"Ha sido un esfuerzo titánico durante un año", resume Edith Espínola, portavoz de la Plataforma Esenciales, que este jueves entregan ante la Oficina del Censo Electoral las más de 710.000 firmas que han recogido para presentar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para facilitar la regularización de personas migrantes indocumentadas.

"Es un hito muy importante, pero solo un primer paso", comenta la portavoz, ya que ahora tienen por delante un trámite parlamentario para que su propuesta se debata y se vote en el Congreso de los Diputados. Los más de 900 colectivos impulsores recuerdan que esta es una de las cinco ILP que más apoyo popular han conseguido y que solo una de cada diez iniciativas llegan al Congreso.

Seis meses de plazo

El próximo paso, explica Espínola, es que la Oficina del Censo Electoral compruebe que al menos 500.000 de las firmas recogidas sean válidas, es decir, que sean de ciudadanos con nacionalidad española y mayores de 18 años. Una vez confirmado, la propuesta legislativa sigue el mismo trámite que una proposición de ley ordinaria.

Deberá ser remitida a la Mesa del Congreso y, si cumple los requisitos establecidos, esta deberá fijar una fecha en un plazo de seis meses de máximo para que el Pleno del Congreso debata y vote su toma en consideración. Si la mayoría del Congreso lo acepta, el proyecto sigue el procedimiento ordinario y pasa a la comisión parlamentaria competente en la materia.

Tras esto, el proyecto se incluye en el orden del día de para debatirse y aprobarse en el Congreso, para lo que se requiere mayoría simple. Tras el Congreso, el proyecto debe recibir el visto bueno del Senado en un plazo inferior a dos meses, donde se pueden introducir enmiendas o "vetos".

¿Qué cambia esta ILP?

La plataforma impulsora recuerda que el trámite previo a la recocida de firmas ha sido tedioso y el proyecto ha sido rechazado en varias ocasiones por entrar en materia de una ley orgánica. En este caso, la ILP afecta a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería.

La única forma de avanzar en los trámites fue reducir las exigencias iniciales que la plataforma Regularización Ya plasmó en una Proposición No de Ley (PNL) que ya fue rechazada. En esta ocasión, la ILP se centra en modificar una disposición transitoria de la Ley de Extranjería que no tenía carácter orgánico y que posibilitó la regularización extraordinaria de extranjeros que llevó a cabo el Gobierno de José María Aznar (PP).

El texto presentado por la plataforma modifica la disposición adicional primera de la Ley de Extranjería con este texto: "El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

Con este cambio, los impulsores intentan rebajar de forma extraordinaria las exigencias legales para que las personas extranjeras puedan acceder a permisos de residencia y trabajo por la vía de arraigo social. Actualmente, esta vía obliga a los migrantes a pasar un mínimo de tres años en situación irregular antes de por solicitar la residencia por arraigo, una situación en la que se encuentran alrededor de medio millón de personas, según los estudios más recientes.

Apoyos políticos

La última vez que el asunto de la regularización extraordinaria se llevó al Congreso —aunque sin fuerza de ley— fue en 2020, cuando los colectivos migrantes y antirracistas trataron de visibilizar la exclusión de las persona migrantes sin papeles de cualquier medida de apoyo social en medio de la pandemia. Fue ERC quién llevó al Congreso la Proposición No de Ley impulsada por Regularización Ya, que instaba al Gobierno a emprender una regularización extraordinaria y sin condiciones de las personas indocumentadas. Entonces votaron en contra de la PNL tanto el PP como el PSOE, junto a Vox , Ciudadanos y PNV.

En este contexto, Espínola insiste en que todavía queda mucho trabajo de incidencia política para conseguir apoyos de los grupos parlamentarios clave. "El PSOE no aceptó la PNL inicial, ahora tenemos que buscar su apoyo a esta ILP porque necesitamos que tenga el visto bueno del Gobierno al completo, no solo de una de sus partes", explica.

Según Espínola, hay sectores socialistas que sí han mostrado su apoyo en varias ciudades y regiones del país. "No es ni mucho menos la primera vez que España emprende un proceso extraordinario de regularización de migrantes. Es necesario, garantiza derechos básicos y beneficia a la economía", argumenta la portavoz.