Antoni Vives ven en la agrupación de los profesionales la única salida.

Él forma parte de un grupo de ginecología desde el que han logrado una "posición más favorable" dentro del sector. "Si [las aseguradoras] sólo buscan el propio beneficio, la cosa se pone difícil. El recurso que nos queda es asociarnos para poder negociar", concluye.