Las trabajadoras de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid gestionadas por Atreyu Blota Carto S.L. no pueden más. Desde hace casi un año, enfrentan una situación límite debido a los retrasos en los pagos de sus salarios y las condiciones laborales precarias que sufren a diario. Sin recibir respuesta por parte de la empresa, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso –a cuyo cargo está este servicio público– les dice que aguanten, pero sus hipotecas y los recibos bancarios ya no pueden esperar mucho más. La oposición afirma que se trata de un ejemplo más del modelo educativo predilecto de Ayuso, contra el que este martes se han levantado miles de personas en la que ha sido la quinta huelga del sector en este curso.

Las educadoras, en su mayoría mujeres, muchas con familias a cargo, están al borde de la desesperación. "Nos vemos con el agua al cuello y con una carga física de trabajo que nos está dejando con bajas médicas, problemas de espalda y cervicales. No sabemos cómo vamos a sostener a nuestras familias sin cobrar", afirma a Público una de las maestras de la escuela infantil El Señor Don Gato.

La situación comenzó en el verano de 2023 y ha ido empeorando, hasta afectar gravemente al servicio educativo: en agosto, las educadoras fueron enviadas a un ERTE durante su periodo vacacional. "Nos prometieron que la situación durante el año sería buena, pero no fue así. No cobramos agosto, septiembre ni octubre. Los primeros pagos los recibimos en noviembre, y desde entonces los retrasos han sido constantes", explica la trabajadora del centro ubicado en Vicálvaro. Además, denuncia que las promesas de cubrir las bajas y las vacaciones no se han cumplido. La sobrecarga laboral ha llegado a un punto insostenible: ella misma se encuentra ahora mismo de baja por ansiedad.

La situación se agravó en diciembre, cuando los pagos comenzaron a retrasarse aún más, llegando a percibir algunas educadoras sus nóminas el día 24 de cada mes. "Somos trabajadoras que cobramos casi el salario mínimo interprofesional y es muy difícil tener capacidad de ahorro. Nos dicen que resistamos, pero nuestros bancos y nuestras familias no pueden esperar", lamenta la maestra de El Señor Don Gato. 

Ana Moreno, otra educadora afectada de la escuela Colorín Colorado (Chamartín), expone que desde que Atreyu asumió la gestión en octubre de 2021, han intentado modificar sus jornadas laborales y condiciones sin éxito.

"Hemos tenido numerosas denuncias a la Inspección de Trabajo por incumplimientos del Convenio Colectivo y del Estatuto de los Trabajadores. No tenían un Plan de Igualdad ni habían hecho evaluaciones de riesgos laborales", señala Moreno. La también delegada sindical de CCOO añade que incluso han faltado suministros básicos como comida y productos de limpieza: "Es un abandono. Muchos días de invierno hemos tenido que padecer temperaturas por debajo de los 14ºC, teniendo a criaturas de 0 a 3 años".

La maestra lamenta que en febrero de 2024 se enteraran por las familias que la escuela cerraría sus puertas el próximo curso, dejando a 20 trabajadoras sin empleo y al barrio sin 100 plazas públicas de Educación Infantil.

Algo similar está sintiendo Ángela, miembro del AMPA de la escuelita Tesoros (Arganda del Rey). Esta madre cuenta a Público que tras los impagos al equipo de trabajadoras e innumerables incidencias, Atreyu ha solicitado acudir a concurso de acreedores. "En este momento, seguimos esperando noticias del futuro de la escuela (...) Día a día todo se agrava y el cansancio merma", dice con incertidumbre. Su sentir también es de abandono. Por eso, aspira a que "todos conozcan lo que se vive".

Una Administración que "escurre el bulto" 

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha criticado duramente la gestión indirecta de los servicios públicos en declaraciones a Público. "Lo que está pasando con las escuelas infantiles gestionadas por Atreyu es un ejemplo más del fracaso de este modelo, que premia las ofertas de menor coste a costa de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de las trabajadoras. La Comunidad de Madrid no puede seguir escurriendo el bulto y debería asumir la gestión pública directa de estas escuelas para evitar que estas situaciones se repitan", argumenta Bergerot.

La líder de la oposición señala que es justamente por esa razón por la que "las residencias de mayores acaban recibiendo comida basura y los trabajadores de los autobuses interurbanos del sur están en huelga contra la congelación salarial".

Por su parte, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid asegura a este diario que están al corriente de los pagos con la empresa y que, en caso de que Atreyu entre en concurso de acreedores, se ocuparán de sustituirla para que el servicio continúe con normalidad. Las trabajadoras, sin embargo, sostienen que esta respuesta es insuficiente y que necesitan soluciones inmediatas para sus problemas financieros, no a largo plazo. Si nada cambia, la lucha por sus derechos laborales y la estabilidad económica seguirá siendo una batalla diaria. 

Público ha preguntado a la empresa Atreyu Blota Carto S.L., pero no ha recibido respuesta.