Díaz da marcha atrás en la fusión de hospitales para aplacar las protestas

La impotencia del Gobierno de Susana Díaz por su incapacidad de aplacar las protestas de la ciudadania contra la gestión de la sanidad pública ha llegado finalmente a un punto de inflexión: en lo político, a la presión que están ejerciendo los grupos de la oposición, PP, Podemos e IU, que exigen un pleno extraordinario en el Parlamento para abordar el tema, se une ahora Ciudadanos, socio de legislatura del PSOE, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano.

El partido naranja cambió de estrategia por sorpresa el lunes y amagó con exigir la dimisión del consejero de Salud, Aquilino Alonso, si la Junta no reaccionaba con contundencia.

En el plano social, los sindicatos del sector sanitario anunciaron ayer, también por sorpresa, que no acudirían a la mesa de negociación prevista con la cúpula de Salud en protesta por sus interlocutores.

Así de enrarecida estaba la atmósfera, con multitudinarias manifestaciones en la calle y, de paso, con Susana Díaz intentando ganar terreno en las primarias socialistas para dirigir el PSOE.

La Junta deroga toda la normativa sobre fusiones hospitalarias que dio origen a la marea blanca en Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

He aquí el golpe en la mesa que pedía Ciudadanos y los sindicatos médicos: El Gobierno andaluz va a derogar las órdenes de la Consejería de Salud que pusieron en marcha las fusiones hospitalarias en Granada y Huelva, y que han dado pie a las multitudinarias manifestaciones de los últimos dos meses. Hace tan sólo una semana, 50.000 personas, profesionales de la sanidad y usuarios, volvieron a salir a las calles de Granada para exigir a la Junta dos hospitales completos (es la cuarta protesta masiva contra el Ejecutivo autonómico en esta provincia).

La marea blanca contra la gestión de la sanidad pública estaba desgastando la imagen de la política más emblemática del Gobierno andaluz, y la de la propia presidenta Susana Díaz.

Las negociaciones entre la consejería y los sindicatos del sector no han contribuido a aplacar los ánimos, al contrario, las protestas se han extendido a otras provincias (Málaga, Sevilla y Huelva) y han irrumpido en el Parlamento de mano de los partidos de la oposición.

Veinticuatro horas antes, Ciudadanos, el partido que sustenta al Ejecutivo autonómico, endureció su postura sobre este asunto, amenazando con exigir dimisiones en el Gobierno andaluz si no había una respuesta contundente y clara por parte de Salud. PP, Podemos e IU habían censurado a la formación naranja por negarse a aceptar un pleno extraordinario en el Parlamento sobre la crisis en la sanidad pública andaluza, y el grupo que dirige Juan Marín ha terminado con miedo a que le salpiquen las protestas.

Finalmente Díaz ha dado un golpe en la mesa y ha exigido poner el contador a cero, echando por tierra toda la normativa que inició hace cuatro años un proceso para rentabilizar los hospitales en varias provincias.

Además, la presidenta andaluza ha fulminado al viceconsejero de Salud, principal interlocutor con los organizadores de las protestas en Granada (en concreto con el doctor Jesús Candel, conocido como Spiriman), y al gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), número tres de la consejería. El viceconsejero ha sido diana de críticas, denuncias e indultos de Spiriman, a quien denunció en los juzgados por injurias. Tanto él como el ya ex gerente del SAS han presentado su dimisión para que otros interlocutores "mejoren" el diálogo con los sindicatos (un día antes, las organizaciones sindicales habían anunciado por sorpresa que no acudirían a la mesa de negociación).

En sustitución de ellos entrarán la actual directora general de Investigación y Calidad, Maribel Baena, como nueva viceconsejera de Salud, y Mariano Marín, actual gerente del hospital Macarena de Sevilla, como nuevo gerente del SAS. La Junta defiende que han sido dimisiones voluntarias, no ceses ni destituciones.