Ecologistas en Acción denuncia que Madrid ha registrado sus peores cifras en materia de contaminación por ozono y se consolida como el territorio español en el que este gas causa una mayor incidencia en la población. Esta organización señala, además, que en 2024 el 96% de los españoles (46 millones de habitantes) han respirado un aire que, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está más contaminado de lo que debería.

Precisamente, este será uno de los retos que España deberá afrontar antes de 2030 como resultado de unas directrices que, en el marco de la Unión Europea, fueron aprobadas este lunes y que tienen como objetivo reducir legalmente los umbrales de contaminación permitidos.

Desde la organización defensora del medioambiente, se espera que esta nueva normativa sobre la calidad del aire obligue al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a aplicar medidas más eficaces que permitan frenar esta amenaza para la integridad atmosférica. "Se ha aprobado prácticamente con una unanimidad, pero tanto el Partido Popular como Vox se opusieron, es una decisión que los eurodiputados deben explicar", ha señalado el principal coordinador del estudio, Miguel Ángel Ceballos.

El informe en cuestión analiza los datos recogidos en casi 500 estaciones oficiales repartidas por toda España desde el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre del mismo año. Las conclusiones a las que llega son claras: el ozono no es solo el contaminante atmosférico que más afecta a la población, sino que también es el más directamente vinculado al cambio climático por su relación con la irradiación solar. Si bien sus niveles generales han caído respecto a otros años, un hecho ligado únicamente al acortamiento de la estación estival, se continúa sin respetar en una gran parte del territorio lo determinado por las anteriores leyes europeas. 

Lo más preocupante es que, aunque es obligatoria la elaboración de unos planes que ayuden a disminuir la presencia atmosférica del ozono atendiendo al marco comunitario, ocho autonomías no han aprobado ninguno después de 14 años. "Hay una negligencia reiterada por parte tanto de las administraciones autonómicas como centrales", ha subrayado Ceballos. 

Tampoco pierde la ocasión de recalcar la ausencia de información por parte de las autoridades correspondientes en relación a la superación de estos niveles de contaminación. Se detectaron máximos en 300 estaciones que debían ser comunicadas a la población afectada y, no solo se percibe una falta total de transparencia en este ámbito, si no que en sitios como la Comunidad de Madrid ni siquiera se emplean los medios de difusión disponibles para proteger a la ciudadanía. 

La nueva directiva fija como reto bajar esos datos de polución a la mitad, así como ubicar las estaciones oficiales en lugares donde se conozca que son mayores los niveles de contaminación. Determina, como añadido, un precedente: los damnificados en términos de salud por esta realidad podrán solicitar una indemnización. Para conseguir esta meta, se recomienda desde el punto de vista ecologista diversas medidas como la reducción del tráfico y el fomento de la utilización de transporte público o la instauración de zonas de bajas emisiones.

"No se trata de esperar a que llegue el año 2030 y no hacer nada hasta entonces, es necesario incorporar políticas que alcancen ese fin, hay que ser mucho más estrictos en esta materia", ha declarado Ceballos. 

Por su parte, Juan Bárcena, responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción, ha matizado que el período para cumplir e integrar las innovaciones necesarias es de 5 años, puesto que el plazo termina el 1 de enero de 2030. "Ya tenemos una experiencia negativa anterior y hay que ponerse las pilas", ha anotado.

Ambos se han mostrado contrarios a la reciente sentencia que anulaba la zona de bajas emisiones en Madrid. "Van en la dirección contraria, si se ha conseguido llegar al objetivo anterior con esta medida no se puede ir para atrás", ha concluido Ceballos.