Zaplana y los otros seis detenidos pasan este jueves a disposición judicial en Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tomará este jueves declaración al exministro Eduardo Zaplana y los seis detenidos más en la operación Erial que investiga el supuesto blanqueo, cohecho, malversación y prevaricación en el cobro de comisiones por adjudicaciones durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana.

Zaplana ha llegado a las 10.10 horas a la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix, en Valencia, procedente de Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han efectuado el traslado desde las dependencias del Instituto Armado de Tres Cantos (Madrid), donde ha pasado la noche después de haber asistido a varios registros en la capital.

La defensa del exdirigente del PP y exdirectivo de Telefónica ha solicitado a la jueza que ordenó el pasado martes su detención que lo ponga en libertad debido a la leucemia que padece desde 2015 y a que, tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en el Hospital de la Fe de Valencia. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido oponerse debido a que el martes fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros.

Aparte de las declaraciones previstas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el exdirector de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha sido citado también a declarar este jueves como investigado ante la Guardia Civil.

Sus sobrinos Vicente y Juan Cotino son dos de los detenidos en esta causa, en la que los investigadores han llevado ya a cabo varios registros, como los practicados en las viviendas de Zaplana en Valencia y Benidorm y sus antiguas oficinas en la sede madrileña de Telefónica.

La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.

La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como "el yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.