Nuestro país ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI durante las dos últimas décadas. En ocasiones, lentamente y en otros momentos de forma rápida y decidida, pero los progresos han sido una constante.

Desde la ley de matrimonio igualitario del 2005 hasta la recientemente aprobada ley de derechos trans y LGTBI, España ha marcado el rumbo y, salvo momentos de impás, se ha situado a la vanguardia mundial convirtiéndose en un país de referencia en el reconocimiento de los derechos de este colectivo. 

A pesar de que estas conquistas se han ido plasmando en leyes nacionales y regionales, ahora, por primera vez en la historia, nuestro país celebra el Día del Orgullo con amenazas reales de retrocesos y con el temor de volver a los peores momentos del franquismo.

La amenaza es tan grande que podría devolver a España 20 años atrás, según denuncian los defensores de las personas LGTBI. El colectivo teme una arremetida de la extrema derecha que pueda dar la vuelta a asuntos como igualdad, diversidad, familia, cultura o educación.

Unos postulados que el Partido Popular ya asume sin mayor problema en aquellos lugares donde la extrema derecha es clave para formar gobiernos.

"No se trata de avisar de que viene el lobo. El lobo ya está aquí", advierten desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y más (FELGTBI+).

Su presidenta, Uge Sangil, recalca a Público la necesidad de salir masivamente a las calles, defender en las urnas los derechos conquistados y contrarrestar la ola ultraconservadora que "nos tira a la basura", tal y como ha hecho Vox en un enorme cartel desplegado en el barrio de Salamanca, en Madrid.

Un cartel que el partido de la extrema derecha ha tenido que retirar por orden de la Junta Electoral Central, pero no sin antes generar una gran polémica.

Un 'Orgullo' político

"Hay que salir a votar en masa porque nuestra democracia corre peligro y la amenaza de perder todo lo avanzado en materia de derechos LGTBI, en igualdad, sanidad o educación, es más real que nunca", añade Sangil, en alusión a las elecciones generales del 23 de julio que ha convocado Pedro Sánchez de forma anticipada.

"Tenemos que reflexionar sobre qué España queremos: si gris o diversa, si acogedora o excluyente", argumenta.

Entre las alarmas figura la postura que ha asumido el Partido Popular tras los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo, cuando la suma de votos obtenidos por este partido y Vox dio como resultado numerosos acuerdos para gobernar.

Si bien el PP no se ha caracterizado a lo largo de su historia por la defensa de los derechos LGTBI, no se había presentado tan radical como hasta ahora.

Las medidas adoptadas en los pactos de gobierno hechos públicos en los últimos días, en ayuntamientos y comunidades, reflejan hasta qué punto el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo está asumiendo como propios los postulados y sesgos ideológicos de la extrema derecha de Vox, según denuncian las organizaciones.

La amenaza de la ultraderecha es real. Tras las votaciones de mayo, el PP, en solitario o en coalición con Vox, va camino de gobernar en 13 de las 17 comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia, País Valencià, Illes Balears y Canarias.

Tres hitos en riesgo

España ha sido y sigue siendo una referencia a nivel mundial en derechos del colectivo LGTBI+. La ley del matrimonio igualitario, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005, marcó un hito. Hasta ese momento, sólo dos países contaban con una legislación tan avanzada.

La medida, que supuso un leve cambio en el Código Civil, permitió el matrimonio de personas del mismo sexo y abrió la puerta a otros derechos, como la filiación de los hijos de lesbianas, la adopción conjunta, la posibilidad de heredar o percibir pensiones. Un cambio tan radical que, según los movimientos LGTBI, las personas de este colectivo dejaban de ser personas de segunda clase para convertirse en ciudadanos de pleno derecho.

Otro hito lo marcó la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Fue, asimismo, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2007, y considerada una de las más innovadoras de aquella época, al permitir a las personas trans cambiar su nombre y sexo en el registro civil.

Esta norma imponía una serie de requisitos para realizar el cambio: tener un informe médico que reconociera la disforia de género y haber iniciado un proceso hormonal al menos dos años antes. 

El tercer gran cambio llegó de la mano del actual Gobierno de coalición el pasado mes de febrero de 2023, con la aprobación de la conocida ley trans.

