"Colgaré la toga si es culpable": estos son los abogados de los presuntos asesinos de Samuel y sus estrategias

Cada vez que entran y salen de la Audiencia Provincial de A Coruña, un enjambre de periodistas armados de cámaras, móviles y micros asaltan a los abogados del caso Samuel, justo antes de que lleguen a la escalinata bajo el letrero que preside la entrada del edificio y que reza: Fabrica de Tabacos. Sucede que la sede del organismo judicial está ubicada en lo que durante el siglo XIX y parte del XX fue factoría de esas labores, y quienes lo rehabilitaron hace una década decidieron mantener su antigua designación en letras de bronce sobre el muro. 

Muchos de los periodistas que cubren el juicio, parte del público que asiste a las sesiones y alguno de los cinco abogados de los otros tantos acusados de matar a Samuel Luiz, son fumadores. Y es habitual verlos durante los recesos de la vista con el móvil pegado a la oreja o comentando las últimas noticias del juicio, cigarrillo en mano en lo alto de la escalinata bajo la citada leyenda, convertida en photocall de medios desde que empezó el juicio hace ahora justamente dos semanas. Entonces, al inicio de las sesiones, los cinco letrados pidieron la libre absolución de sus clientes: Diego Montañana, Catherine Silva, Kaio Amaral Silva, Alejandro Míguez y Alejandro Freire.

Las defensas basan sus estrategias en defender que sus clientes son inocentes de los delitos de los que se les acusa –asesinato con saña y alevosía con la agravante de homofobia en los dos primeros casos y con robo con violencia en el caso de Kaio Amaral–, y por convencer a los miembros del jurado de la inconsistencia de las pruebas documentales y la falta de testimonios contundentes que apunten a que participaron activa y decisivamente en el linchamiento de Samuel. Y de que no se trató de un crimen homófobo. Su plan también descansa en subrayar su confianza personal en su inocencia, tanto dentro de la sala de vistas como en sus declaraciones diarias a los medios.

"Cuelgo la toga si me equivoco", dijo el primer día Luciano Prado del Río, defensor de Catherine Silva, la única mujer en el banquillo y para quien las acusaciones piden 25 años de cárcel. Cuando sucedieron los hechos ella era la novia de Diego Montaña, acusado de iniciar la brutal agresión contra Samuel, en su presencia y con su aliento. Para él se piden otros 25 años.

El abogado de Montaña, Luis Salgado Carbajales, sostiene una tesis parecida a la de Prado, como expuso en su alegato inicial el pasado 16 de octubre: "Mi intención no es engañarles. Si durante esta vista las pruebas me llevan a concluir que Diego golpeó a Samuel con la intención de causar su muerte, cambiaré mi calificación y mi petición de absolución. Pero a ustedes les corresponde ser justos, no justicieros", reclamó el primer día apuntando directamente a la conciencia de los jurados.

"Mi defendido no es un asesino"

El letrado de Alejandro Míguez –22 años de carcel–, José Manuel Ferreiro, incidió ese día en la misma línea: "Mi defendido será un cobarde, un montón de basura, merecerá su desprecio por no haber ayudado a Samuel. Pero no es un asesino", señaló.

A las defensas les preocupa el juicio paralelo que pueden haber padecido los acusados por la repercusión social del crimen, exprimido hasta el extremo, por su brutalidad, en las tertulias y debates que manejan los estados de la opinión publica. Y que, con toda legitimidad,  tratan de desmontar con argumentos jurídicos ante cualquier intoxicación que pueda afectar al veredicto del jurado.

"La inocencia se presume, no se prueba, señaló el abogado de Alejandro Freire –22 años de prisión–, Diego Freire Rumbo, apelando a lo mas obvio del derecho penal procesal. El de Kaio Amaral Silva –27 años de reclusión– , José Ramón Sierra Sánchez, incluso rememoró el caso de Dolores Vázquez, condenada en 2001 por un jurado popular por el asesinato de Rocío Wanninkhof y absuelta posteriormente al descubrirse, casi por casualidad y gracias a una certera prueba de ADN, al verdadero asesino. "Dolores era de Betanzos, muy cerca de aquí", le recordó Sierra al jurado.

Los cinco abogados son penalistas expertos, y al menos cuatro gozan de renombre en el mundillo judicial por haber participado en casos no tan mediáticos como el de Samuel, pero sí sonados en la crónica negra de la prensa local, regional y estatal.

Defensor de "El Chicle"

Sierra fue defensor de José Enrique Abuín, el Chicle, condenado por el asesinato de Diana Quer en 2016 A Probra do Caramiñal (A Coruña). Prado ejerció la acusación particular en el de Jessica Méndez, muerta en 2022 por su expareja en la localidad de Verducido, en Barros (Pontevedra). Luis Salgado defendió a uno de los acusados del conocido como crimen de A Esmorga, en Ourense, por la muerte en 2014 del ciudadano rumano Alexandru Walter. Desde el pasado enero, José Manuel Ferreiro representa a un joven acusado de matar a patadas a su padre en Narón (Ferrol, A Coruña).

En los recesos del juicio por la muerte de Samuel –este martes no los ha habido, porque la jueza ha decidido dar un descanso al jurado y ha suspendido las sesiones hasta el miércoles–, varios de los letrados comparten pitillo y momentos de animado corrillo en la escalinata de acceso a la Audiencia Provincial, justo bajo el letrero de la antigua fábirca de tabacos. O se reparten a escote café con pincho en alguno de los bares de los alrededores.

Lo fácil, desde fuera, es aventurar que están intercambiando opiniones sobre la declaración de algún testigo, sobre las preguntas de la fiscal y de los abogados de las acusaciones –que, por cierto, no fuman–, o sobre alguna de las indicaciones procesales de la jueza.

Es lo fácil, porque también se puede intuir que bajo esa apariencia de buen rollo descansan intereses opuestos: sus defendidos se señalan entre ellos como responsables del crimen, y varios testigos presenciales, incluso de parte, apuntan a la culpabilidad de unos cuando tratan de exculpar a otros. Y apuntan a que a Samuel lo mataron entre todos porque intuyeron en él una condición sexual que despreciaban.

La primera huelga feminista de Galicia

Hace casi 167 años, en diciembre de 1857, en la Fábrica de Tabacos de A Coruña, donde hoy tiene su sede la Audiencia Provincial, se armó la primera huelga feminista de Galicia, una de las primeras de España y espoleta del movimiento sindical de mujeres trabajadoras. Más de 4.000 cigarreras, muchas de ellas niñas menores de edad que ni siquiera alcanzaban los 14 años, encendieron a toda la ciudad con sus protestas contra la explotación a la que se las sometía, contra la precariedad de sus condiciones y contra la mecanización que amenazaba sus puestos de trabajo.

Es imposible salir de un receso de la vista oral del juicio de Samuel y encender un pitillo bajo la lluvia y el letrero de la antigua fábrica de tabacos sin recordarlo, y sin preguntarse qué opinaría él de las cigarreras, o cómo habrían reaccionado ellas ante su muerte.

Da igual. Aunque sea el mismo humo, el viento frío del otoño coruñés se lleva al mar las volutas azules junto a las palabras que los abogados defensores de los acusados de matar a Samuel exponen cada día a la entrada de la Audiencia Provincial y en la sala de vistas. "Son inocentes". ¿De verdad? Fumar mata.