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Pleno maratoniano el de esta semana en el Congreso de los Diputados. Después de que Francina Armengol suspendiera la sesión de control y otros puntos del orden del día del miércoles 30 de octubre por la DANA, la Cámara Baja enfrenta a partir de este martes una sesión con varias partes muy diferenciadas. Por un lado, del Congreso saldrán designados de forma definitiva los once consejeros de RTVE propuestos por el Gobierno y sus aliados. Por otro, el Partido Popular (PP) tratará de acorralar al Ejecutivo con hasta nueve preguntas sobre su gestión de la DANA, en un movimiento para intentar oscurecer la actuación de Pedro Sánchez y quitar foco a Carlos Mazón.
La estrategia de los populares, como contó Público, es clara: evitar salir damnificados de la mala gestión del president valenciano y culpar al Gobierno de los errores en la gestión de la DANA. La consigna no es "salvar a Mazón", sino prácticamente todo lo contrario. La relación entre él y Alberto Núñez Feijóo no es buena desde que el valenciano condicionó la estrategia electoral del PP de cara a las elecciones generales del 23 de julio de 2023 al pactar con Vox para obtener el Gobierno del País Valencià.
En Génova no existe, por lo tanto, ningún interés en proteger a Mazón ―así se ha evidenciado en más de una declaración en los últimos días― y en las preguntas que dirigirá el PP al Ejecutivo en la sesión de control se puede leer perfectamente la doble estrategia de los de Feijóo. Al pedir cuentas al Gobierno, de nuevo, sobre por qué no elevó el nivel de emergencia constata su poca confianza en la capacidad de Mazón y, a la vez, sitúa la responsabilidad de la tragedia en la Moncloa, a la que acusa de dejación de sus funciones.
En cualquier caso, no será Pedro Sánchez quien responda al interrogatorio popular. El presidente del Ejecutivo no asistirá a la sesión de control al coincidirle con la COP29, la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se celebra, este año, en Azerbayán.
El PP preguntará al Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, si desaconsejó que se elevara el grado de emergencia; cómo valora, en términos generales, la actuación del Gobierno; cuánta ayuda internacional se ha ofrecido al Ejecutivo con motivo de la DANA y le pedirá una valoración sobre la seguridad en la visita de Felipe VI y Letizia Ortiz a Paiporta. A María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, también pedirá una valoración general; con sorna, le planteará si "cree que es el momento de hacer más difícil la vida de los españoles" y le invitará a explicar qué piensa acerca de la fluidez de la colaboración entre instituciones.
También tendrá que responder Margarita Robles, ministra de Defensa. A ella se la interrogará por el papel de las Fuerzas Armadas, cuya presencia los populares han considerado tardía, y por "la reacción de sus socios de Gobierno durante la catástrofe de la DANA". Lo cierto es que, como ha contado este medio, los aliados de Sánchez en el Congreso le han ofrecido su colaboración registrando, además, propuestas para ampliar los paquetes de ayudas.
Al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, los populares le preguntarán si considera que todos los miembros del Gobierno al que él pertenece han actuado correctamente. De todas formas, Torres comparecerá, a petición propia, el mismo miércoles para explicar la actuación del Ejecutivo. Lo hará antes de la sesión de control y todos los grupos parlamentarios podrán intervenir.
Las protestas de este fin de semana en València, que han congregado según la Delegación del Gobierno a 130.000 personas, han dejado en muy mal lugar al PP. La concentración se produjo bajo un manifiesto que culpa en buena medida a Mazón de la tragedia, aunque también otorga responsabilidades al Gobierno central. Sin embargo, los gritos de "Mazón, dimisión" y la reacción del PP valenciano al tachar la movilización de "catalanista" denotan cuál fue el mensaje que recibieron Mazón y su equipo. La atención mediática, además, se ha mantenido invariablemente sobre la gestión del popular. Los de Feijóo tratarán, este miércoles, de cambiar el paso.
Elección del Consejo de RTVE
La sesión de control se celebrará este miércoles y antes, el martes, el Congreso votará de forma definitiva a los 11 miembros del Consejo de RTVE que elige la Cámara Baja. Los otros cuatro son a elección del Senado. Se trata de un asunto que ha generado mucha polémica, toda vez que el Gobierno aprobó en el Congreso la reforma legislativa para la elección del Consejo de la televisión y la radio públicas justo en el momento en el que se estaban empezando a conocer los estragos de la DANA. Francina Armengol suspendió toda la actividad parlamentaria excepto la votación del decreto con dicha reforma.
A continuación, los once nuevos consejeros, entre los que destaca por las críticas que ha recibido por parte de la oposición Esther de la Mata, exdircom del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fueron avalados por la Comisión Mixta de RTVE. Este martes se producirá la votación para que resulten definitivamente elegidos. Para que eso ocurra en primera votación, precisan de una mayoría cualificada de dos tercios. En caso de no obtenerla, y es una de las cosas que ha cambiado con la nueva reforma, necesitará solo una mayoría absoluta (176 o más escaños) para salir adelante.
En otro orden de cosas, el jueves, en una sesión en la que se recuperarán los puntos que se pospusieron por la DANA, se votará la aprobación definitiva de la ley de eficiencia en la Justicia que incluye medidas para digitalizar, agilizar y acercar a los ciudadanos la Justicia española. También se iba a votar el dictamen de Comisión de un proyecto de ley para establecer un impuesto complementario a las multinacionales que incluye dos enmiendas para modificar el impuesto a la banca y eliminar el de las energéticas. Finalmente, el punto caerá del orden del día, toda vez que Esquerra Republicana y EH Bildu han frenado el avance de la iniciativa al avisar de que la ley no podrá contar con sus votos si se mantienen esas enmiendas, que, para más inri, pactó el PSOE con PNV y Junts per Catalunya. También Podemos se ha mostrado contrario al plan del PSOE.
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