Las cosas en palacio van despacio. Tal vez esta frase podría aplicarse en este caso. Desde hace varios días diversos usuarios de redes sociales están difundiendo a diestro y siniestro algunos audios que la víctima de la Arandina compartió con algunas amigas tras la violación. Su contenido fue oído durante el juicio y transcrito en la sentencia que condenó a los tres agresores a penas que suman los 114 años de prisión (38 para casa acusado), pero la Audiencia de Burgos no consideró que dicho material desmereciera el relato de la menor en relación a la violación en grupo.

Igual que ocurriera con la víctima de La Manada de Pamplona, diversos usuarios, e incluso medios de comunicación, se han lanzado a hacer públicos mensajes, fotos y hasta datos personales que ningunean a la víctima, desprestigian su testimonio o juzgan sus acciones anteriores y posteriores a la violación. Una acción que pone el foco en las mujeres agredidas y no en los agresores.

La difusión de estos audios es un delito que puede ser penado con elevadas multas (hasta un tope de dos millones de euros) e incluso pena de cárcel (hasta cinco años), tal como adelantó Público.

​A pesar de esta aclaración sobre el hecho de que distribuir los audios es delito y de que la Agencia Española de Protección de Datos haya denunciado varias de esos mensajes a Twitter, los audios siguen campando a sus anchas en las redes. Especialmente en la de pájaro azul. ¿Pero por qué no han sido eliminado si su distribución es un delito?

La primera explicación es que no se pueden borrar contenidos de redes sociales a mansalva. De hecho sólo se pueden borrar mensajes concretos de cuentas concretas. Para ello es necesario que alguien denuncie un mensaje, tanto a la propia red social, ante la Policía o que lo haga a través de la Agencia Española de Protección de Datos.

Tal como explican desde ese organismo, desde el pasado mes de septiembre se ha habilitado un canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada. Temas que atañen a víctimas de violencia de género, a población LGTB, violencias sexuales, entre otras, tienen un tratamiento prioritario y urgente. 

Sin embargo, tal como explican a Público fuentes de dicha agencia, las medidas cautelares urgentes que envían a las plataformas digitales, sólo pueden hacerse sobre URLs  (direcciones web) concretas, pero no sobre un contenido, es decir, sobre los audios en este caso. En esto, tal como explican algunas fuentes consultadas, existen restricciones técnicas, pero sobre todo a la libertad de expresión. Borrar masivamente contenidos es prácticamente imposible sin vulnerar este derecho fundamental.

Es decir es un borrado que se "hace caso a caso, mensaje a mensaje. No sobre los audios. Es  preciso identificar las URLs. No se puede pedir que se elimine de la red social el contenido, sino que se elimine un mensaje específico que lo contiene", explican fuentes de la AEPD.

Sí hay que tener en cuenta que, si bien todos los mensajes no se puedan eliminar o los usuarios decidan no eliminarlos, la AEPD sí podría abrir expediente sancionador mediante denuncia de un tercero, o actuando de oficio, sobre cualquier usuario que haya o esté distribuyendo un material que, como estos audios, supongan una infracción sobre la normativa de protección de datos.

Su distribución es delito a través de cualquier plataforma

Tal como explica la experta Verónica Alarcón, abogada de ePrivacidad, la distribución de este contenido es tan delito cuando se hace en plataformas abiertas, como cuando se distribuye por grupos más acotados como pueden ser los chats de Whatsapp. En este caso, detectar su circulación es más complicado y requeriría la denuncia de alguno se sus integrantes, por lo que frenar la distribución por estas vías se hace, si cabe, más difícil.

Por último, esta experta advierte también sobre el peligro de eliminar los mensajes que contengan los audios sin antes realizar un proceso de certificación. Si bien es deseable que no circulen o que nunca hubieran sido distribuidos, una vez que se ha hecho, borrarlos elimina también pruebas clave que podrían se utilizadas en un juicio o en un juzgado si la víctima de los delitos decide denunciar por la vía penal o civil.

Por ello, pide cautela a la hora de denunciar y borrar los mensajes. Las acciones de certificación de URLs son cada vez más frecuentes. Se trata de que un notario o alguna web que se conoce como "terceros de confianza" certifique el contenido de una URL y emita un documento que sirve de prueba en los procesos judiciales. Así, si el usuario borra el mensaje o éste es eliminado por la red social, existe una prueba del delito. En el caso de los audios de la víctima de la Arandina, varios usuarios de redes sociales han realizado la certificación de varias de los mensajes que han sido borrados y los están poniendo a disposición de la víctima si decide denunciar.