¿Hay más permisividad policial por el estado de alarma en los barrios ricos? El secreto que todos evitan revelar

Es el dato mejor guardado. A día de hoy, resulta imposible conocer el impacto de las multas por el estado de alarma en función de barrios o distritos. Se trata de un indicador de las actuaciones policiales que permanece sin conocerse más de dos meses después de que España se instalase en el actual escenario de excepción. En medio de ese silencio oficial, organizaciones antirracistas y de defensa de los derechos humanos advierten sobre las arbitrariedades policiales producidas al calor de la emergencia sanitaria en todo el país.

Da igual –o prácticamente igual– dónde se pregunte. La respuesta, en la mayoría de los casos, es la misma: "no tenemos esos datos". Durante los últimos días, Público solicitó en una decena de instituciones –desde el ministerio del Interior a ayuntamientos, pasando por subdelegaciones de gobierno y estamentos autonómicos– aquellos datos relacionados con las multas disgregadas por barrios o distritos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Solo en esta última ciudad vasca hubo una respuesta positiva.

Según datos ofrecidos por el ayuntamiento, la Policía Local de Bilbao había impuesto hasta el 12 de mayo 3.406 denuncias por incumplir el estado de alarma. En el distrito de Ibaiondo, que comprende zonas como San Francisco –con alta tasa de población inmigrante y donde se han registrado denuncias de abuso policial–, Casco Viejo o Bilbao la Vieja, acumulaban hasta esa fecha 874 denuncias (25,6%). Detrás estaba el barrio de Errekalde con el 19,3% de las multas.

El céntrico Abando, considerado el distrito más caro de Bilbao para vivir, sumaba 496 multas, lo que significa el 14,5% de las impuestas. En cualquier caso, no ha sido posible conocer el número de sanciones por barrios impuestas por la Ertzaintza.

La falta de datos es la tónica habitual en el resto de ciudades consultadas. Fuentes del ministerio del Interior señalaron a Público que solo manejan el desglose de datos por comunidades autónomas. Por ello, a nivel del Gobierno no se ofrecen informaciones sobre multas por ciudades o barrios.

En las subdelegaciones de Gobierno de Sevilla y Madrid tampoco hay información. Lo mismo ocurre en la conselleria de Interior del Govern de Catalunya o en las subdelegaciones de Gobierno en Valencia, Madrid y Sevilla. La respuesta, con sus matices, se repitió en los ayuntamientos de Barcelona y Madrid.

En el caso de la capital española, el Gobierno municipal ha dado a conocer cuáles son los barrios con más multas, pero sin especificar cuántas se han aplicado en cada uno de ellos. "Solo enviamos el nombre de los tres con más propuestas de sanción de cada día", explicaron desde el área de Prensa del ayuntamiento madrileño, donde aseguraron que carecen de información detallada sobre las multas por distritos. Por su parte, en el ayuntamiento de Barcelona señalaron que aún no cuentan con esa información. Lo mismo ocurrió en el caso del consistorio de Sevilla.

La "trampa" informativa

"Nos parece clave disponer de esa información", señala a Público Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional en España. "Es evidente que distritos como Vallecas están recibiendo un número de denuncias mayor, pero no lo sabemos a ciencia cierta", lamentó Canales.

El periodista Youssef Ouled, quien en las últimas semanas ha participado en la elaboración de un informe sobre actuaciones policiales racistas en el marco del estado de alarma que será elevado a la ONU y al Consejo de Europa por el Equipo de Implementación del Decenio Afrosdescendiente en España en colaborcion por Rights International Spain (RIS), señala que se han registrado casos de este tipo en lugares como Lavapiés en Madrid o San Francisco en Bilbao.

"La trampa está en que no se recojan este tipo de datos", señala Ouled. En tal sentido, reclama que se aporten informaciones concretas sobre "cuál es la población afectada en función del sesgo racial".

"Abusos" contra vulnerables

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales", señaló por su parte Amnistía Internacional en un comunicado.

En esa línea, la organización ha mostrado su temor ante la posibilidad de que "los y las agentes hayan desarrollado su función con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones". "Así lo ha verificado la organización tras analizar algunos de los casos más flagrantes", apunta.

"La falta de criterios claros de actuación, especialmente en el trato con grupos vulnerables y con necesidades específicas, abre la puerta a que agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan cometer abusos", señala en ese mismo comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.