La ciencia lleva años marcando el camino y las hojas de ruta para la lucha contra la crisis climática. Desde diferentes ámbitos académicos, apoyándose en estudios de campo, los expertos reclaman medidas urgentes que mitiguen las consecuencias de una crisis ecológica que transformará la vida en todas sus formas. El tiempo se agota. Ahora, con el abismo cerca, los gobiernos nacionales empiezan a actuar, articulando sus propios mecanismos que permitan adaptar la economía a los tiempos de incertidumbre climática que se avecinan. En ese sentido, España se sitúa ante el doble reto de impulsar –con años de retraso– su propia Ley de Cambio Climático y dotarla de herramientas que garanticen una aplicación sin fisuras y acorde con la ciencia.

Una de esas herramienta es el denominado Comité de Cambio Climático Independiente que ya se ha implementado en Reino Unido. Se trata de un organismo de carácter científico que, a groso modo, vigila las actuaciones del Gobierno en sus políticas desde el punto de vista ambiental.

Pero ¿quién decide sus integrantes? El modelo británico vuelve a servir de ejemplo. Así, la idea es que sean las autoridades nacionales, a través del Parlamento, quienes designen sus componentes bajo criterios de experiencia en cambio climático. Además, los componentes no pueden ser cesados, salvo que haya motivos de incumplimiento de sus funciones. El consejo de expertos, por otra parte, debe llevar a cabo una labor de asesoramiento en materias relacionadas con el cambio climático y, en caso de que el Gobierno se desmarque de sus consejos o advertencias, debe hacer público los motivos por los que se omiten las advertencias de la ciencia.

"El papel de la ciencia ha sido fundamental en el desarrollo de la legislación para hacer frente al cambio climático. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) es un ejemplo claro a nivel internacional", explica Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Medio Ambiente (IIDMA), que ha presentado un informe sobre los beneficios de crear una entidad similar en España.

"Hace tiempo que contamos con evidencias científicas suficientes que nos alertan de que estamos ante una emergencia climática. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora no han ido a la par, siendo poco ambiciosas. El rol de la comunidad científica en sus diferentes disciplinas, incluidas las ciencias sociales, es fundamental. Las decisiones políticas deben alinearse a las evidencias que nos muestran", ha valorado.

En España, no en vano, existen ejemplos previos que podrían asimilarse a este comité científico. El Consejo Nacional del Clima –creado de cara a la Cumbre de Río (1992)– o la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático –cuyas funciones van enfocadas a la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas– son algunos de los precedentes, sin embargo, se trata de órganos colegiados sin personalidad jurídica y de poca trascendencia política.

En ese sentido, con el comité científico británico como referencia, el IIDMA señala que el organismo de expertos sobre cambio climático debe regirse, en primer lugar, por el principio de "independencia". Se plantea así, que los miembros que trabajen en esta entidad no tengan ninguna relación directa con el Gobierno de turno, la administración pública y organizaciones privadas. Ello requiere de una dotación presupuestaria amplia para garantizar que los profesionales puedan tener recursos suficientes para llevar a cabo sus labores de investigación y asesoramiento.

"Se necesita una herramienta con esas características", valora Juan López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados. "He participado en algunos de los comités ya existentes, por ejemplo del Consejo Nacional del Clima, y son herramientas muy dependientes del poder político", sostiene. Si bien es cierto que un organismo científico que vigile las actuaciones gubernamentales se presenta como una necesidad, López de Uralde recalca que "el problema real" tiene que ver con la voluntad política, ya que a nivel internacional el IPCC y las Cumbres del Clima se presentan como mecanismos imprescindibles para atajar la crisis climática, pero la falta de liderazgo global ha terminado echando por tierra los reclamos de la ciencia.

Para el diputado ecologista de Unidas-Podemos, existen complejidades técnicas a la hora de incluir este organismo dentro de la propia Ley de Cambio Climático que elabora el Gobierno. Tanto es así, que reclama una ley propia que permita dotar al comité en cuestión de autonomía e independencia, tal y como ocurre con el Consejo de Seguridad Nuclear, que se sostiene por una legislación propia (Ley 15/1980, de 22 de abril).