La Fiscalía destaca que la empresa de Castor despreció cualquier problema relacionado con los terremotos

El juicio por el proyecto Castor y los terremotos que provocó en la costa castellonense en 2013 ha quedado visto para sentencia. La fiscal ha asegurado en la última sesión del juicio que la actitud de la empresa adjudicataria del proyecto Castor, Escal UGS, y sus dirigentes refleja la concepción que tenían del almacenamiento desde un principio, "despreciando cualquier problema relacionado con la sismicidad".

Tras las diez sesiones del juicio, la Fiscalía considera que no ha quedado acreditado que los cerca de 500 seísmos registrados en septiembre de 2013 alcanzaran la categoría de "riesgo catastrófico" pero se reafirma en su intención de condenar a los dos acusados por un delito medioambiental por incumplir los "decretos de concesión".

Pese al bajo riesgo sísmico, la fiscal ha advertido de que esa baja peligrosidad "no puede ser motivo para ampararse en esa falta de evaluación de riesgos" y por eso pide una pena de seis años de prisión y 15.600 euros de multa para los dos directivos acusados. Las defensas piden la libre absolución tanto de los acusados.

La fiscal también ha indicado que aunque se ha intentado "minimizar" los daños ocasionados a la población, ha quedado acreditado que los temblores, que "fueron debidos a una actividad industrial", generaron incertidumbre y angustia en los vecinos.

Por su parte, la letrada de la acusación particular ha resaltado en su informe que ha quedado probada la relación entre la inyección de gas y la sismicidad. Las defensas han pedido la libre absolución al considerar que no existen pruebas de cargo y que se produjo en la población una "sugestión inducida a veces por las propias compañías aseguradoras".