España se opone a una ley europea contra el abuso sexual infantil por no ser "lo bastante ambiciosa" en materia de consentimiento

España votó este viernes en contra de una normativa para combatir el abuso sexual infantil en la Unión Europea, al considerar que "no es lo bastante ambiciosa" en materia de consentimiento, dijo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Entre otros puntos, la propuesta de directiva, sobre la que este viernes alcanzaron un acuerdo los ministros de Justicia de la UE, pretende garantizar la protección legal de los menores que han alcanzado la edad de consentimiento sexual contra los actos sexuales no deseados.

"No es lo suficientemente ambiciosa a la hora de definir en la parte operativa lo que se puede entender como consentimiento de los menores, en la edad obviamente de consentimiento", dijo el ministro en su intervención.

Añadió que España no puede apoyar el texto porque aunque "hay elementos positivos", como la lucha contra el grooming o el acoso en internet, en "la parte fundamental nuclear no es lo suficientemente ambiciosa" y subrayó que "el mero silencio sin más no puede suponer en ningún caso consentimiento".

Bolaños dijo asimismo que España pretende que en la tramitación de la normativa que queda por delante "se siga avanzando en clarificar con ambición lo que es el consentimiento y lo que se debe definir como tal".

La posición que este viernes fijó el Consejo (países UE) sobre esta normativa servirá de base con vistas a las negociaciones con el Parlamento Europeo, colegislador sobre esta normativa.

Antes de la reunión, un grupo de siete países de la Unión Europea (Suecia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia) habían hecho llegar también una declaración que lamentaba la falta de ambición de los Veintisiete para dotarse de una normativa que garantice que los menores que han alcanzado la edad de consentimiento sexual disfrutan de la "mejor protección legal" contra los actos sexuales no deseados.

Fuentes del Ministerio español de Justicia indicaron que España formó parte del grupo de países que rechazaron este viernes la orientación de la directiva debido a su poca ambición en materia de consentimiento.

Recordaron que en los últimos meses, España, que firmó en octubre otra carta con un grupo de países que comparten su visión política, había logrado importantes avances en el texto, como por ejemplo que el consentimiento se defina en positivo y no en negativo (es decir, que en lugar de decir qué acciones no implican consentimiento, se diga cuándo existe consentimiento, en línea con la legislación española).

Por otra parte, las mismas fuentes precisaron que la directiva, al ser de mínimos, no impide que los Estados vayan más allá, lo que permitirá a España seguir aplicando su Código Penal y la Ley orgánica de libertad sexual, redactada bajo el principio de "solo sí es sí".

La futura normativa europea amplía la definición de los delitos para poder criminalizar las conductas cometidas a través de las herramientas "en línea" y endurece las penas.

La pena máxima de prisión aumentará a al menos cinco años, frente a los tres años actuales, cuando el niño haya alcanzado la edad de consentimiento sexual. Los Estados miembros podrán establecer penas aún más severas en su legislación nacional. También contienen requisitos más específicos para la prevención y la asistencia a las víctimas.