Una norma que permite el cambio del sexo registral con la simple voluntad de la persona, sin hormonación ni informes médicos previos. Esta despatologización de la transexualidad era uno de los derechos reclamados por el colectivo desde hacía ya varios años.

Pero esta norma va más allá. Algunos avances menos comentados en el debate público y político son los que permiten a las mujeres lesbianas o solteras acceder a técnicas de reproducción asistida (una posibilidad que Ana Mato, del PP, prohibió cuando era ministra de Sanidad, en 2013).

Otros logros de esta nueva ley son facilitar la inscripción de los niños nacidos de madres lesbianas, eliminando la obligación de estar casadas, o la prohibición de las terapias de conversión a personas homosexuales.

Las leyes autonómicas bajo amenaza

Además, en los últimos años las comunidades autónomas se han ido dotando de leyes que protegen al colectivo y reconocen derechos dentro de sus ámbitos de competencias. Algunos ejemplos son la obtención de documentos con el nombre adquirido tras el cambio en el registro referidos a sanidad, transporte o educación.

Todas las comunidades, a excepción de Asturias (que estaba siendo negociada antes de la convocatoria electoral) y Castilla y León (donde no existe ni se la espera), cuentan con una ley regional de derechos LGTBI y trans que ahora están en peligro.

A pesar de que muchas de estas normas aprobadas en el ámbito local y regional han contado con el voto favorable del PP, tras las elecciones del 28M el discurso más extendido entre los populares es que éstas serán modificadas o derogadas allí donde gobiernen, asumiendo una de las exigencias de Vox.

Así lo anunció la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de investidura, en el que afirmó que llevará a cabo una modificación de la ley trans de esta comunidad.

La amenaza de grandes retrocesos

Las organizaciones recuerdan, sin embargo, que el Partido Popular nunca apoyó las normas que han supuesto avances en materia de derechos LGTBI e igualdad a nivel estatal.

Los populares no sólo votaron en contra del matrimonio igualitario, sino que además presentaron un recurso de inconstitucionalidad que mantuvo a decenas de miles de parejas en vilo hasta que se pronunció el Tribunal Constitucional. En esa arremetida contra la ley, el PP se alió con los sectores más conservadores de la Iglesia.

El PP también votó en contra de la ley de derechos trans, en 2007, y hace solo unos meses, en febrero de 2023, contra la presentada por el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.

Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en una idea: los riesgos de retroceder en derechos no son una quimera. Los planes del PP y Vox se han anunciado en algunos de sus pactos y la ultraderecha está tirando ideológicamente de los populares hacia posiciones cada vez más retrógradas, sin resistencia aparente.

"Están promoviendo políticas que atentan no sólo contra los logros de las personas LGTBI, sino contra los conquistados en igualdad, en favor de las mujeres, los migrantes... y todo esto es por una derecha que cabalga a lomos de la ultraderecha", afirma a Público Toño Abad, coordinador Acción LGTBI del sindicato UGT y presidente del Observatorio valenciano contra LGTBIfobia.

Este activista resalta los últimos nombramientos aceptados por el PP en lugares como Aragón o Valencia, comunidades donde el pacto con Vox ha permitido instalarse en la Presidencia de las Cortes a mujeres antiabortistas, contrarias a los derechos LGTBI e incluso con vínculos a movimientos ultras como Hazte Oír o el Yunque.  

"Se ha abierto la puerta a lo peor, porque no se trata de simbología, sino de políticas que nos retrotraen al pasado", afirma Abad. 

El coordinador Acción LGTBI de UGT explica que "esto es una ola reaccionaria que viene de Estados Unidos y que derechiza las derechas. Lo estamos viendo en Francia, Polonia, Hungría o Italia. Y ahora llega a España", resalta

A su juicio, la extrema derecha, "envalentonada y apoyada ahora por lo que se consideraba la derecha parlamentaria", persigue volver a lo que ellos llaman las "tradiciones", es decir, a los armarios. "Ya nos están negando derechos", denuncia. 

"En Italia se está cuestionando la filiación de las parejas de lesbianas sobre sus propios hijos, algo indiscutible desde el punto de vista biológico", resalta Abad, para rematar: "lo que estamos viendo es inédito. Ni la derecha más reaccionaria del PP se había atrevido a tanto".