Un atropello a las libertades. Una deriva hacia un sistema autoritario. Un “doble juicio de valor” contra los izquierdistas. Una represalia contra el disidente. Es el J’accuse! dirigido a Rajoy por un grupo de investigadores españoles en el extranjero, quienes no dan crédito al rosario de censuras, acusaciones y condenas contra artistas, raperos, políticos y escritores. No se reconocen en este país, que debieron abandonar por la falta de oportunidades laborales. España vomitando a sus hijos.

“Ante nosotros se está dibujando una regresión de los derechos perfectamente orquestada desde el poder. Asistimos a la generalización de lo que antes era el estado de excepción. Para ello, el sistema se vale de mecanismos represivos y de la judicialización de la política”, denuncia Pablo La Parra Pérez, investigador del departamento de Español de la Universidad de Nueva York (NYU) y uno de los firmantes de Iberistas en defensa de los derechos civiles y contra la represión de la cultura.

Un manifiesto contra “el creciente recorte de libertades en España, auspiciado por el Gobierno de M. Rajoy”. Un grito para reprobar esa dentellada que anidó en la garganta de un puñado de doctorandos matriculados en universidades de la costa este de Estados Unidos. Una encendida proclama desde el exilio académico a la que se han sumado decenas de investigadores de lenguas y culturas peninsulares procedentes de otras facultades estadounidenses, así como de Portugal, Francia, Reino Unido o Bélgica. A los jóvenes —y no tanto— les secundan prestigiosos catedráticos y jefes de departamento.

Amordazar la indignación

Pablo La Parra fija la irrupción del 15M como inicio de la escalada represora, cuyos hitos son la ley mordaza y las condenas a prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra el rey. “El Estado desplegó estas y otras medidas para evitar la contestación”, añade este licenciado en Historia del arte, cuya tesis enhebra la disidencia política con el cine militante del tardofranquismo y la transición. “El ciclo que se abrió en 2011 se ha perseguido tanto que parece estar extinguiéndose, por lo que habrá que buscar una nueva solución colectiva para frenar esta regresión”.

Urge coordinarse, le secunda Iria Ameixeiras, masa madre del manifiesto e investigadora de la Universidad de Columbia. “Las redes de solidaridad son fundamentales ante un incremento de las medidas represivas”, explica esta licenciada en Periodismo, quien arribó a Nueva York con dos másteres en estudios europeos e internacionales.

“Si somos conscientes de que el problema nos afecta a todas, habrá más predisposición a organizarnos incluso desde diferentes presupuestos ideológicos”, reflexiona Ameixeiras, enfrascada ahora en los mecanismos de represión y resistencia en la península Ibérica, así como en el papel de la mujer en la construcción de la identidad nacional en Catalunya, Euskadi y Galicia.

Miembros del colectivo de hip hop La Insurgencia.

“El objetivo del manifiesto es visibilizar los espacios fuera del Estado español donde también se debate sobre cuestiones que afectan a sus historias, a sus culturas y a sus lenguas, y desde los que se ve con preocupación la deriva autoritaria que está tomando el Gobierno”, añade esta aplicada estudiante formada en Santiago y en Dinamarca, quien decidió redactar un yo acuso desde el otro lado del charco para evidenciar la repulsa de los hispanistas expatriados. 

“Fíjate además que se trata de una represión selectiva contra determinadas personas o colectivos críticos con el pensamiento oficializado", matiza esta licenciada en Periodismo. "Lo que genera la impresión de que muchos otros grupos disidentes pueden quedar impunes y, al mismo tiempo, desincentiva las respuestas colectivas”.

Así, el escrito se solidariza con los raperos Valtònyc, Pablo Hasél y La Insurgencia; los tuiteros Alfredo Remírez y Cassandra Vera; los independentistas encarcelados Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn; el autor de Fariña, Nacho Carretero; y el artista Santiago Sierra, cuya obra Presos políticos fue censurada en Arco. “La criminalización de la disidencia en el arte y la cultura sigue su curso en el Estado español”, reza el texto, que califica las condenas como “nuevos atentados contra la libertad de expresión y el derecho a pensar diferente”.

Los firmantes consideran preocupante que esos ramalazos despóticos afecten a los jóvenes, “uno de los sectores más precarizados” y el más movilizado. “Limitando su libertad de expresión se está censurando su derecho a denunciar la falta de expectativas que impone el sistema económico actual”, critican en el manifiesto, donde exponen que esa conquista política no debe ser cercenada. “Sentimos la necesidad de alzar nuestra voz contra aquellos que castigan el disenso”.

