La deuda de pymes y autónomos con Hacienda por la covid se dispara en 7,4 millones al mes

El parón de la actividad económica por la pandemia está empezando a aumentar, si cabe, las dificultades de pymes y autónomos para salir adelante: los más de 2.300 millones de euros en impuestos del primer trimestre que más de medio millón de ellos mantienen aplazados por no disponer de la liquidez suficiente para saldarlos comenzaron este domingo, 20 de septiembre, a verse gravados con un interés de demora del 3,75% anual que añade a esa factura tributaria otros 7,41 millones de euros cada mes. Eso, en el peor de los casos, supone para los trabajadores por cuenta propia una deuda extra de algo más de 90 euros mensuales.

El aplazamiento del pago de los impuestos del primer trimestre fue una de las medidas del escudo social, en este caso articulada para facilitar algo de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, muchos de los cuales vieron cortada en seco su actividad con el confinamiento.

Así, las firmas y trabajadores independientes que facturaron menos de seis millones de euros el año anterior podían acogerse a una serie de aplazamientos especiales, de hasta 30.000 euros, en las retenciones del IRPF, los pagos fraccionados de Sociedades y la liquidación trimestral del IVA (también el cobrado efectivamente), entre otros tributos.

El aplazamiento, cuya versión inicial fue rápidamente ampliada, permitía postergar el pago hasta el 20 de noviembre sin que la deuda tuviera que soportar intereses ni recargos hasta dos meses antes. Y no dejará de generarlos hasta que quede saldada.

Sin embargo, el parón de la actividad económica está impidiendo que la mayoría de quienes pidieron esos aplazamientos puedan reunir los fondos suficientes para liquidar esa deuda, lo que está haciendo que comiencen a correr los intereses.

Más de 2.300 millones de euros

Los datos de la propia Agencia Tributaria ponen sobre la mesa la escasa reducción que han tenido los aplazamientos en sus primeros meses de vigencia. En este sentido, el Informe de Recaudación de julio cifra el volumen de impuestos pendientes de pago por este motivo en 2.374 millones de euros, apenas un 8% por debajo del tope de mayo y casi cien por encima del registro de abril, que es cuando deberían haber sido liquidados.

Casi la mitad de esa cifra se concentra en el IVA, del que pymes y autónomos tenían hace unas semanas 1.158 millones de euros pendientes de ingresar, seguido por las retenciones a cuenta del IRPF de los trabajadores, que bajaba por primera vez del millar (988), mientras en Sociedades quedan por liquidar 211 y en otros tributos, 17 más.

Los intereses de demora, que llevan fijados en el 3,75% desde 2016 y que no variarán antes de que haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, duplican a los de mercado, según los datos del Banco de España, que sitúa entre el 1,46% y el 1,8% la media de los gravámenes que la banca aplica en las nuevas operaciones de crédito desde que comenzó la pandemia, y entre en 2,05% y el 1,88% las de las refinanciaciones; las primeras con tendencia al alza y las segundas, en las que a menudo el riesgo del aval pasa del deudor al Estado, a la baja.

Eso significa que, ante el riesgo de no poder liquidar esas deudas, al empresario y al autónomo le resulta menos gravoso endeudarse con la banca privada que soportar los intereses que le aplica la Agencia Tributaria.

“Hay sectores en estado de shock económico”

Paralelamente, según advirtió UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), a final de este mes comienza la liquidación de las primeras cuotas de los créditos contratados con el primer tramo de los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial), 10.000 de cuyos 20.000 millones fueron contratados por pymes y autónomos para disponer de liquidez ante el parón de la actividad.

La organización reclama una moratoria de esos pagos para quienes se encuentran en cese de actividad y para quienes han visto reducirse sus ingresos "como mínimo un 50%". "Hay que ampliarla al menos seis meses y llevar ese dinero a la vida del crédito, sin generar intereses de demora", propone su secretario general, Eduardo Abad.

Abad pide una medida similar para quienes no pueden saldar sus deudas tributarias por ese mismo motivo. "Hay que darles una prórroga a quienes no han podido retomar su actividad o lo han hecho de manera reducida", señala, mientras recuerda cómo "las ventas del pequeño comercio han caído entre un 40% y un 60% desde marzo, la hostelería soporta unas restricciones que solo permiten trabajar a un pequeño porcentaje del sector, hay zonas confinadas y hay colectivos, como los autónomos de la enseñanza o los feriantes, que se encuentran en estado de shock económico".

"Sería lo último que la Administración estrangulara con intereses de demora a quienes no pueden pagar", anota, mientras reclama la condonación de los tributos municipales a los pequeños negocios afectados por los ceses de actividad y por el parón general. "Necesitamos imperiosamente un plan de rescate", añade, mientras plantea: "¿En qué cabeza cabe que las mismas administraciones que restringen la posibilidad de trabajar vayan a exigir esos pagos como si no pasara nada?".

“Se está resintiendo todo”

Luis del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas (CGE), coincide con Abad en lo crítico de la situación para muchos negocios. "El aplazamiento de los impuestos era una medida de financiación para facilitar liquidez, pero ahora hay que devolverlo. O estás trabajando, o acudes a otra vía de financiación o estás muerto", señala.

El problema es que el panorama no lleva visos de mejorar a corto plazo. "Mientras siga así la situación no vamos a arrancar", explica. "Tenemos una economía basada en los servicios, y la incertidumbre provoca un parón en las decisiones de consumo y de inversión tanto de las familias como de las empresas. Se está resintiendo todo", añade.

Las previsiones que manejan el CGE y REA (Registro de Economistas Auditores) apuntan, con un desplome de la actividad como el que plantea el escenario medio del Banco de España (-11,6% este año), a un déficit público de en torno al 12%, con una merma de la recaudación tributaria del 14% y un aumento del gasto del 10%.