Aproximadamente una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral y abuso de derechos, según el estudio "Esenciales pero invisibles y explotados" publicado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón.

Actualmente, alrededor de 2,4 millones de migrantes se dedican a la recolección de frutas y verduras en Europa. Según las últimas cifras disponibles, representan una cuarta parte de la fuerza laboral en este sector. Sin embargo, investigadores advierten que este dato podría ser considerablemente mayor, ya que no incluye a aquellos empleados que trabajan de manera no estacional, aquellos contratados a través de agencias intermediarias, ni a los trabajadores indocumentados.

El informe se llevó a cabo mediante la revisión exhaustiva de textos académicos que abordaban los temas de "trabajador migrante" y "agricultura", así como documentos asociados, publicados entre 2018 y 2023. Además, se consultaron materiales redactados por entidades no académicas, como organizaciones. Los autores realizaron un análisis detallado de la literatura identificada, extrayendo fragmentos que trataban temas como las condiciones laborales, el transporte, la vivienda, la salud y la seguridad en el trabajo.

Tras la investigación realizada, el estudio revela una "violación sistemática" de los derechos de los trabajadores migrantes, según la legislación laboral y los principios de derechos humanos establecidos por la Unión Europea. Esta situación se observa en los nueve países analizados que comprenden los cuatro principales productores de frutas y verduras frescas en Europa: España, Italia, Francia y Polonia. También se incluyen dos países del norte del continente, Finlandia y Suecia, para abarcar todo el espacio continental, así como Alemania y Grecia, debido a los programas de migración temporal en sus sectores agrícolas.

"Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea", declaró Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. "Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales", agregó.

Salarios por debajo del mínimo establecido

En los nueve países estudiados, con excepción de Finlandia, se observa que las personas migrantes "regularmente" perciben salarios por debajo del mínimo establecido, y las mujeres suelen recibir remuneraciones más bajas. El informe también destaca una "persistente desigualdad de género". Por ejemplo, en la región española de Huelva, la mitad de las mujeres participantes en las investigaciones indicaron recibir salarios inferiores a los de sus colegas masculinos, mientras que en Italia, las trabajadoras migrantes reportan ganar hasta un 30% menos que los hombres.

"Pese al rol estructural que cumplen los migrantes en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, y que llevó tanto a los Estados como a la propia UE a declararles trabajadores esenciales durante la pandemia, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación", declaró Yoan Molinero Gerbeau, investigador senior del IUEM-Comillas y coautor del informe.

El informe señala que los casos de abuso, desde el abuso sexual hasta tácticas de intimidación y violencia en respuesta a huelgas, son frecuentes en el sector agroalimentario europeo. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular enfrentan un riesgo aún mayor de explotación debido a su situación laboral vulnerable. Se destaca como uno de los casos más extremos el de jornaleros tailandeses que laboran en Suecia, quienes trabajan entre 12 y 19 horas seis días a la semana.

El informe también señala otros elementos que contribuyen a la inseguridad laboral, como los abusos cometidos por intermediarios, la práctica del "trabajo a destajo", que según los autores del estudio conduce a la autoexplotación, y las exigencias de mayoristas o supermercados, en particular los pedidos de última hora.

Alojamientos precarios

Según el informe, el alojamiento de los trabajadores migrantes suele ser descrito como "precario, sobrepoblado, caro y alejado de los centros urbanos". Se han reportado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores de estas viviendas, según testimonios de algunas trabajadoras.

Además, algunos trabajadores residen en asentamientos marginales improvisados que carecen de servicios básicos como agua corriente, electricidad, calefacción y gestión de residuos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades e incendios. Además, se ha constatado que algunos trabajadores se encuentran sin hogar.

Los trabajadores migrantes, según lo denunciado por los investigadores, enfrentan un aislamiento que dificulta su integración en la lengua y la sociedad locales, lo que los deja "más expuestos al control ejercido por parte de los empleadores".

Falta de acceso a servicios de salud 

Además, el informe señala que los accidentes y las lesiones son comunes, ya que los empleadores a menudo no proporcionan la capacitación ni el equipo de protección adecuados, especialmente en España e Italia. Entre los incidentes más frecuentes se encuentran caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y lesiones causadas por el uso incorrecto de maquinaria.

Según los autores del informe, se han registrado casos documentados de trabajadores que sufrieron intoxicación por el uso de pesticidas. Además, se ha destacado un incidente "extremo" en Murcia, donde un hombre perdió la vida después de no recibir agua durante un día completo de trabajo bajo temperaturas de hasta 44 grados.

"Las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola enfrentan numerosos desafíos para acceder a los servicios de salud, desde la falta de información sobre sus derechos hasta barreras administrativas y lingüísticas. Muchos no pueden registrarse en los sistemas de salud debido a la falta de una dirección fija, y aquellos empleados temporalmente a menudo están excluidos de la cobertura sanitaria", ha manifestado Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón.

En este contexto, la Unión Europea ha aprobado una directiva sobre Debida Diligencia que requiere que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en todas las etapas de su cadena de suministro. Según explicaron los investigadores, estas normativas mejorarán el acceso a la justicia y la compensación para las víctimas, al mismo tiempo que impondrán la responsabilidad a la industria agroalimentaria y a los minoristas de prevenir y asumir las consecuencias de las violaciones de derechos humanos.

En sus conclusiones, el estudio aboga por fortalecer la representación de los trabajadores migrantes en los sindicatos, garantizar que reciban capacitación en un idioma que entiendan y accedan al equipo necesario y la incorporación de criterios de respeto a las normas laborales y sociales en las ayudas proporcionadas por la Política Agraria Común (PAC).