El precedente de Euskadi

La Parra necesita ir más atrás en el tiempo para entender la España amordazada. No es sólo el 15M: el terreno se venía allanando desde lejos, cree el investigador valenciano. “En Euskadi, los mecanismos represivos y el uso desmedido del aparato judicial fueron brutales, basta recordar el cierre del diario Egunkaria. Tras testarlos, se ha intentado extender ese estado de excepción a todo el país, de modo que parezca que forma parte de la normalidad”. Nada nuevo, añade el profesor de la NYU: “Todo encaja en la tradición de la persecución judicial de la disidencia política, así como de ideas que no tienen nada que ver con hechos delictivos”.

Una opinión compartida por Pablo García Martínez, desde 2012 en la City University of New York (CUNY), donde ultima su tesis sobre la cultura catalana y gallega en Buenos Aires. “En las naciones periféricas y subalternas llevamos tiempo sufriendo la represión del Estado, con gente entre rejas o en prisión preventiva. Pensemos en la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) o en los encarcelados sin juicio acusados de pertenecer a Resistencia Galega. Nosotros ya conocíamos las consecuencias de enfrentarse al sistema”.

'Presos Políticos', la obra de Santiago Sierra censurada en Arco. / EFE

García Martínez llegó al mundo académico desde la cola del paro. Cuando el diario digital para el que trabajaba acometió un recorte de plantilla, decidió cursar un máster en Estudios de la Literatura y de la Cultura y, posteriormente, se enroló en la investigación, que le llevó a cruzar el charco. Hoy da clases de lengua y literatura, mientras que su periódico es el esqueleto de una ballena varada en el limbo digital. “El trato que habíamos recibido empezó a trasladarse al resto de los ciudadanos cuando los espacios rupturistas comenzaron a abrirse”, apunta. “Pero la ley siempre estuvo preparada para cerrarlos, al tiempo que el Estado se ha ido endureciendo”.

Politización de la Justicia

El manifiesto también carga contra la supuesta falta de independencia de los jueces y, para reforzar esa tesis, recurre a los presos independentistas entre rejas. “La persecución de los líderes del procés responde a una instrumentalización del poder judicial, siguiendo una agenda marcada desde el poder ejecutivo”, denuncia el texto, que sumó ciento cincuenta suscriptores en apenas cinco días. “Casos como estos muestran que la separación de poderes es, para el Estado español, una simple ficción”.

Abunda en esa idea Martínez, quien califica la actitud del Gobierno como un “abordaje” a las libertades, “usando la Justicia para evitar la vía política” que ha emprendido la ciudadanía. “Antes las víctimas éramos las naciones subalternas y fueron a por nosotros porque encarnábamos la principal disidencia, pero ahora se han sumado otras”, añade el investigador gallego. “Obviamente, no me alegro, aunque bienvenida sea esta mayor pluralidad, porque antes estábamos solos”.

El autor de la novela Relato dun estalido xordo (Premio Biblos) recuerda que para Rajoy, cuando le conviene, las decisiones judiciales son la única verdad y advierte de que el PP está asumiendo el discurso de Trump respecto a las noticias falsas y a la construcción de un relato que apela a las emociones y a las creencias personales —o sea, a la mentira política o posverdad—. “Hay una peligrosa politización de la justicia y una judicialización de la política”, insiste García.

“Parece que la ley es palabra divina para juzgar la política ciudadana. En ese sentido, los poderes ejecutivo y judicial se retroalimentan para expulsarnos del debate", cree el alumno de la CUNY. "Y, obviamente, los jueces son los encargados de sancionar las opiniones, de modo que el empobrecimiento es gravísimo: una justicia politizada marca la pauta de la política de base”.

Objetivo: disidentes de izquierdas

El manifiesto es durísimo. Quienes lo firman rehúyen el cliché de excelsos investigadores forzados a dejar su país para poder trabajar por falta de oportunidades, pero algunos currículos apabullan y nadie puede afirmar que la universidad sea un paraíso en tierra propia. Tampoco se declaran jóvenes, bien porque hay iberistas entrados en años, bien porque son respaldados por profesores y catedráticos, muchos extranjeros.

“Prestamos nuestra voz para posicionarnos firmemente en contra del doble juicio de valor establecido hacia las personas con una ideología disidente de izquierdas y para condenar la arbitrariedad de decisiones judiciales amparadas por un Gobierno corrupto”, esgrime el texto, reescrito para que todos los firmantes pudiesen sentirse identificados (consulta la lista aquí).

