La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha dado luz verde este martes a su plan de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Éste contempla, entre otras cuestiones, indemnizaciones económicas para los casos prescritos o en los que el agresor haya fallecido. 

"La Asamblea Plenaria extraordinaria celebrada esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal ha aprobado las líneas que orientan la acción de la Iglesia en relación a los abusos sexuales contra menores, el plan de reparación integral a las víctimas y los criterios orientadores de este plan", ha explicado la CEE.  

La forma de llevar a cabo esta reparación se desprende del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de Abusos sexuales (Priva), aprobado este martes por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Así, la Iglesia indemnizará a las víctimas de los abusos según lo estipulado en los baremos propuestos por la ley civil y los criterios de otras Conferencias episcopales del entorno. El plan también contempla la creación de un órgano que asesorará a las autoridades eclesiásticas implicadas y tratará de coordinar la respuesta integral a las víctimas.

Mediante un procedimiento no judicial, este órgano asesor tratará de "verificar individualmente cada caso" y recomendará el marco posible de reparación, partiendo de lo que la propia víctima solicita "para su sanación". Para elaborar un baremo o sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos "se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno", sostienen desde la CEE.

Asimismo, se pondrá en marcha una comisión asesora, formada por 10 expertos independientes del ámbito jurídico, religioso y forense, que podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con ellas. Con el fin de evitar la revictimización de las personas que han sufrido abusos en la institución, este órgano recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima y ofrecerá un informe de los casos presentados. Estos se circunscriben únicamente a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del agresor o por la prescripción del delito. 

El Gobierno muestra su descontento con el plan

Esta medida, no obstante, ha sido objeto de férreas críticas por parte del Ejecutivo nacional puesto que la CEE no ha contado con las víctimas de los abusos para su elaboración. En este sentido, en una reunión entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y representantes de varias asociaciones de víctimas que tuvo lugar la semana pasada, Bolaños transmitió su desaprobación con parte del núcleo duro del plan.

En dicha asamblea, el ministro incidió en que exigirá a la CEE negociar un sistema de reparación que incluya la participación de los afectados. Además, a través de una carta dirigida al arzobispo Luis Argüello a finales de la semana pasada, Bolaños hizo hincapié en que la medida debe contar también con la participación del Estado y someterse a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Bolaños ha expresado que también solicitará que el plan sea vinculante y que abone las indemnizaciones a cargo de esta institución.