Más de un centenar de familias denuncia que España vulnera el derecho fundamental a la educación inclusiva

Mas de un centenar de firmantes, principalmente familias de niños con necesidades educativas especiales, pero también representantes de organizaciones de diversidad funcional y expertos en educación, han hecho pública una petición colectiva. En ella denuncian que España discrimina y vulnera derechos fundamentales de estos menores y de sus familias contenidos en las leyes nacionales y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Entre las irregularidades que se cometen destacan que los informes de valoración de los menores que realizan los equipos de orientación y los funcionarios de las consejerías de educación deberían considerarse nulos e ilegales.

El escrito, una "petición administrativa conjunta de carácter jurídico institucional" (porque una demanda colectiva no es posible en nuestro país en materia de educación), va dirigida a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, a las consejerías de educación de las comunidades autónomas, al Defensor el Pueblo y al Ministerio de Educación.

Exigen una revisión en profundidad de la legislación educativa en cuanto al tratamiento de los alumnos con necesidades especiales, incorporar este apartado de forma más amplia en la ley de educación que se está tramitando en el Parlamento y que el Gobierno considere poner en marcha una ley integral específica para la educación inclusiva.

El documento ha sido puesto en marcha y acordado por cerca de un centenar de familias agrupadas bajo la denominacón de Frente por la Inclusión y la Diversidad (FDI), muchas de las cuales llevan años luchando contra un sistema que, afirman, les niega cualquier participación y poder de decisión. Muchas de ellas, incluso, han denunciado presiones y amenazas por parte de funcionarios de las áreas de educación de distintas administraciones autonómicas y desamparo por parte de la alta inspección educativa del Ministerio de Educación. Afirman que la única actuación que consiguen por parte del Ministerio es decirles que denuncien con nombres y apellidos a los funcionarios que cometen dichas irregularidades. Pero según el escrito, se trata de practicas habituales, no de excepciones y que los procesos judiciales son largos, costosos y concluyen cuando ya los menores han pasado la etapa educativa obligatoria.

Algunas de las madres o padres con las que ha contactado Público no quieren dar sus nombres ni datos de los casos por temor a represalias hacia sus hijos e hijas por parte de las consejerías de Educación o de la inspección de Educación de su localidad, y aquellos que sí hablan abiertamente, es porque llevan años batallando en los juzgados.

Este es el caso de Carmen nieto, cuya hija tiene ahora 14 años y que comenzó a pelear contra el sistema cuando su hija tenía sólo 6 años. "Nosotros queríamos que nuestra hija tuviera una educación inclusiva con los apoyos que necesitaba, pero nos hemos encontrado con un muro. A mi hija una orientadora le hizo un informe, mientras otra persona nos llevó a los padres a otra sala para recabar datos para conocer mejor a nuestra hija, según dijeron. Al final, el informe que nos habían dicho que sería exploratorio, no incluyó ninguna nuestras respuestas y valoraciones, y acabó en una valoración definitiva que determinaba que debía ser escolarizada en un centro de educación especial, no a uno ordinario con los ajustes que precisaba", afirma esta madre. Su hija, que tiene grandes dotes para el piano, acabó arrinconada en un aula del centro con otros niños calificados como no integrables y los informes de la profesora resaltaban que no había evolucionado por la falta de capacidad para darle el tiempo y los recursos necesarios.

Entonces comenzaron a enviar peticiones de revisión a la inspección laboral de Collado Villalba, localidad de Madrid en la que residían y a recibir respuestas "disociadas" del caso de su hija, haciendo referencia a reglamentos internos de la Consejería, "que claramente iban en contra de las leyes y de los tratados internacionales". Esta madre afirma que se trata de una estrategia: "Meter a las familias en trámites de recursos de casación, luego con recursos contenciosos administrativos, apelaciones… que se llevan los recursos de las familias y el tiempo de escolarización de los niños y niñas, hasta que ya no tienen sentido reclamar y para cuando sale el juicio, tus hijos ya no son escolarizables".

Valoraciones psicopedagógicas ilegales.

El escrito, realizado por el abogado Juan Rodríguez Zapatero, experto en derechos fundamentales y en en el ámbito de la discapacidad, denuncia que en España no existe educación inclusiva, a pesar de que hay leyes estatales y autonómicas sobre educación que proclaman la igualdad educativa y la atención a la diversidad.