Nacho Carretero y su libro secuestrado, 'Fariña'. / EFE

“Es responsabilidad del pueblo velar por el respeto a sus derechos, para que no sean vulnerados; es nuestra responsabilidad denunciar la criminalización de las ideas, y exigir la movilización contra medidas injustas que nos hacen menos libres”, continúa el manifiesto, suscrito por destacados iberistas como Jo Labanyi, catedrática del departamento de Lengua española y portuguesa en la Universidad de Nueva York, o Brad Epps, responsable del departamento de Español en la Universidad de Cambridge.

También lo han apoyado Mari Paz Balibrea, profesora de Literatura española moderna y Estudios culturales en el Birkbeck College, de la University of London; Benita Sampedro, quien imparte clases de Lengua y literatura romances en la Hofstra University de Nueva York; Joseba Gabilondo y Thomas Harrington, profesores de Estudios hispánicos en la Universidad Estatal de Michigan y en el Trinity College en Hartford (Connecticut), respectivamente; y Alberto Medina, responsable de Culturas ibéricas y latinoamericanas de la Universidad de Columbia.

Sebastiaan Faber, catedrático de Estudios hispánicos en el Oberlin College de Ohio, desgrana las restricciones a la libertad de expresión en España, pues considera que se están manifestando de varias formas. Autor de varios libros sobre la guerra civil y el exilio republicano, el profesor holandés y colaborador en prensa responde al teléfono en un perfecto castellano.

¿Se están juzgando opiniones?

Sí, el desacuerdo se ha convertido en una causa judicial, enmarcado como posible delito. Asistimos, pues, a la judicialización de la disidencia política. Hay que tener en cuenta, además, el calibre de los castigos y condenas asociados a esos procesos, que han acarreado penas de cárcel por el supuesto de delito de expresarse a través de un tuit o una canción.

Varios ciudadanos han sido acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo, cuando las bandas a las que aludían los acusados desaparecieron o fueron desarticuladas.

Claro. El enaltecimiento del terrorismo se castiga de forma mucho más severa que, por ejemplo, el enaltecimiento del franquismo. Lo que nos lleva a observar que esta tendencia restrictiva se da más hacia el lado izquierdo que hacia el derecho.

¿Cuáles son las consecuencias de esta política represiva?

En primer lugar, afecta gravemente a los derechos fundamentales del individuo, porque cuanto más se judicializa la libertad de expresión, menos se defienden esos derechos. Una tendencia, desde los principios básicos de la justicia y la democracia, negativa y hasta denunciable. En segundo lugar, esas restricciones son nefastas para la salud de la política española, tanto a nivel parlamentario y gubernamental, como a nivel participativo de la sociedad civil en los debates. Pongamos un ejemplo: la discusión sobre la hipotética instauración de una República en España se está viendo restringida, porque de lo contrario podríamos incurrir en un delito de injurias a la Corona.

La censura ha llegado al arte y los raperos, entre rejas. Back to the...

Esas restricciones afectan directamente al desarrollo de la cultura, en su sentido artístico, así como a quienes nos dedicamos al conocimiento científico. Incluso el país en su conjunto se ve perjudicado, porque resultan dañinas para la imagen internacional de España, como se ha visto en las coberturas de The New York Times: de la censura en Arco al encarcelamiento de los raperos y los independentistas. Y, más allá de la Marca España, también afectan a nuestro posicionamiento en los rankings que miden la calidad de las democracias.

El rapero Valtonyc, durante el juicio. / EFE

“Con un Gobierno del PP no me sorprende nada. Es una deriva lógica, lo que no quita que sea absolutamente indignante”, tercia Almudena Marín Cobos, doctoranda de la Universidad de Columbia, donde investiga sobre los procesos de memorialización de la transición española. “No soy consciente de hasta qué punto los estadounidenses conocen el grado de conservadurismo de Rajoy y lo suyos, pero en todo caso genera cierta perplejidad e indignación”, explica Marín, quien prefiere no imaginarse una trumpización de nuestro país. “La crisis ha influido en ambos contextos. Aquí las cosas van cada vez peor, aunque al menos percibo una diferencia clara entre la prensa independiente y la mainstream”.

Filóloga hispánica por la Universidad de Córdoba, tiene treinta y dos años, seis de ellos en Nueva York. Desde allí otea “un panorama muy gris”, azul oscuro casi negro. Ese tono tenebroso espoleó su indignación: “Hoy el PP no tiene una oposición real, por lo que seguirá campando a sus anchas”.

El que se mueva no sale en la foto. “Buscan una población dormida, que no haga ruido ni se manifieste. Es muy grave, tanto por las condenas como por el modelo de sociedad que están creando”, concluye la investigadora andaluza. “¡Esto no tiene pies ni cabeza!”. Y si la tuviese, supuestamente te la pueden cortar.

@solucionsalina