FMIEl FMI exige una acción concertada global y urgente para combatir la catástrofe climática

“Si no se produce una substancial mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global del planeta se elevará 4 grados centígrados respecto a los niveles previos a la revolución industrial en 2100”. Esta es la idea motriz que el Fiscal Monitor del FMI lanza en el preámbulo de su diagnóstico semestral para reclamar una acción “concertada” -expresa con carácter recurrente en su texto, uno de los que antecede al lanzamiento de su cumbre, en este caso otoñal-, y “urgente”, de forma algo menos enfática, de la comunidad internacional.

De otro modo los riesgos se tornarán “catastróficos e irreversibles”. A juicio de la institución multilateral las combustiones de carburantes fósiles son “dominantes”; suponen nada menos que el 63% de la tasa de polución de CO2 y las señala como la medida “crucial” para acometer “los controles efectivos” de lucha contra la emergencia del clima. Si los gobiernos, las industrias, las empresas y las sociedades civiles no reman en la misma dirección y emprenden de inmediato esta cruzada el coste para estabilizar la temperatura en el futuro será “abruptamente más costoso”. El Fondo carga, además, contra los subsidios aparejados a estas fuentes de energía contaminante.

El total de carburantes sólidos recibieron ayudas estatales por valor de 5,2 billones de dólares en 2017, de los que el petróleo y el carbón contabilizan el 85% de esos recursos públicos, según datos de este ejercicio. Desde la esfera privada, firmas de consultoría estiman que el sobrepeso inversor para declarar la batalla al cambio climático debería incrementarse en un billón de dólares al año, -el PIB de Indonesia- aunque la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la Unctad, lo eleve hasta los 2,5 billones de dólares anuales, casi el tamaño de la economía de Italia. Cota que, en opinión de esta agencia de la ONU juzga “una utopía” con las actuales líneas de financiación oficiales.

Es como si la jerarquía del FMI hubiera realizado un examen de conciencia

El FMI piensa en verde. Es como si, de un tiempo corto a esta parte, desde su jerarquía, hubieran realizado un examen de conciencia. Porque desde sus centros de pensamiento se concede una inusitada trascendencia a amenazas sociales que, en épocas pretéritas, pero no muy alejadas, ni siquiera disponían de un diagnóstico precoz. En su cita primaveral de este año, sin ir más lejos, dedicó las páginas de su informe fiscal a lanzar una embestida económica sin precedentes contra los paraísos fiscales, los centros off-shore y, en general, contra la tributación internacional y el uso dañino e ilícito que hacen de ella las poderosas multinacionales.

De concretarse un acuerdo mundial para perseguir el fraude y establecer regulaciones adecuadas, las arcas del Tesoro de todo el mundo ingresarían más de un billón de dólares cada año. Seis meses después, los autores del Fiscal Monitor expresan que las políticas presupuestarias deben enfocarse hacia la transición energética. Hacia las energías limpias. A establecer una normativa que reduzca el consumo tanto de empresas como de hogares de gases contaminantes. “Ningún país puede acometer este reto de forma individual”. Un aviso para los navegantes actuales de la Casa Blanca. Pero que también tiene un remitente claro: los mercados emergentes. Y un liderazgo más contundente por parte de las potencias industrializadas que hacen causa común contra esta catástrofe. El FMI elogia la estrategia de neutralidad energética en la que Alemania -que acaba de asignar 50.000 millones de euros hasta 2023 a proyectos verdes para reducir un 40% de sus gases de efecto invernadero al finalizar el próximo ejercicio y en un 55% para 2030- ha involucrado a la UE para conseguir en el espacio europeo emisiones cero en 2050. O el New Green Deal que se cocina entre aspirantes demócratas a la Casa Blanca para reincorporar a la mayor potencia del mundo a los Acuerdos de París.

