Hace dos semanas STOP Desahucios informó a Público del fallecimiento de Francisco de Regis, conocido como Patxi, uno de los desahuciados sin alternativa habitacional del Edificio Dignidad de Móstoles. Durante casi ocho meses, Patxi estuvo durmiendo en la calle pese a presentar un informe a la Administración que mostraba su estado de vulnerabilidad. "Tenía una incapacidad del 65%, varias enfermedades graves, cobraba una pensión de 480 euros al mes y aun así no lo consideraron vulnerable", lamenta José María Torralbo, portavoz de la plataforma.

"Las alternativas que ofrece la Administración a personas o familias vulnerables desahuciadas son temporales, poco seguras, inadecuadas y muchas veces se realizan a través de chantajes o imposiciones", informa a Público Torralba. El portavoz de la plataforma señala que el programa del Plan Estatal de Vivienda para adjudicar viviendas a personas objeto de desahucio y especialmente vulnerables "no se ha implementado todavía". Según Torralbo, la Administración ha llevado a cabo las ayudas al alquiler, las mejoras de eficiencia energética de los edificios, "pero no han dado solución habitacional a familias vulnerables objeto de desahucio".

Desde STOP Desahucios informan sobre las alternativas que ofrece la Administración pública: "Dos noches para dormir en un hostal los dos primeros días −el tercer día estás en la calle−, 700 euros en metálico para que te busques una habitación y pagues dos meses, una plaza en un albergue y la acogida en una casa para mujeres maltratadas". Sin embargo, la organización asegura que existen matices en cada una de estas ayudas.

"Nosotros hemos intentado implementar la alternativa de los 700 euros para buscar una habitación de alquiler. El problema es que las habitaciones que encontramos mínimo cuestan 450 euros al mes. Con 700 euros no tienen ni para vivir dos meses", cuenta Torralbo. El miembro de la ONG añade que las personas que alquilan las habitaciones piden contratos estables de trabajo, varios meses por anticipado, "porque saben que no van a poder pagar el tercer mes".

En el caso de los albergues, Torralbo asegura que varias personas han presentado denuncias por maltrato. "A algunas familias del Edificio Dignidad les dijeron que tenían que entregar la custodia de sus hijos menores a los servicios sociales si querían acceder a la plaza", cuenta. "En otros albergues, si no cumples con las imposiciones que te adjudican, por ejemplo, limpiar los baños, te castigan durmiendo en la calle, te quitan el abono de transporte que te subvencionan o no te dejan acceder al ordenador con el que puedes buscar empleo". 

En 2020, coincidiendo con la pandemia, el Gobierno estableció el Decreto ley 11/2020, al que denominaron "escudo social". "Este decreto establecía que el dinero no gastado del Plan Estatal 2018-2021 se tenía que emplear para dar alternativa a mujeres que han sufrido violencia de género, familias especialmente vulnerables y familias objeto de desahucio. Actualmente, no tenemos noticia de que esto se haya hecho", dice el portavoz de STOP Desahucios.

"Hace no mucho en España había 60.000 desahucios de media al año. A partir de implementar el Decreto ley 11/2020, había 40.000. El último año bajó a 30.000. La cuestión es que sigue habiendo 30.000 desahucios a pesar de existir estas medidas", insisten desde la organización. "Se ha hecho una Ley de Vivienda y ha habido que prorrogar parte del escudo social porque esta ley no contiene ninguna medida para evitar los desahucios", lamenta Torralbo.

La Comunidad de Madrid limita las ayudas

La Comunidad de Madrid, como las demás comunidades autónomas de España, tiene las competencias en materia de vivienda y es la responsable de la agencia de la vivienda social. "Si te han desahuciado y estás en la calle, no tienes derecho a solicitar una vivienda pública porque te exigen un documento válido de donde resides", informan desde STOP Desahucios. "Si tu lugar de residencia es la calle, no puedes adjuntar ese documento o, por ejemplo, si estás ocupando, aunque no te hayan desahuciado todavía, tampoco puedes pedirlo", añade.

El portavoz de la plataforma explica que la Comunidad de Madrid también tiene un régimen de emergencia en el reglamento de adjudicación de viviendas sociales. "Los requisitos son que te vayan a desahuciar o que te hayan desahuciado, pero también haber sufrido una disminución de ingresos en los tres últimos años".

Cuenta que, en el caso de las personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad, "como cobran una pensión mínima de 480 euros al mes, resulta que los tres últimos años para la Administración no han tenido disminución de ingresos. Entonces no se considera que estés en emergencia".