El Gobierno de Aragón ha abierto una vía, inexplorada hasta ahora, para intentar paliar con médicos de origen extracomunitario el déficit de facultativos especialistas que sufren los consultorios, hospitales y ambulatorios de la comunidad, una carencia que se da de manera generalizada en eso que se ha dado en llamar la España vacía o vaciada y que también afecta a zonas rurales de los territorios del litoral, como la Comunitat Valenciana y Galicia, y a menudo a sus capitales.

Esa falta de personal provoca las consecuentes deficiencias del servicio que reciben los vecinos de esas zonas de baja densidad demográfica ya sea por la falta de médicos de familia o, entre otros, de pediatras, ginecólogos y anestesistas, como ha venido ocurriendo de manera recurrente en Teruel y Huesca en los últimos años, o también de otorrinos, cuya escasez se extiende a los hospitales de la capital.

Esas carencias en lo que en el argot sanitario se denomina "puestos de difícil cobertura", que incluyen que en zonas de montaña lleguen a pasar varios meses sin médico tras jubilarse el titular y que en las convocatorias comiencen a quedar puestos desiertos en cabeceras de comarca, se verán agravadas en los próximos años ante la cascada de jubilaciones de veteranos, que en el caso de Aragón afectarán a un tercio de la plantilla de atención primarias en lo que queda de década.

Se trata de un problema extendido: el Gobierno vasco, que prepara una oferta de 4.000 plazas, reconocía hace unas semanas sus problemas para cubrir la atención primaria, mientras el de La Rioja ve cómo menos de un tercio de los jóvenes médicos que terminan el MIR se quedan en la comunidad, el gallego se encuentra con que una de cada cinco plazas quedó desierta en la última convocatoria y el valenciano sigue acumulando vacantes en el norte de Castellón.

Un resquicio legal para poder cubrir las plantillas

La medida adoptada por el cuatripartito consiste, básicamente, en levantar a través de la ley de Presupuestos de la comunidad para el año que viene, cuyo debate de totalidad se celebra este viernes en las Cortes, las limitaciones que el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud pone para participar en procesos de selección en la sanidad pública, que queda restringida a médicos y enfermeros de nacionalidad española o comunitaria y a los de los escasos países que puedan tener reconocido ese derecho por tratados internacionales.

Esa norma, sin embargo, incluye una 'reserva de ley' que permite participar en esos procesos de selección de personal, así como en las bolsas de interinos que se conforman una vez finalizan, a otros colectivos que tengan "reconocido tal derecho por norma legal".

El Gobierno de Aragón ha aprovechado ese resquicio para incluir en su proyecto de Presupuestos una disposición, la adicional número 35, que permite a "los extranjeros que no cumplan los requisitos" del Estatuto Marco participar "en igualdad de condiciones" en las oposiciones en "aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica".

La medida incluye a los médicos de cabecera, los encargados de la atención primaria en los consultorios y centros de salud, ya que Familia es una más de las especialidades reconocidas por la sanidad española.

Con esta modificación legal, pionera entre las comunidades de la España despoblada, los médicos especialistas de origen extracomunitario "podrían inscribirse en las bolsas de trabajo como cualquier otro profesional", explican fuentes de la Consejería de Sanidad que dirige Sira Repollés, que este jueves defiende en las Cortes las cuentas de su departamento.

Un criterio de eficiencia de los recursos públicos

"La Ley de Presupuestos se modifica para que se permita la contratación 'normalizada' de facultativos extracomunitarios, entre otras cosas por un criterio de eficiencia ya que muchos de ellos se forman en la comunidad", anotan las mismas fuentes.

Las comunidades autónomas se encuentran año tras año con la paradójica situación de que los estudiantes de origen extracomunitario que aprueban la carrera en las facultades de Medicina de sus territorios y completan su formación con el MIR (Médico Interno Residente) en centros públicos no pueden después, por una cuestión de nacionalidad y pese a disponer del requisito básico, que consiste en haber superado una Residencia de dos a cinco años, trabajar en esos consultorios, ambulatorios y hospitales.

Al mismo tiempo, nada impide que lo hagan en la sanidad privada, lo que pone sobre la mesa algunas posibilidades de mejora en el aprovechamiento de la inversión pública que se realiza en esa formación. "Se forman especialistas que después no se pueden contratar", anotan las mismas fuentes.

La iniciativa aragonesa no deja de ser un paso más en la normalización que ya contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 57 regula la posibilidad de que los comunitarios ocupen puestos de funcionario y de que cualquier extranjero con "residencia legal" pueda "acceder a las administraciones públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles".

Esa misma norma ya prevé que las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas puedan, por razonas de interés general, eximir del "requisito de la nacionalidad" para "el acceso a la condición de personal funcionario".