El recetario del Fondo Monetario

A los gobiernos, les pide que eleven los impuestos al carbón y los carburantes fósiles, “la receta individual más poderosa y la herramienta más eficiente para reducir las emisiones de CO2 de una economía”, dice el informe, y “una contribución decidida” al descenso de la polución en las grandes ciudades. También recomienda a las autoridades el empleo de los utensilios fiscales y de las iniciativas legislativas para que empresas y hogares elijan sus opciones de consumo de sus fuentes de energía limpias, “a través de un rango de suministro” energético ecológico y fórmulas para “conservar sus acumulaciones de este tipo de energías y sus necesidades de ahorro”.

Con la actual presión fiscal, la subida de la temperatura, en 2030, será de 3 grados centígrados

Así como pasos políticos para que ganen cuota en sus respectivos mix energéticos, en detrimento de la que emiten gases de efecto invernadero. La promoción de electrodomésticos que impulsen recortes de demanda -más eficientes-, la limitación al transporte contaminante -planes estables para eliminar el uso del diésel- y la apuesta por vehículos de combustión alternativa como los eléctricos, lo que requiere, además, inversiones y ayudas a la digitalización de esta industria. O la implantación de sistemas de comercialización de emisiones, donde las empresas que operan en un determinado mercado deberán solicitar permisos oficiales por cada tonelada de emisión de CO2 que realicen y los gobiernos, fijar límites concretos. Con la actual presión fiscal, la subida de la temperatura, en 2030, será de 3 grados centígrados. De aplicarse un gravamen exigente, de 75 dólares la tonelada de CO2, el calentamiento se reduciría un grado. Cualquier tasa inferior -alerta el FMI- no posibilitará la erradicación de los carburantes fósiles y premiará la pervivencia del carbón, el diésel y la gasolina en los parques automovilísticos, las industrias y los hogares de los países. En un blog oficial del Fondo, que firma, entre otros, Vitor Gaspar, y al que enlaza este informe semestral de la institución, precisa que “el precio de la electricidad acumulada en países altamente dependientes del carbón subiría un 43% de manera acumulada en el próximo decenio y el coste de la gasolina, un 14% por encima de la media de sus subidas anuales”.

El Fondo también se ocupa de poner buenas prácticas climáticas encima de la mesa. Así, señala a Suecia como país de éxito en materia de fiscalidad. “En 1991, tenía un gravamen de 28 dólares por tonelada de emisiones de CO2 a la atmósfera; en 2019 es de 127 dólares” un alza impositiva que ha corregido con deducciones y exenciones en materia laboral, a firmas energéticas limpias y al capital que financia proyectos verdes. En un apéndice específico, alaba la política tributaria de España que, al igual que Dinamarca, Noruega, Polonia o Eslovenia, ha elevado la tributación sobre otro de los gases fluorados, altamente contaminantes, y que emiten aerosoles, extintores o algunos equipos de aire acondicionado.

Sobre el destino y el concepto de las inversiones limpias, el FMI precisa que deben enfocarse a la I+D+i que tenga que ver con la difusión tecnológica del ahorro energético y hacia firmas que persigan con ello beneficios sociales. En paralelo, deben fomentarse economías de escala que exploren y desarrollen energías limpias, con objeto de aumentar paulatinamente el tamaño de estos mercados, así como crear infraestructuras capaces de “conectar a empresas y hogares a fuentes de energía renovables”, aunque sea remota o incentivar al sector financiero -bancario o de capital riesgo- para que se espoleen los proyectos de inversión verdes.

La directora gerente, en el preludio de la inauguración de la cumbre, en su primer discurso oficial como máxima responsable del FMI, apeló en un triple argumentario dialéctico para afrontar este reto. Kristalina Georgieva dijo que la mejor arma de los gobiernos para resguardarse de la brusca “ralentización sincronizada” de la economía es impulsar programas de estímulo fiscal dirigidos a la “transición energética” y aprovechar, así, la fase de “bajos tipos de interés” que les otorgan “más dinero destinado al gasto”, aunque sea una medida sólo propicia para las economías con “cargas de deuda gestionables”. A su juicio, en el combate contra la emergencia climática -al igual que en otros frentes, como la regulación financiera, el restablecimiento del libre comercio con bajos aranceles o las monedas digitales, “demanda acciones concertadas internacionales”. En la crisis climática -aseguró- “ninguna nación es inmune y cada una de ellas debe asumir su responsabilidad”.