Freixenet ha solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que afectaría a 615 personas de Freixenet S.A. y de Segura Viudas S.A. y se activaría a partir de mayo, por la crisis en el sector del cava derivada de la sequía.

Según ha informado el grupo, el ERTE por fuerza mayor es una medida excepcional que se enmarca en el actual contexto de crisis provocada por la falta de materia prima derivada de la "situación extrema" de sequía que viene afectando al sector desde 2021, con mayor presencia en 2023 en la zona de El Penedés (Barcelona).

"La medida, implementada como un ejercicio de responsabilidad, tiene como objeto garantizar la operatividad del negocio y preservar la empleabilidad para poder hacer frente a causas externas y de fuerza mayor provocadas por la grave sequía", ha informado Freixenet. El grupo ha solicitado la autorización de este ERTE al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya y ha informado también del mismo a la representación social de los trabajadores.

Fuentes de Freixenet han explicado que esta medida no afectará a los trabajadores del área comercial y que, en función del área de actividad, tendrá una afectación de entre un 20% y un 50%. Su intensidad variará en función del período del año y de la evolución de las causas que la motivan.

Escasa producción de uva por falta de agua

La sequía persistente que afecta a Catalunya, que ha obligado a la Generalitat a activar la fase de emergencia en buena parte de las provincias de Barcelona y Girona, ha causado una escasa producción de uva por la falta de agua.

El Govern de la Generalitat declaró en febrero de este año que Catalunya entraría en fase de emergencia por sequía. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que Catalunya no había "enfrentado nunca una sequía tan larga desde que existen mediciones de lluvia". "Arrastramos tres años en los que no llueve como el país necesita", añadió.

El agua en algunos embalses de la comunidad catalana ya ha bajado de la línea roja del 16%, límite establecido legalmente para decretar el estado de emergencia. La Generalitat impuso una serie de restricciones y aseguró que si la situación no mejora o se agudiza, el Govern se plantearía contratar barcos cargados de agua.