La Junta cierra el único centro de Andalucía para mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género

La Junta de Andalucía ha desalojado su única comunidad terapéutica específica para el tratamiento de adicciones en mujeres, entre ellas víctimas de violencia de género, debido a la falta de personal suficiente para atenderlas, según ha denunciado el sindicato CGT. Las 25 pacientes que había internas en el centro de Mijas (Málaga) fueron trasladadas hace ya un mes a otro centro, enviadas a casa para seguir el tratamiento por vía telefónica o simplemente dadas de alta.

La de Mijas es una de las seis comunidades terapéuticas que dependen de la Junta de Andalucía para el tratamiento de adicciones, aunque es la única de todas ellas que acoge exclusivamente a mujeres, menores o adultas, que pueden ingresar acompañadas de sus hijos de hasta tres años de edad, embarazadas o cuando son víctimas de violencia de género. El centro tiene una capacidad para atender a 32 mujeres, para lo que cuenta con una plantilla compuesta por profesionales de psicología, medicina, enfermería, trabajo social, educación, monitores sociosanitarios, administración, cocina, limpieza y mantenimiento.

Sin embargo, el centro arrastra una falta de dotación de personal que, según CGT, se hizo ya insostenible en diciembre cuando se quedó sin directora, enfermera, médico y administrativa por diferentes circunstancias laborales. Al no poder suplir esas bajas y atender debidamente a las pacientes internas, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) de la Junta de Andalucía, de la que dependen estas comunidades terapéuticas, decidió el día 15 del pasado mes vaciar el centro, ha asegurado a Público Juan Carrillo, miembro del comité de empresa de la agencia en la provincia de Málaga.

Seis de las pacientes fueron trasladadas a la comunidad terapéutica de Almonte (Huelva), el único centro público que, además de hombres, acoge a mujeres, otras seis fueron enviadas a casa para seguir el tratamiento por vía telefónica y otras nueve fueron dadas de alta de forma inmediata, asegura Carrillo, pese a la gravedad de las adicciones que padecen las personas que son internadas en este tipo de centros.

“Fueron dadas de alta forzando la máquina y alguna sufrió, incluso, una crisis de ansiedad”, subraya el delegado sindical de CGT en la agencia pública andaluza, quien precisa que el de Mijas es el único centro terapéutico de adicciones que hay en Andalucía específico para mujeres víctimas de violencia de género, que colabora, además, con el sistema Viogén de la Secretaría de Estado de Interior, encargado del seguimiento integral de esos casos en toda España.

La reapertura de la actividad en el centro malagueño depende de la asignación de personal para cubrir las bajas de los cuatro profesionales que han motivado el cierre temporal desde diciembre, según Carrillo. “Nos dijeron que volverían a abrir este 21 de enero, pero a día de hoy aún no se ha cubierto ninguno de los puestos. Así que no van a poder abrir el 21 y ya no sabemos si esto significa que no van a volver a abrir”, advierte el portavoz sindical.

Al cierre de esta información, ni la Consejería de Salud ni la de Inclusión Social, de las que depende la agencia pública andaluza que gestiona las comunidades terapéuticas, ha contestado a las preguntas de este periódico sobre la situación del centro de Mijas y sus pacientes.

Un millar de personas en lista de espera

El problema de este cierre temporal se acrecienta por la larga lista de espera que hay en Andalucía para ingresar en una comunidad terapéutica donde se tratan adicciones a sustancias como la heroína o la cocaína, el alcohol o el juego. Carrillo asegura que actualmente hay 130 mujeres, y en torno a un millar de personas en total, esperando para ingresar en un centro, a veces durante mucho más de un año.

La situación en el resto de las comunidades terapéuticas públicas de la Junta de Andalucía, que disponen de un total de 264 plazas y más de 200 profesionales, no es mucho mejor, según este miembro del comité de empresa de la ASSDA. “Están en modo supervivencia -afirma-. En vez de estar preparándose para el tratamiento de nuevas adicciones, están ocupadas únicamente en cómo cubrir las bajas de cada día, tapando huecos a cada momento”.

Juan Carrillo pone como ejemplo la situación de la comunidad terapéutica de Tarifa, en la provincia de Cádiz, donde hace cinco años se detectaron graves riesgos por la aparición de grietas en el edificio que aún no han sido subsanadas. “La situación es caótica y de abandono”, subraya.

En 2019, durante el primer año de Juan Manuel Moreno Bonilla en la Presidencia de la Junta que ahora dirige con mayoría absoluta del PP, la comunidad terapéutica de Mijas ya padeció deficiencias. El centro sufrió restricciones de agua durante meses a causa de la sequía que dejó seco el manantial del que se abastece. La administración andaluza alegó entonces que se trataba tan solo de cortes parciales e insalvables, que ya se habían producido en otros periodos de sequía porque el centro se encuentra ubicado en un lugar aislado al que no llega la red de abastecimiento del municipio.

La comunidad terapéutica de La Línea, con capacidad para internar a 28 pacientes, estuvo cerrada cerca de un año entre 2018 y 2019 a causa de un incendio en la cocina, tiempo durante el cual sus trabajadores tuvieron que recorrer 108 kilómetros diarios al haber sido trasladados a la comunidad de Tarifa, que sufría carencias de personal. Además, las seis comunidades públicas andaluzas se quedaron entonces sin vehículo para los traslados de los pacientes a un hospital o a una actividad terapéutica, al haber concluido el servicio de renting que lo suministraba a unos centros ubicados en medio del campo, lejos de los núcleos urbanos.

CGT atribuye la situación de las comunidades terapéuticas públicas de Andalucía a los líos burocráticos que se ha montado la Junta con el trasvase de las competencias de estos centros entre las consejerías de Salud y de Inclusión Social. “Han creado un caos”, afirma Carrillo.

EL sindicato ha enviado una carta al presidente de la Junta en la que solicita el cese del director gerente de la ASSDA, José Luis Prieto, y de su responsable de Recursos Humanos tanto por el cierre temporal de la comunidad de Mijas, como por la situación del servicio de teleasistencia de la dependencia, del que se encarga también ese organismo. Antes de hacerse cargo de la agencia pública andaluza en febrero de 2023, Prieto ocupó el puesto de subdirector general de servicios para personas mayores en la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso.