Los circos lo tienen cada vez más difícil para explotar animales salvajes o silvestres en sus actuaciones: al menos 475 municipios, entre los que se encuentran el grueso de las principales ciudades del país, y cuatro comunidades autónomas, a las que van a sumarse Aragón y el País Valencià, han prohibido su utilización en espectáculos circenses dentro de sus territorios, una reivindicación del movimiento animalista que está logrando convertirse en mayoritaria.

Esas cifras suponen que la explotación de animales en circos está vetada, o en vías de estarlo, en municipios y comunidades en los que residen más de 29 millones de personas, casi dos tercios de los 46,5 habitantes censados en el país.

Los primeros parlamentos autonómicos en aprobar leyes restrictivas con este tipo de explotación animal en sus territorios fueron los de Catalunya, en 2015, y los de Galicia, Murcia y Balears el año pasado. Suman 12,2 millones de habitantes, a los que próximamente se sumarán los 1,3 de Aragón. Otros, como las Corts valencianas (4,9 millones), tienen una norma similar en tramitación.

Paralelamente, 24 capitales de provincia de otras comunidades que suman 5,2 millones de habitantes, y entre las que destacan Valencia (787.808 habitantes), Málaga (569.002), Las Palmas (377.650) o Córdoba (325.916), han dado el mismo paso en sus ordenanzas municipales.

Casi treinta millones de habitantes 

A esa cifra hay que sumarle otros 195 municipios de todo el Estado (hay otros 245 en las seis comunidades abolicionistas), entre ellos algunos como Gijón (272.365), Jerez (212.915) o Marbella (141.172), que superan los 5,8 millones de habitantes lo que sitúa el veto cerca de los treinta millones de potenciales espectadores. Eso, sin incluir en el cómputo las cuatro capitales catalanas, las cuatro gallegas, Zaragoza, Teruel y Palma de Mallorca, que proscribieron el empleo de animales salvajes o silvestres en el circo pero están incluidas en sus comunidades autónomas.

En Madrid (3,18 millones) se encuentra en tramitación la nueva ordenanza municipal, impulsada tras salir adelante en enero de 2017 una moción con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y que, salvo sorpresas, vetará los espectáculos circenses con animales.

Bilbao, Sevilla, Granada, Santander, Castellón, Cáceres y Salamanca se cuentan entre las escasas capitales que todavía no han dado ese paso en uno de los últimos Estados europeos que tolera la explotación de animales en los circos, algo que lleva tiempo prohibido en 25 países europeos entre los que se incluyen Austria, Bélgica, Dinamarca, Escocia, Finlandia, Grecia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía o Suecia.

La presidenta y la portavoz del Pacma, Silvia Barquero y Laura Duarte, trataron el tema este miércoles con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que entregaron su propuesta de Ley General de Bienestar y Protección para los Animales, que contempla la prohibición de esas prácticas.

“Un elemento fundamental en el tráfico ilegal y la caza furtiva” 

Aragón ha sido la última comunidad autónoma en sumarse al veto. Su Consejo de Gobierno ha estudiado esta semana el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección Animal de 2003, que únicamente modificará los aspectos relativos al circo con animales.

El texto, al que ha tenido acceso Público, proscribe “la utilización de animales de especies pertenecientes a la fauna silvestre en espectáculos circenses” y especifica que también los de especies domésticas deberán cumplir las exigencias de la ley “en cuanto a su procedencia, trato recibido, características de la actuación, habitáculo, alimentación, cuidados higiénico-sanitarios y transporte”.

Los circos se expondrán a multas de hasta 6.000 euros además de la eventual pérdida de la licencia y la clausura por un periodo de hasta cuatro años si los utilizan, conducta que la norma tipifica como infracción grave.

El anteproyecto, que aboga por evitar “un daño o maltrato innecesario” a los animales, señala que “las prácticas circenses con fauna silvestre pueden suponer un elemento fundamental en el tráfico ilegal de animales y la caza furtiva de especies protegidas”.