El Ministerio de Agricultura y la UE van a repartir este año 88.448 toneladas de alimentos adquiridos a productores españoles entre familias con pocos recursos de todo el país. La primera de las tres fases del programa, que coincide con el inicio de la pandemia y del parón de la actividad económica, ha llegado a 1.464.081 personas: más del 3% de la población del país ha necesitado ayuda para poder comer.

Ese volumen de comida previsto para todo el año y los primeros meses del siguiente está valorado en 86,85 millones de euros y equivale a algo más de 300 millones de raciones individuales de entre 200 y 250 gramos de peso. 

Los datos figuran en la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer el número de beneficiarios del Programa 2020 de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas que desarrolla el Ministerio de Agricultura a través del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), un organismo de gestión de fondos de la UE.

El dispositivo, que incluye la adquisición de los alimentos mediante licitaciones públicas y su distribución en lotes o como comida preparada a través de una red de 5.600 oenegés, instituciones y entidades sociales hacia las que los canalizan Cruz Roja y el Banco de Alimentos, se divide en tres fases, dos de las cuales se llevarán a cabo este año y otra en el primer trimestre de 2021, " con el fin de asegurar un suministro continuo de alimentos a las personas más desfavorecidas".

La primera de esas fases, que coincide en el tiempo con los primeros meses del parón de la actividad económica provocado por la pandemia del coronavirus, que destapó nada más comenzar la fragilidad del país y la existencia de amplias capas sociales sin capacidad para garantizarse la manutención a las primeras de cambio, ha incluido la distribución de alimentos para 1.464.081 personas en todo el país.

Casi dos tercios de estos se concentran en Andalucía (367.477), Catalunya (236.173), Madrid (180.270) y la Comunitat Valenciana (138.381), que son al mismo tiempo las cuatro comunidades más pobladas y las de mayor potencia económica, lo que equivale a poner sobre la mesa la enésimo confirmación de las brechas de desigualdad que se han ido consolidando en España en la última década.

La incidencia también resulta elevada en comunidades con potentes sectores agroalimentarios como Castilla-La Mancha (64.682), Murcia (64.095) y Galicia (63.193), y también en Canarias, que supera a las anteriores en número de beneficiarios del programa con 72.191.

“Se protege a familias y trabajadores ante esta crisis”

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha protegido más que nunca a familias y a trabajadores ante esta crisis, mientras que el PP ante una crisis mucho menor solo protegió a los bancos", sostiene Heredia, que destaca que el programa de distribución se centra en "alimentos de carácter básico, variados, nutritivos, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento".

En concreto, los 88.448.000 kilos y litros de alimentos del dispositivo se distribuyen entre conservas de atún, sardina, carne magra y tarritos infantiles de pollo; vegetales (y derivados de estos) como pasta, arroz blanco, alubias cocidas, macedonia de verduras, tomate frito en conserva y galletas; fruta, tanto en almíbar ligero como en tarritos infantiles, y, también, leche entera UHT, batidos de chocolate y aceite de oliva.

Esa variedad permite elaborar lotes en los que se combina la proteína de origen animal con la vegetal y compaginar los hidratos con las verduras, tal y como recomiendan los nutricionistas, que aconsejan que el primero de esos componentes no supere el 15% de la dieta.

“Las políticas sociales deben garantizar la alimentación”

"No estaría de más que ese programa se ampliara ante las situaciones de necesidad que ha generado la covid", señala José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, para quien" dentro de las políticas sociales, no cabe duda que hay que garantizar la alimentación, y más la de la gente que cae bajo el umbral de la pobreza".

"Se trata de productos no perecederos y transformados que elaboran los operadores del sector agroalimentario", explica, y que "se consumen normalmente por las familias, pero en este caso se distribuyen a hogares que no tienen rentas suficientes para adquirirlos".

La pandemia ha estrangulado las rentas de los amplios sectores precarizados de la población española y ha intensificado las situaciones de pobreza que llevan años cronificándose, en un cuadro en el que el creciente volumen de trabajadores pobres convive con la extensión de la uberización y de figuras como el falso autónomo y con elevados niveles de economía sumergida.

Y eso está afectando de manera negativa a la alimentación de millones de hogares en un país en el que antes de la pandemia más de 700.000 familias ya no podían comer sano por la insuficiencia de sus rentas: la tasa de familias que se encuentran en esa situación lleva, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), tres años cronificada entre el 3,7% y el 3,8%. 

Los niveles de mayor intensidad de ese fenómeno en este siglo, con la única excepción del 2006, se daban mientras la riqueza del país crecía a ritmos de entre el 2% y el 2,9% para alcanzar registros históricos.