El año 2023 comenzaba con una mala noticia para la sanidad pública de todas las comunidades autónomas: ningún gobierno destinaría en sus presupuestos anuales el mínimo requerido por las organizaciones sanitarias para la Atención Primaria. Si de los Presupuestos de las consejerías de Sanidad habría que destinar, al menos, el 25% a la Atención Primaria, la media nacional se queda en apenas un 15%.

Que la sanidad pública en España está infrafinanciada ha dejado de ser llamativo. La precariedad se ha cronificado en el sistema de salud nacional y las comunidades autónomas han asimilado esta manera de gestionar los recursos sanitarios. De hecho, el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) demuestra lo poco que han variado los números totales desde 2010.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP y coautor del informe, valora negativamente el desinterés de las autonomías para erradicar los problemas de la sanidad pública: "Ha habido muy poco movimiento. Se hicieron promesas de cambio y a pesar de lo que se dijo, finalmente no se acabó cumpliendo. El sistema no se ha adaptado a las transformaciones necesarias".

La Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) sirve como referencia para saber cuántos pacientes tiene a su cargo un médico de cabecera, un enfermero o un pediatra. La demanda principal de los sanitarios es que esas cifras, instaladas entre 1.500 y 2.000 pacientes por trabajador, se reduzcan de forma drástica. Y eso no ha ocurrido en la última década. 

La media nacional de una TSI de un médico de cabecera en 2010 era de 1.398 pacientes. En 2021, había reducido solo en 28 pacientes, hasta los 1.370. De hecho, en cuatro comunidades autónomas (Madrid, Aragón, La Rioja y Baleares) ese número ha aumentado. Las organizaciones sanitarias como AMYTS o según la propia recomendación de la FADSP apuntan a que como máximo, un médico de cabecera debería limitarse a 1.300. Solo seis comunidades (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Galicia) están dentro de los márgenes recomendados.

Los datos más altos se presentan en Baleares (1.805) y Madrid (1.570). De hecho, hay cuatro comunidades donde un pequeño porcentaje de facultativos tiene a su cargo más de 2.000 personas, un dato desbordante. Casi el 8% de los médicos de cabecera en Madrid viven esta situación, así como el 3,27% en Catalunya.

La presión asistencial de los profesionales de pediatría han disminuido, pero no porque sea un área reforzada en los presupuestos de las comunidades. "Las TSI por pediatra han disminuido progresivamente desde 2010, un 9,64%
menos. Evidentemente ha habido un efecto derivado de la baja tasa de
natalidad más que del aumento de profesionales, que en la práctica han
disminuido", relata el informe.

En cuanto al porcentaje de profesionales con más de 1.250 y más de 1.500 TSI
asignadas, las peores son Baleares (20,28 y 4,20%), Catalunya (14,89 y 3,45%) y Madrid (15,47 y 4,14%). En la última década se ha producido una reducción en todas las comunidades menos en Cantabria y Madrid. Si actualmente la media es de 1.508, hay enormes diferencias entre regiones que van desde 1.973 en Madrid a 1.120 en Castilla y León.

Los datos en torno al personal de enfermería son los más delicados de todas las profesiones. Mientras los sanitarios se organizan y piden que se desbloquee la ley de seguridad del paciente, que estipularía unos ratios de enfermeros por comunidad a cumplir con cierta obligatoriedad. A nivel internacional, en España hay 5,2 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes; Alemania (13,8), Irlanda (12,8), Francia (10,5) o Portugal (6,4), superan ampliamente la media nacional.

Las TSI a cargo de las enfermeras de la Atención Primaria se han reducido en una década, de 1.606 a 1.508, pero aun así se superan los números ideales que indican las organizaciones. Hay seis comunidades (Comunidad Valenciana, Euskadi, Madrid, Murcia, Baleares y Andalucía) donde se superan las 1.700 TSI por profesional. En la capital se alcanzan de media las 1.900.

"Son ya más de 24 meses desde la toma en consideración de la Ley y 77 las prórrogas que se ha producido hasta la fecha, y la ciudadanía y los profesionales no merecen esta parálisis que no queremos creer que responda a intereses políticos o partidistas", apunta el presidente de SATSE, Manuel Cascos

El bloqueo a la ley dura más de dos años mientras que España se mantiene como un referente negativo en Europa en seguridad del paciente al tener, por ejemplo, una asignación de "hasta 25 y 30 pacientes por cada enfermera en muchos hospitales, hasta 2.000 y 2.500 ciudadanos por enfermero en los centros de salud", aseguran desde el sindicato.

Las conclusiones del informe arrojan que serían necesarias medidas muy contundentes para cambiar la cara a la Atención Primaria de las comunidades. Se estima que habría que poner un máximo de 1300 TSI para profesionales médicos y de enfermería y de 1.000 para pediatría. "Esto significa a corto plazo un aumento de al menos 8.000 profesionales de medicina y 15.000 de enfermería en en todo el país". Cifras que por el momento ningún gobierno ha mostrado interés en cubrir.