La falta de acceso a la vivienda, causa de la muerte de una familia migrante en un incendio de Barcelona

La falta de acceso a la vivienda es la principal causa de la muerte de una familia en el incendio ocurrido esta madrugada en un local en Barcelona, cerca de la plaza Tetuán. La familia estaba en situación administrativa irregular y vivía en esa infravivienda, un local propiedad de un banco, desde hacía unos dos años. En septiembre de 2020 los servicios sociales municipales detectaron el caso y desde entonces habían realizado un seguimiento "intensivo" con hasta 88 intervenciones y visitas periódicas al local. "La situación administrativa irregular es el principal eje de exclusión que sufría esta familia. Es un caso muy claro de pobreza y exclusión, donde acceder a ingresos o trabajo es muy difícil", ha afirmado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez.

Los servicios sociales municipales habían realizado 88 intervenciones

En una atención a los medios en el Ayuntamiento de Barcelona, Pérez ha comparecido acompañada de Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social, y Montserrat Rovira, directora del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), horas después del siniestro. En la comparecencia ha explicado que la última visita del Servei d’intervenció social de famílies amb menors (SISFAM) del Ayuntamiento al local fue el 18 de octubre, y concluyó que no existía un "riesgo inminente" que requiriera el desalojo de la familia. Tenían luz, el cuadro eléctrico funcionaba, había ventilación e intentaban mantener el local "en las mejores condiciones que podían", explicó Pérez. "Es una infravivienda y no es lo mejor, pero la alternativa en este caso que podíamos ofrecer era peor porque era un realojamiento provisional", ha añadido.

Este caso ha puesto de nuevo el foco en la problemática estructural de la falta de acceso a la vivienda y también en la exclusión residencial y laboral a la que se ven abocadas las personas migradas en el Estado debido a la Ley de Extranjería, que ya se puso de manifiesto hace un año en el incendio de una nave en Badalona donde malvivían más de 150 personas, de las que tres murieron. La Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han denunciado en un comunicado "las debilidades institucionales y legales de las políticas de vivienda y de acceso a los servicios básicos" que salen a la luz con estos casos y han convocado a una manifestación frente al local calcinado esta tarde.

La familia estaba formada por un hombre de nacionalidad pakistaní de 40 años, una mujer de Rumanía de 38 y sus dos hijos, de cuatro meses y tres años. Las causas del incendio, que se produjo esta madrugada, son todavía desconocidas. Sin embargo, a la situación de emergencia habitacional que vivía la familia, durante el invierno se suma la pobreza energética y la dificultad para mantener el hogar a una temperatura adecuada. En el local vivían otras cuatro personas, sin vinculación familiar con los fallecidos, que han sido trasladados a varios hospitales en estado leve por inhalación de humo. Estas cuatro personas vivían en la parte inferior del local, separada del piso superior, donde convivía la familia.

Acceso a los servicios sanitarios y educativos

Sin acceso al mercado laboral debido a la situación irregular, los ingresos familiares provenían de la recogida de chatarra. Según Pérez, tenían una buena vinculación con los servicios sociales y estaban empadronados en la ciudad sin domicilio fijo, lo que permitía que los cuatro tuvieran tarjeta sanitaria y el hijo mayor estuviera escolarizado. "Había una buena implicación de los padres en el cuidado de los niños, no había indicadores de riesgo", ha señalado Pérez. Los servicios de Infancia habían hecho una valoración del caso y habían descartado que se diera ninguna situación de desamparo, ya que los niños tenían seguimiento médico y no había indicios de violencia ni ningún otro factor de riesgo que hiciera necesarias medidas adicionales.

Los equipos de SISFAM, que hacían seguimiento al menos una vez al mes, acompañaron a la familia para acceder a la atención sanitaria y educativa y también desde el ayuntamiento se habían ofrecido ayudas "puntuales pero periódicas" referentes a la alimentación, la ropa de los niños, medicamentos o transporte, entre otros.

Pérez ha incidido en que la situación administrativa irregular era el máximo eje de vulnerabilidad porque comporta una exclusión en el acceso a la mayor parte de ayudas públicas, como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital, y tampoco podían acceder a la bolsa de solicitantes de vivienda de Barcelona.

Una problemática estructural

La falta de acceso a la vivienda es una problemática estructural. Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social, ha destacado que el SISFAM ha incrementado en un 77% su actividad en la ciudad e interviene para prevenir situaciones de riesgo y acompañar a familias que viven en infraviviendas, la mayor parte de las cuales se encuentran en situación irregular. En 2021 se realojaron 65 familias que vivían en locales o asentamientos en situación de riesgo a alojamientos provisionales, es decir, pensiones.

Hay 86 asentamientos en Barcelona y 105 locales ocupados

Actualmente existen 86 asentamientos en Barcelona, donde viven 384 personas, de las que 53 son menores. Asimismo, existen 105 locales ocupados, con 481 personas, entre ellas 156 menores. "Los datos muestran la pobreza y la desigualdad social estructural, así como la dificultad de intervención. La solución a la pobreza no la puede encarar el Ayuntamiento", ha dicho Pérez, interpelando al resto de administraciones.

En los últimos dos o tres años las cifras se han mantenido estables pero sí ha habido un cambio de tendencia y se observa una mayor presencia de locales, que pese a ser igualmente infraviviendas ofrecen mejores condiciones que los asentamientos. Pérez hizo hincapié en que no es una problemática específica de Barcelona, pero el hecho de que la ciudad cuente con servicios y datos específicos hace que el fenómeno sea más visible.

"En momentos como éste nos encontramos con que todos los esfuerzos para evitar desahucios y garantizar el derecho a la vivienda son insuficientes. En un día como hoy todas las administraciones debemos preguntarnos cómo garantizar el derecho a la vivienda sin que la situación administrativa sea un obstáculo", ha añadido.