En concreto el escrito denuncia cómo se están realizando las evaluaciones psicopedagógicas y como consecuencia de ellas, los dictámenes de escolarización.

"Estas evaluaciones tendrían que tener por objeto determinar cuáles son las las necesidades educativas, es decir, las barreras que un alumno tiene, en el proceso educativo para luego fijar cuáles son las medidas de apoyo, los ajustes razonables, que necesita en base a esas necesidades", explica Zapatero a Público. Pero lo que ocurre, afirma, es exactamente lo contrario. "Por un lado porque se centran en los déficits, en la limitaciones y en los rasgos de la discapacidad de los niños, estigmatizando al alumno y sometiéndolo apruebas estandarizadas para hablar de sus coeficientes mentales, de sus niveles cognitivos en lugar de sus fortalezas y los apoyos necesarios para su correcta escolarización", resalta Zapatero.

"En consecuencia, las evaluaciones que se efectúan a alumnos con diversidad funcional constituyen, por el enfoque, metodología y orientación, una de las causas determinantes de la exclusión y segregación de tales alumnos del sistema educativo. Son una prueba incontestable de que España mantiene un sistema dual educativo y unas prácticas administrativas discriminatorias", sostiene el escrito.

"A Los alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad no se los somete a ninguna evaluación psicopedagógica ni por tanto se les analizan sus capacidades y competencias. Por el contrario a los alumnos con diversidad funcional se les somete a pruebas inadecuadas basadas en tests psicométricos de tal manera las evaluaciones psicopedagógicas se convierten en instrumentos de legitimación de la atribución de incompetencias al alumno que presenta diversidad funcional, lo que determina su segregación o separación del sistema educativo. Los alumnos con altas capacidades también son objeto de un tratamiento diferenciado y discriminatorio", añade el escrito.

España incumple las leyes

El documento no desvela un problema nuevo, sino que resalta un déficit legal que nuestro país viene arrastrando desde hace años y que no ha corregido. Hace dos años el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas vertió una dura crítica al Estado Español en una investigación realizada en nuestro país.

En ella concluía que España mantiene "un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general" y añadía que "esta situación de segregación, respecto a la cual el Comité hizo referencia en sus observaciones finales sobre España en 2011, continúa afectando, como entonces, a alrededor de un 20% de las personas con discapacidad, con repercusiones adversas para su inclusión en la sociedad".

El demoledor informe de Naciones Unidas instaba a nuestro país a "eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización". Pero pese a estas recomendaciones, España no tomó ninguna medida al respecto, tal como afirman las familias, lo que ha motivado la realización del escrito.

El documento recuerda que los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país pasan a ser atómicamente legislación nacional de obligado cumplimiento y que la segregación de facto que se está produciendo en nuestro país sobre los niños y niñas con necesidades de educación especiales vulnera, además, los artículos 14 y 27 de la Constitución, los que consagran el derecho a la igualdad y a la educación respectivamente.

Las familias exigen en el documento que se tomen medidas urgentes para cumplir con el "derecho constitucional a una educación inclusiva y para acabar con esta discriminación" y la vulneración de derechos de los menores con necesidades de apoyos especiales y sus familias.

Entre ellas, exigen la puesta en macha de una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva, que ha de tener el rango de Ley Orgánica y que debe ser de igual aplicación en todo el territorio español y no sujeto a las interpretaciones de las diversas consejerías de las comunidades autónomas y que éstas deben realizar las correspondientes modificaciones normativas en las legislaciones y demás disposiciones normativas".

Piden, también, la supresión inmediata de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización en su configuración y orientación actual (con enfoque clínico). En su lugar "han de establecerse informes de actuación educativa para todos los alumnos con carácter general que busquen el desarrollo personal, académico y social del alumno en centros educativos ordinarios usando capacidades de las personas, sin etiquetarlas y con la finalidad de incluirlas y donde la determinación las necesidades educativas del alumno resulten de la interacción del alumno con dicho entorno".

La normativa Internacional es clara al respecto y España la sigue incumpliendo. Desde el colectivo consideran que "sería imperdonable desaprovechar la oportunidad legislativa que supone la reforma de la Ley Educativa que se está llevando a cabo para garantizar de una vez por todas los derechos educativos de todo el alumnado más allá de formulaciones inconcretas de buenas intenciones".