Etiopía, Yemen, Gaza, Rusia, Francia, Afganistán, El Salvador, China, Estados Unidos y España. Los derechos humanos brillan por su ausencia en buena parte del globo terráqueo. Las instituciones públicas y los grupos armados no solo tratan a la población civil como "sacrificable", sino que normalizan la censura, el uso ilegítimo de la fuerza y las torturas. Amnistía Internacional ha presentado este martes su informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2023, una revisión que pone el foco en las más de 30 guerras que se extienden por todo el planeta y los riesgos de la inteligencia artificial.

"El informe presenta un sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos, todo ello en un contexto de desigualdad global creciente, con potencias que compiten por la supremacía y en pleno agravamiento de la crisis climática", ha señalado la secretaria general de la organización, Agnès Callamard. El estudio sostiene que en un mundo cada vez más precario, la proliferación y el despliegue de tecnologías como la inteligencia artificial generativa pueden convertirse en un "peligroso enemigo" para los derechos y libertades de las minorías.

Amnistía Internacional reconoce en su informe que estamos en un momento "decisivo" para el sistema internacional de derechos humanos. El número de personas que viven en países democráticos ha retrocedido este año hasta niveles de 1985, mucho antes de la caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la excarcelación de Nelson Mandela. "Los principales gobiernos y otros actores empresariales están atacando las normas establecidas. Esto nos conduce hacia un mundo sin derechos humanos", denuncia Esteban Beltrán, director general de la organización en España.

El desorden, la discriminación y la impunidad en los conflictos armados –fundamentalmente, en la Franja de Gaza– se han visto acentuados por la falta de reprobación internacional y el empleo descontrolado de las nuevas tecnologías. "El problema es que los gobiernos más poderosos del mundo [China, Rusia y Estados Unidos] tienen mucha capacidad de control. El derecho al veto en la ONU es una amenaza enorme contra el derecho internacional. Llama la atención la falta de acción de los aliados de Israel para detener esta masacre. EEUU, Alemania y Reino Unido tienen la llave para conseguir un alto el fuego y parar el genocidio", añade Beltrán.

En Gaza, ocho de cada diez personas han tenido que abandonar sus hogares y viven desplazadas en campos de refugiados. Pero este no es el único conflicto activo en el que se vulneran las libertades de la ciudadanía. Los grupos armados y las fuerzas de seguridad nacionales han sumido la República Democrática del Congo en una crisis humanitaria sin precedentes. En la provincia de Kivu Septentrional, se han contabilizado 38.000 casos de violencia sexual solo durante el primer trimestre del año. En Sudán, 12.000 civiles han sido asesinados por las milicias entre abril y diciembre de 2023. La inteligencia artificial y el reconocimiento facial también perpetúan el racismo y el apartheid institucional. 

Las tecnologías perpetúan la discriminación racial

El rápido desarrollo tecnológico sirve de trampolín para la normalización del racismo, la discriminación y la división, todo ello en un año clave con elecciones en Europa y Estados Unidos. "La inteligencia artificial no es racista per se, pero la falta de regulación, transparencia y reparación traslada al mundo digital los sesgos racistas que existen en la sociedad. Esto se puede cambiar con un compromiso exhaustivo de las instituciones internacionales, nacionales y locales", recuerda Beatriz Martos, responsable de campañas de tecnología y derechos humanos en Amnistía Internacional España.

El pasado mes de febrero entró en vigor la Ley de Servicios Digitales de la UE. Amnistía Internacional ha definido el texto como "imperfecto" e "incompleto", pero reconoce que su tramitación generó un "necesario debate global" sobre la importancia de vigilar este tipo de prácticas. "Es el futuro que nos espera y no hará más que empeorar si no limitamos la proliferación desenfrenada de tecnologías no reguladas", ha señalado Agnès Callamard.

El informe pone de manifiesto cómo decenas de países confiaron la gobernanza de la migración y el control de fronteras a herramientas digitales y técnicas biométricas. "Tenemos estudios que demuestran que existe una relación directa entre el incremento de muertes y el despliegue de la inteligencia artificial en las fronteras. Las personas migrantes, para evitar estas tecnologías, toman rutas más peligrosas", advierte Beatriz Martos. La Policía de Nueva York ha utilizado el reconocimiento facial para identificar a la población afroamericana en manifestaciones como las del #BlackLivesMatter o el #MeToo.

Israel también lleva meses haciendo uso de estos mecanismos para mantener bajo control a la población de los territorios ocupados. El Red Wolf es un sistema de reconocimiento facial que sirve para monitorizar y afianzar el apartheid contra las familias de Gaza y Cisjordania. "Esto es recurrente. No hablamos solo de todo lo que vino después de octubre de 2023", detallan desde Amnistía Internacional. La organización también pone el foco en la automatización de los estados de bienestar y la concesión o denegación de ayudas públicas. "Los recursos quedan en manos de algoritmos que perpetúan patrones discriminatorios, porque carecen de la evaluación necesaria. Las administraciones lo saben y ni lo han cambiado ni han reparado a las víctimas", sentencia la responsable de campañas de la plataforma.

En Serbia, un sistema algorítmico –financiado por el Banco Mundial– provocó que miles de personas quedasen fuera de un paquete vital de bonos sociales. La población romaní y las personas con discapacidad fueron los grupos más afectados. Lo mismo ha ocurrido en Países Bajos, donde el sistema de otorgación de ayudas para escuelas infantiles excluyó de forma sistemática a las familias migrantes. "El problema no es solo la discriminación, que también, sino la falta de un protocolo de reparación para las víctimas, que normalmente son gente racializada o que pertenece a minorías étnicas", detalla Martos.

España y sus 'cuentas' pendientes

El informe dedica varias páginas a analizar la situación de los derechos humanos en los países europeos. Francia, Alemania, Polonia o Hungría han prohibido durante los últimos meses las protestas solidarias con el pueblo palestino. España las ha permitido, pero no por ello se libra de tener otras cuentas pendientes. "El problema aquí es endémico y la impunidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado amenaza igualmente tanto la libertad de expresión como la de manifestación", reconoce Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional cuestiona los procedimientos de rendición de cuentas que aplican las autoridades españolas y recuerda alguno de los últimos pinchazos de nuestro modelo. "No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las 35.000 muertes en residencias durante la pandemia o la tragedia de Melilla. Esto no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad", explica Esteban Beltrán. El uso desmesurado de la fuerza policial y la lista de personas espiadas a través de Pegasus no hacen más que acentuar las incógnitas. "El único mensaje positivo que sacamos del informe tiene que ver con la respuesta de la gente –pese a las múltiples trabas– ante la crisis climática, el genocidio en Gaza o los abusos de poder", concluyen desde la plataforma.