La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha visitado esta semana España para exponer las principales preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos. La delegación del colectivo se ha reunido con varios ministros —Yolanda Díaz, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares— y representantes de la oposición con el objetivo de poner en común sus inquietudes y presentar una agenda de retos para esta legislatura. El genocidio en Gaza y las políticas migratorias han centrado buena parte del debate. 

"El sufrimiento de la población palestina merece que todos los actores políticos en España y en el mundo dejen a un lado sus diferencias. No es momento de hacer campaña para ganar votos. Tienen que acordar una agenda común, basada en el Derecho Internacional y los derechos humanos, para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza", ha señalado la relatora francesa. El documento presentado por la asociación se estructura en torno a 14 puntos clave para "garantizar el avance de derechos humanos durante toda la legislatura".

Amnistía Internacional ha instado al Gobierno español a promover "activamente" el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental frente a las autoridades marroquíes. La agenda pone el foco en la necesidad de "permitir la inscripción de las organizaciones independientes en el registro oficial y poner fin a la intimidación de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos". La organización también pide a las autoridades españolas condenar las torturas y acentuar su compromiso con el referéndum saharaui. 

Marlaska, reacio a investigar la tragedia de Melilla

"Estamos en un momento crítico para España y para el mundo. El Gobierno se ha comprometido a considerar algunas de nuestras reivindicaciones", ha argumentado la secretaria general de la plataforma. El texto recoge la necesidad de adoptar una nueva Ley de Secretos Oficiales para garantizar que las vulneraciones de derechos humanos no prescriben —como ha ocurrido con algunos crímenes franquistas— y que los organismos públicos respetan la Ley de Memoria Democrática. Además, la asociación cree que el Gobierno debe "saldar" su deuda con la Ley de Bebés Robados.

Amnistía Internacional ​también considera imprescindible investigar la tragedia de Melilla y acabar con las devoluciones en caliente de personas migrantes. "Las autoridades en general y el ministro del Interior en particular no están dispuestas a llevar a cabo una investigación independiente sobre lo ocurrido. Es cierto que existen informes previos, pero creemos que no cumplen con el estándar internacional requerido para investigar asesinatos arbitrarios y desapariciones", lamentó la relatora francesa.

"La respuesta de Marlaska ha sido evasiva. El ministro dice que no se cometieron violaciones de derechos humanos, porque supuestamente no se ha encontrado ningún cuerpo en suelo español. La gente salta la valla y se arriesga a nadar porque no puede solicitar asilo. Tenemos una cuenta pendiente con Ceuta y Melilla", ha explicado Esteban Beltrán, director de la asociación en España. El documento pide a las instituciones españolas y europeas adoptar una política de refugio e inmigración que tenga en cuenta los derechos humanos y facilite vías legales y seguras para acceder al país.

El colectivo ha elevado la presión para llevar a cabo una reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. "El Ministerio del Interior ha manifestado su intención de tratar este asunto. La pasada legislatura tuvieron la oportunidad de cambiar el texto, pero no llegaron a ningún acuerdo", ha añadido Beltrán. Amnistía Internacional ​ha instado al Gobierno a proteger el derecho de los españoles a protestar, prohibiendo el uso de pelotas de goma y forzando a los policías que hacen un "uso excesivo de la fuerza" a rendir cuentas.

La plataforma ha insistido en la importancia de formar a los trabajadores de los centros sanitarios, judiciales y policiales para que apliquen una perspectiva feminista y ha subrayado la necesidad de incluir a las trabajadoras sexuales en la "elaboración de todo marco normativo" que les pueda afectar directa o indirectamente. La petición llega varios días después de que el PSOE hiciera pública su intención de retomar el plan para abolir el trabajo sexual durante esta legislatura. 

El bloqueo definitivo de los envíos de munición a Israel

España autorizó la venta de material militar a Israel por valor de 44 millones de euros durante el primer semestre de 2023, poco antes de la reactivación del conflicto entre Tel Aviv y las milicias palestinas. Amnistía Internacional ha celebrado que el Gobierno decidiese más tarde suspender la exportación de armas al Ejército de Benjamín Netanyahu, pero insiste en que la decisión debe ser "integral y permanente". 

"España ha sido una especie de excepción a nivel mundial. El Gobierno ha apoyado el proceso de la Corte Penal Internacional [contra Israel] y ha mantenido la financiación de ACNUR, aunque muchos gobiernos europeos y Estados Unidos han adoptado la postura contraria. Las autoridades españoles, sin embargo, todavía pueden hacer más", ha precisado Callamard. La organización insiste en forzar a los organismos europeos a prohibir la importación de productos procedentes de los territorios ocupados.

​La relatora francesa también ha pedido a las autoridades competentes hacer presión para "desmantelar el sistema de apartheid" impuesto por Israel, mejorar la transparencia en términos comerciales y condenar con firmeza los "ataques indiscriminados" contra la población civil. Desde que Netanyahu lanzó su ofensiva militar, 30.000 personas han sido asesinadas en la Franja, lo que supone un total de 150 palestinos muertos cada día, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. 

Amnistía Internacional recoge en el documento la necesidad de terminar con el "doble rasero" que evita tomar medidas contundentes ante los crímenes de guerra y promover la ratificación de tratados internacionales para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Además, la plataforma reivindica la necesidad de "detener la invasión rusa en Ucrania" y poner en marcha medidas para garantizar la libertad de expresión de la población perseguida en otros países como Arabia Saudí, Egipto, Irán y Venezuela.