La Comunidad de Madrid desatendió a las menores que una mafia obligaba a prostituirse y que vivían en sus centros de acogida

Diez niñas menores de edad fueron sometidas a todos tipo de vejaciones, abusos sexuales, prostitución, consumo y tráfico de drogas, a pesar de que muchas de ellas estaban acogidas en centros de menores de la Comunidad de Madrid.

Este lunes los medios de comunicación se hacían eco de una redada policial que había detenido a 37 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a diez menores. Las informaciones afirmaban que éstas estaban tuteladas por centros de la Comunidad de Madrid. Pocos minutos después, el propio Gobierno regional desmentía esta información en sus redes sociales, con una escueta frase que decía: "Esto es falso. Las menores captadas por la organización y liberadas durante la operación policial no estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid". La Comunidad de Madrid lleva desde entonces dando información contradictoria o simplemente falsa sobre su responsabilidad en relación estas niñas.

Este martes, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social que dirige la popular Concepción Dancausa volvían a negar a Público que las menores se encontraran acogidas en centros regentados por la Comunidad de Madrid antes de que se produjeran las detenciones policiales y que sólo cuatro de ellas han sido ingresadas en centros de acogida de menores "a posteriori", una vez realizada la acción policial. Afirman que tras las detenciones una de ellas ha sido ingresada en un centro de menores que la Comunidad tiene en Paracuellos del Jarama y que otras tres se encuentran ahora en el centro de Hortaleza.

Sin embargo, este información ha sido desmentida tanto por la Policía, como por otras fuentes oficiales consultadas por este diario. Según estas últimas, al menos cinco de las menores se encontraban acogidas en centros dependientes de la Comunidad de Madrid mientras se producían estos hechos. Cuatro de ellas en el centro de protección del menor Picón del Jarama y otra en el de Hortaleza.

También los datos aportados por la Policía desmienten la afirmación del departamento dirigido por Dancausa. Según explicó un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid a Público, la investigación comenzó de forma fortuita el pasado mes de abril, cuando una patrulla policial "daban cuenta de que una menor interna en un centro de menores de la Comunidad de Madrid se fuga del mismo con cierta asiduidad, tomando contacto con personas mayores de edad con las que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero y de drogas". Estos hechos, afirman, fueron ratificados por la propia menor en una primera exploración, pero no quiso colaborar más ni ahondar en detalles. Aquí arranca la investigación, que no tuvo frutos hasta que en agosto pasado, se vuelve a localizar a la menor "fugada del centro" y en los trámites para reintegrarla al centro de menores, la niña cuenta que además de ella hay otras menores en la misma situación y que estaban siendo "utilizadas sexualmente y para la venta de drogas por un grupo organizado", formado principalmente por dominicanos relacionados con bandas latinas, aclaran fuentes policiales. 

A partir de ese momento la investigación avanza. En noviembre se cierra con la detención de 37 personas y la liberación de las menores. Según una nota distribuida por la Dirección General de la Policía, otras menores con la que la denunciante "compartían lugar de residencia" se encontraban en la misma situación. Los investigadores afirman que la red contactaba con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.

El informe policial afirma que en las menores eran obligadas a "distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores". Otras veces la mafia trasladaba a las menores a "un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas".

Las vejaciones a las que sometían a las niñas eran terribles. La Policía encontró un zulo en una peluquería del barrio de Puente de Vallecas sin ventilación y con una cama se violaba a las menores. Otra de ellas estuvo hasta tres días encerrada en una habitación de un narcopiso del distrito madrileño de Usera regenteado por una de las ahora detenidas. Allí, relata el informe policial se ofrecía a los clientes que iban a recoger la droga mantener relaciones con la menor. 

Fuentes policiales afirman a este periódico que tras liberación de las menores, éstas fueron entregadas a centros de protección y en la actualidad tres de ellas están en un centro de acogida en régimen cerrado, otra ha sido entregada a su familia, una ha cumplido la mayoría de edad (por lo cual no se la podía ingresar en un centro) y el resto están en régimen abierto en centros de protección de menores de Comunidad de Madrid, un dato que contrasta con el ofrecido a este periódico por la propia Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad.

¿Dónde están las menores y qué ayuda reciben?

Los menores pueden ingresar en centros de la comunidad de Madrid en diversas modalidades. Pueden ser porque estén tutelados por la Comunidad de Madrid, es decir, porque los progenitores hayan perdido la patria potestad o la custodia de sus hijos, o en régimen de acogida aunque la tutela la sigan entiendo los progenitores. En cualquiera de los dos casos, los menores están bajo la custodia de las instituciones públicas, que son responsables de su bienestar y su seguridad. En el caso de los adolescentes que no estén ingresados en régimen cerrado, éstos pueden salir y entrar del centro por las tardes cuando no están en horarios escolares. 

Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid tiene muchas preguntas y una gran indignación. Su grupo acaba de pedir al comparecencia de la consejera Concepción Dancausa para que de explicaciones sobre las actuaciones de su departamento en este asunto y piden que se inicie una investigación sobre los hechos. 

"Lo que nos parece más indignante es la falta de detección y de prevención", afirma la diputada socialista, que recalca que ya había indicios desde el pasado mes de abril sobre la explotación sexual de al menos una de las menores que residía en un centro de acogida del Gobierno regional. 

Exigen a la Consejera dar explicaciones sobre qué medidas se han tomado y que explique dónde están estas niñas y qué medidas de ayuda y reparación se han emprendido. "Tenemos indicios de que están en los mismos centros que las desprotegieron, que ni siquiera tienen los medios para atender y repararlas de un trauma tremendo como el que han vivido. Estamos hablando de que cayeron en las manos de mafias internacionales de delincuencia y necesitarán atención especial por lo que han vivido", afirma Morales y explica que la Comunidad de Madrid tiene un centro especializado en estas violencias gestionado conjuntamente con la Asociación para la Prevencion, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), que suele estar saturado. 

Morales destaca el hecho de que la actuación Policial surgiera de una casualidad, como es la de devolver a una menor a un centro de acogida y no por una denuncia de la propia Comunidad y lanza una serie de preguntas que hasta el momento no han tenido respuesta: ¿Dónde están estas menores? ¿Que medidas de reparación se han puesto en marcha? ¿Qué medidas está adoptando la consejería de Políticas Sociales para que no vuelva a suceder?. Si una de ellas ha cumplido la mayoría de edad y no puede ir a un centro de acogida, ¿cómo se asegura su reparación?

La comunidad de Madrid tiene un total de 4.000 menores tutelados, de los cuales el 60% están en entornos familiares y unos 1.500 permanecen en centros de acogida.