Los gobiernos autonómicos de PP y Vox han encontrado un nuevo enemigo contra el que atizar en su particular "guerra cultural": las leyes de memoria democrática. Tras las elecciones del pasado 28M, los populares entraron en seis parlamentos regionales de la mano de la extrema derecha. La formación ultra puso como condición derogar todos los avances cosechados en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. El País Valencià, Aragón, Illes Balears y Castilla y León tramitan ahora por la vía urgente unas "leyes de la concordia" que lo último que buscan es, precisamente, concordar. 

"Esto supone dar un paso atrás considerable. El PP abandona el consenso que se había alcanzado en la declaración institucional del Congreso en 2002. Las proposiciones que han presentado no hacen ninguna referencia a la dictadura franquista, no le ponen apellido. Tampoco hablan de víctimas de la dictadura, pero sí de víctimas de la Segunda República, que no existen", señala Toni Morant, profesor de Historia Contemporánea y miembro del Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València. Las asociaciones memorialistas alertaron hace un par de semanas en Bruselas de la "ofensiva" de PP y Vox y no descartan emprender acciones legales. 

Aragón es la primera comunidad que ha terminado los trámites parlamentarios y ha derogado su Ley de Memoria, aprobada en 2018. La excusa que utilizaron los populares y sus socios de Gobierno en el preámbulo del texto fue que la norma imponía un "relato oficial". Enrique Gómez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), asegura que el proceso ha sido "sorprendente por su celeridad" y denuncia la falta de transparencia. "La derogación la presentaron el 20 de noviembre. La fecha no fue casual [coincide con el aniversario de la muerte del dictador]. Todavía no hemos visto nada sobre el papel, ¿pero le llaman ley de concordia y la presentan un 20 de noviembre?", se pregunta el activista. 

La derecha y la extrema derecha pretenden equiparar de esta manera a las víctimas de la Segunda República con las del período de la Guerra Civil y la dictadura franquista. "Nosotros no vamos a sentarnos con ellos mientras no veamos un cambio de actitud. Lo que sí te puedo garantizar es que hemos recibido más peticiones que nunca de institutos, administraciones y asociaciones para hacer charlas y actividades de divulgación", añade Enrique Gómez. El decreto presentado por PP y Vox en las Cortes de Aragón impide hablar de memoria en los colegios, elimina el listado de asociaciones memorialistas, suprime los centros de investigación y oculta el mapa de fosas que existe en la comunidad.

En Illes Balears la propuesta llegó a la Mesa del Parlament el pasado 10 de abril, cuatro días antes de la fecha en la que se conmemora la proclamación de la Segunda República. La situación en el archipiélago es un tanto peculiar. El anterior Ejecutivo, liderado por la socialista Francina Armengol, aprobó dos leyes distintas. Por un lado, estaba la norma que regulaba la apertura de fosas y exhumaciones y, por otro, una con todo lo que tenía que ver con cuestiones de memoria democrática. Vox acordó con el PP la derogación de este último texto por considerar que una "sociedad madura" como la balear debe oponerse a "cualquier intento gubernamental" de "arrasar con las variadas memorias individuales y familiares". La misma formación que redacta estas líneas intenta imponer a golpe de decreto sus propios argumentos.

"La propuesta es digna de leer, porque replica la versión oficial del bando franquista. El PP ha vendido la memoria de las víctimas. Lo poco que están haciendo es casi a escondidas y porque había arrancado durante la anterior legislatura", advierte María Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memòria de Mallorca y nieta de una víctima de desaparición forzada todavía sin localizar. Los populares respaldaron en su día la norma que ahora, por petición de la extrema derecha, quieren derogar. "En Balears todavía tenemos localidades en las que persisten estatuas y elementos con simbología franquista. La Ley de Memoria nos amparaba y podíamos pedir su retirada, porque había sanciones. Ahora todo esto se acabó", continúa Oliver.

El encargado de presentar la iniciativa parlamentaria ha sido el diputado de Vox Sergio Rodríguez, secretario general del partido en las islas. En marzo de 2021, pidió en la cámara balear "fumigar" la Secretaría de Memòria Democrática y "acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches" que trabajaban en ella. El PP y Vox cerraron el organismo nada más llegar al Gobierno. "¿Este individuo es el que va a encargarse de las leyes de concordia?", denuncia la presidenta de la Asociación de Memòria de Mallorca, que ha convocado una manifestación para el próximo 2 de junio. El pasado mes de marzo, Mañueco y García-Gallardo presentaron en Castilla y León el decreto para tumbar la Ley de Memoria entre acusaciones de querer "resucitar el franquismo". 

La ofensiva llega al País Valencià

La última contienda ha tenido lugar la semana pasada en la Generalitat valenciana. La tramitación parlamentaria de la "ley de concordia" ha arrancado con la amenaza de tumbar todos los avances que supuso la anterior Ley de Memoria Democrática. El Gobierno de Carlos Mazón tiene previsto aprobar definitivamente la propuesta antes de las vacaciones de verano. "Lo quieren tramitar de urgencia para prohibir los contenidos relacionados con la memoria antes de que empiece el curso escolar. Esto demuestra una inseguridad enorme. Si realmente confían en su norma, ¿por qué no la someten a debate en el parlamento?", cuestiona Toni Morant. 

El president de la Generalitat trató de calmar las aguas al definir el franquismo como una dictadura, pero esta no es la postura que han adoptado sus socios de Gobierno. La consellera de Justicia e Interior del País Valencià, Elisa Nuñez (Vox), se ha referido al dictador Francisco Franco como un "personaje histórico". La dirigente ultra también ha dicho que no le gusta "catalogar" las cosas y ha pedido "no hablar de conceptos". El texto que han presentado la derecha y la extrema derecha en Les Corts sigue la estela de los que han sacado adelante el resto de comunidades y equipara a las víctimas de la dictadura con las del régimen democrático de la Segunda República.

"Esta propuesta tiene mucho de orwelliano, porque no persigue concordia ninguna. El objetivo común de la extrema derecha es silenciar lo poco que se ha hablado de la represión y de los períodos que les resultan incómodos, porque una parte de su electorado comulga con ellos. Lo que pretenden es equiparar sistemas y mezclar conceptos, como el del terrorismo. Esto dará pie a la financiación pública de actos que busquen mantener con vida el fantasma de ETA", añade el profesor de Historia Contemporánea. La censura en el País Valencià también ha llegado al terreno académico, con el recorte de fondos para conferencias y actividades de divulgación sobre la dictadura.

La represión franquista desaparece por completo de la nueva norma, que habla de "víctimas de carácter social o político" y "víctimas del terrorismo" –aunque estas últimas ya tienen sus propios estatutos–. El texto también abre la puerta a la conservación de espacios como la cruz franquista de Elx, un monumento que PP y Vox intentan mantener en pie bajo el paraguas de su nueva ley. "Esto va a perpetuar el desequilibrio de memorias que arrastramos desde hace décadas. No pueden recibir el mismo tratamiento quienes murieron por destruir una democracia que quienes lo hicieron por salvarla", sentencian los expertos. La derecha se escuda en el rechazo a la "imposición" de un criterio oficial, como si la memoria de las víctimas fuese rebatible, aunque la cosa parece que cambia cuando ese criterio coincide con el suyo.