Con las largas colas de tractores entrando a las grandes capitales europeas a principios de año, también en Barcelona, todas las miradas se centraron en el sector primario, que en unas protestas históricas, por primera vez señalaba directamente a la Unión Europea, el principal ámbito de decisión en la política agraria.

Ahogados por "el papeleo y las grandes distribuidoras", tal y como apuntó el coordinador nacional de Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, en una entrevista a Público, campesinos y ganaderos ven en las elecciones europeas del próximo 9 de junio una oportunidad para que Europa haga un cambio de rumbo en las políticas agrarias. 

Un cambio de rumbo que proteja al agricultor pequeño de la competencia desleal, las grandes distribuidoras, que fijan unos precios por debajo del coste de producción, y de la excesiva burocracia, que hace que el campesino pase más rato delante de la pantalla que trabajando la tierra. Por eso, piden unos planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC) adaptados a la realidad mediterránea pero sin renunciar a las políticas verdes de la agenda 2030, tal y como plantean algunos sectores reaccionarios conservadores vinculados al negacionismo climático.

Y es que pese al intento de la extrema derecha de capitalizar las protestas del sector primario, en Catalunya, los agricultores están mayoritariamente a favor de las políticas verdes, pero piden una revisión de la PAC. Unió de Pagesos reclama a la Unión Europea que apueste por un modelo de "agricultura familiar" en vez de defender la "agroindustria". 

¿Qué es la PAC y por qué es importante?

La Política Agraria Común (PAC) es un conjunto de normas que unifican todas las políticas agrarias en la Unión Europea. Tiene básicamente tres objetivos: conceder subvenciones a agricultores y ganaderos europeos a cambio de que implementen una serie de medidas para el campo para luchar contra la crisis climática, interviene en el precio de los mercados y fomenta programas de desarrollo rural. La UE dice que los objetivos finales de la PAC son mantener la estabilidad de los precios de los alimentos y fomentar la economía rural.

La Unión Europea destina buena parte de su presupuesto a la PAC. En concreto, un tercio del presupuesto comunitario. Las ayudas se conceden esencialmente en función de las medidas fitosanitarias, medioambientales y de bienestar animal que aplique el agricultor y del número de hectáreas que posea.

Éste es uno de los principales problemas, ya que quien recibe más dinero son los grandes propietarios y no el pequeño agricultor, que es quien realmente sufre el incremento de los costes de producción, el exceso de burocracia y la competencia desleal. 

Quien más tierra tiene más dinero recibe y, por lo tanto, más tierras puede acumular. Es un círculo vicioso capitalista que se retroalimenta principalmente de subvenciones. Según Eurostat, en España el 1% de los perceptores de ayudas de la política agrícola común recibe el 23% de las ayudas. En el Estado existen 600.000 perceptores de ayudas de la PAC que no trabajan la tierra. 

Acabar con la competencia desleal

Una de las principales reclamaciones que realizan las organizaciones agrarias al futuro Parlamento europeo es acabar con la competencia desleal de la entrada de productos de terceros países de la Unión Europea. Las condiciones para su producción son menores que para los países comunitarios y esto afecta a los costes de producción. Es decir, el producto que viene de fuera de la Unión Europea tiene que cumplir menos requisitos que el que se produce aquí.

En declaraciones a ACN, Manel Simón, director general de Afrucat, ha apuntado que si el marco europeo es común, habría que crear un marco de regulación de la cadena alimentaria para que un país no sea más restrictivo que otro. En este sentido, Jaume Bernis, del sindicato JARC, asegura que a los campesinos y ganaderos de los países miembros les cuesta mucho más caro producir que al resto de países que no están en la UE.

Esto es así porque las condiciones fijadas por la UE son mucho más estrictas que las que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero, a su vez, se produce la contradicción de que con estos estándares inferiores, estos productos pueden entrar igual a la UE y venderse a un precio inferior.

"Cada vez debemos cumplir más requisitos y exigencias ambientales que no están compensadas mientras entran y se comercializan productos de países de fuera de la Unión Europea que no deben cumplir las mismas normas y exigencias que los que producimos en nuestro país. Hablo de pesticidas, controles de calidad", dijo Caball a Público en una entrevista hace unos meses. 

Sí a la política verde, pero con medida

El sector agricultor en Catalunya está por lo general a favor de las políticas verdes que estipula la agenda 2030, pero reclama a los políticos que pongan "cabeza" a determinadas medidas que al final les acaban asfixiando. Se refieren sobre todo a la prohibición de determinados productos fitosanitarios para frenar plagas que afectan a las cosechas y que les provocan pérdidas y desigualdad hacia los países terceros donde sí pueden utilizarlos.

También apuntan a la ley del bienestar animal, aprobada en el último tramo del mandato europeo, que pondrá muchas condiciones en la producción ganadera como el límite de carga del transporte del ganado en función de la temperatura exterior. Una reivindicación, la de flexibilizar las medidas ambientales, que no comparte todo el sector, como el que representa la Assemblea Pagesa.

Esta defiende un modelo de campesinado local, agroecológico, respetuoso con la tierra y con el medio ambiente y de relación directa con la ciudadanía, lejos de la actual sistema de producción capitalista industrial. Reclama una normativa específica diferenciada de la producción agraria industrializada y un estatuto propio para el pequeño campesinado con vocación pública y menos normativas y burocracia.