Los ecologistas alertan de que Alcoa amplía sin licencia una balsa de lodos tóxicos en Lugo

La Asociación Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde ha denunciado que la multinacional del aluminio Alcoa ha empezado a ampliar el depósito de lodos rojos de su fábrica de Lugo, emplazada al norte de la provincia entre los municipios de Xove y San Cibrao. Se trata del mayor contenedor al aire libre de residuos tóxicos de España, y la compañía solicitó hace unos meses a la Xunta la pertinente licencia para aumentar su capacidad, permiso que todavía no le ha sido concedido. Según la citada organización, el plan de la empresa está además plagado de errores y contradicciones que ocultan "la magnitud real" de su proyecto, que representa un serio peligro medioambiental.

Los lodos rojos son corrosivos y están formados por óxidos de hierro, silicato sódico, silicato alúminocálcico y dióxido de titanio, además de otros metales pesados resultado del proceso para producir aluminio mediante el tratamiento de bauxita con sosa cáustica. También contienen hidróxido de sodio, que produce quemaduras en contacto con la piel. La fábrica, propiedad del Estado español hasta que Alcoa la adquirió en 1998, lleva instalada en Lugo desde 1980 y ya ha alcanzado la capacidad de los 42 hectómetros cúbicos de su depósito, ubicado a medio kilómetro del Cantábrico y a apenas unos centenares de metros de varios núcleos de población.

La balsa tiene una superficie de 82 hectáreas, equivalente a más de 160 campos de fútbol, y un muro de contención de 80 metros de altura. Es un inmenso pantano rojo al que llegan cada año millón y medio anual de toneladas de lodos y arenas, que se transportan desde la fábrica mediante tuberías y camiones que transitan a diario por una pequeña carretera comarcal. El depósito no está cubierto y según los vecinos, los residuos se esparcen con el viento y llegan a sus fincas cuando la superficie del depósito se seca, y por las filtraciones cuando se rellena con agua de lluvia.

Catástrofes en Hungría y Brasil

En 2010, la ruptura de la presa de una factoría de aluminio en Ajka, en Hungría, inundó las localidades cercanas con más de un millón de metros cúbicos de barro rojo tóxico que alcanzó los dos metros de altura, causó nueve muertos y decenas de heridos por quemaduras químicas y contaminó un ampio tramo del Danubio. En 2015, en Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, la fractura de otra represa liberó 50 millones de toneladas de residuos que mataron a más de 200 personas, contaminaron varios kilómetros del río Doçe y provocaron la mayor tragedia medioambiental de la historia del país. Desde entonces, el miedo de los vecinos de Xove y San Cibrao a que ocurra un desastre parecido no ha dejado aumentar.

"Si eso ocurriera aquí sería la catástrofe química más grave de la historia de Galicia y de España, con consecuencias nefastas e irreparables para el medio ambiente y la salud humana", advierte Nery Díaz, presidenta de Ecoloxistas Galiza Verde e Atlántica. Recuerda que la balsa de San Cribrao alberga catorce veces más lodos que la de Ajka y que es una verdadera "bomba de relojería ambiental", como lo era la presa de la sociedad minera sueca Boliden en Aznalcóllar, en Sevilla, que se fracturó en 1998 y provocó un colosal vertido tóxico a las puertas de Doñana.

En septiembre de 2021, Alcoa inició ante la Xunta el procedimiento para aumentar la capacidad de la presa de Xove, con un escrito en el que la propia empresa aludía al desastre de Brasil y en el que aseguraba que su objetivo es "mejorar la seguridad del depósito" y "atender a las circunstancias de producción actuales de la fábrica que llevan a una mayor generación de barro rojo". Alcoa lleva años amenazando a sus trabajadores con el cierre de sus fábricas de Lugo, y asegura que aumentar el volumen de la balsa es esencial para poder mantener su actividad y su plan de viabilidad, a pesar de que en la documentación que presentó reconoce que, al ritmo actual, volvería a llenar de lodos la balsa en apenas un par de años.

Riesgos para la estabilidad física y química del depósito

El pasado octubre la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta publicó la declaración de impacto ambiental del proyecto, que consiste en la construcción de dos nuevos diques de cuatro metros de altura y de un refuerzo en el vaso principal de la instalación. Pero según el informe de alegaciones que presentó la organización ecologista, y que firma el geólogo Óscar Pazos, en la documentación pesentada por Alcoa existen "fallos, incongruencias y divergencias en las magnitudes fundamentales" del plan y "en su inventario ambiental respecto a la hidrología y a los impactos asociados", que comprometen "la estabilidad química y física" del depósito. Es decir, que no garantizan que no pueda llegar a romperse ni que no se produzcan filtraciones a gran escala. Pero sobre todo, advierte de que lo que pretende Alcoa no es sólo llevar a cabo un recrecido del depósito mediante el aumento de la altura de sus muros, sino ampliar la superficie de la balsa. Y alerta además de que la empresa ya lo está ejecutando "antes de que esté finalizado y aprobado el proceso de declaración de impacto ambiental".

"Las fotos de satélite demuestran que entre diciembre de 2020 y junio de 2024 hay avances en la construcción de nuevos diques fuera de los límites de la balsa", afirma Pazos, quien recuerda que los ecologistas lo han denunciado ante la Xunta sin que hasta la fecha se haya adoptado medida alguna. Añade que, pese a que Alcoa lo niega y atribuye las obras a un proyecto anterior, esas imágenes "confirman el ánimo delictivo de la empresa y la falta de veracidad en todo el procedimiento de la declaración de impacto, con los graves riesgos asociados para la seguridad medioambiental que tiene la continuación de las obras. Deben ser paradas inmediatamente".

Público ha contactado con los responsables de Alcoa para interesarse por su versión ante esa acusación, pero no ha obtenido respuesta. También se ha dirigido a la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno de Alfonso Rueda, que dirige Ángeles Vázquez, para saber si la Xunta ha efectuado alguna comprobación sobre la veracidad de la denuncia. A la hora en que se terminó de redactar este artículo, tampoco había obtenido contestación.

Intereses económicos y presión social

Los ecologistas creen que la Xunta "rema a favor" de Alcoa en connivencia con los intereses económicos de la compañía y para eludir la presión social de sus trabajadores y sus familias, bien organizados en torno a una poderosa estructura sindical que combate desde hace años los planes de desmantelamiento de la fábrica y que incluso ha reclamado al Gobierno su renacionalización.

Como ejemplo de esa connivencia, Nery Díaz recuerda que su asociación denunció en abril del año pasado que varios de los documentos de la autorización ambiental integrada que la Xunta aprobó en 2020 para el complejo fabril de San Cibrao habían sido redactados por un trabajador de Alcoa. Para probarlo, acudieron a un perito informático que demostró que en los metadatos del expediente la autoría correspondía a esa persona, tal y como figura en el expediente que redactó el experto y al que ha tenido acceso este diario.