Yolanda Díaz pide a la Fiscalía impugnar el acuerdo de Ayuso que limita el derecho a la protesta de los trabajadores públicos

El pasado 10 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a representantes sindicales de CCOO, CSIF, CSIT y UGT, firmaron un convenio colectivo −al que tuvo acceso Público− exclusivo para el personal laboral de la administración madrileña, que abarcará el periodo de 2025 a 2028. Según pudo comprobar este medio, el texto del acuerdo incluye medidas que restringen el derecho a la protesta de los trabajadores de la administración pública.

La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este viernes la intervención de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo para revisar el convenio citado. En detalle, su solicitud se centra en la parte del convenio que define las condiciones laborales del funcionariado de la Comunidad de Madrid y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) el 23 de diciembre.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a Europa Press que el artículo 10 y la disposición adicional décima del convenio permiten que, en caso de huelgas, concentraciones o manifestaciones convocadas por sindicatos firmantes, la administración tenga la facultad de "suspender la implantación de la carrera profesional horizontal", lo que incluiría la interrupción de sus efectos retributivos para el personal afectado.

Un "atentado" contra derechos básicos

En las cartas enviadas este viernes a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, el Ministerio de Trabajo afirma que una cláusula de este tipo "penaliza el ejercicio de derechos fundamentales", como los de reunión, manifestación y libertad de expresión, y califica esta medida como un "atentado evidente" contra estos derechos básicos.

Fuentes de Trabajo critican que el acuerdo de Ayuso supone una "degradación de la participación democrática" de los trabajadores

Las mismas fuentes critican que la medida supone una "degradación de la participación democrática" de los trabajadores, un hecho que consideran "aún más grave" al tratarse de convenios colectivos que regulan las relaciones laborales de los empleados públicos en una Comunidad Autónoma, en este caso, la de Madrid.

El Ministerio de Trabajo señala que la cláusula en cuestión "excede lo admisible" en este tipo de acuerdos obligacionales, ya que impone efectos que trascienden a las organizaciones firmantes y, de manera "sorprendente", genera consecuencias negativas para los trabajadores, vulnerando lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Trabajo denuncia la ilegalidad del convenio de Ayuso

El Ministerio de Trabajo advierte que el convenio y el acuerdo podrían ser "impugnados" al considerar que "vulneran" la legalidad constitucional vigente y "afectan gravemente" los intereses de terceros. Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que inicie los trámites necesarios para la impugnación del convenio colectivo y lleve a cabo las acciones penales que pudieran corresponder en este caso.

El Ministerio de Trabajo recuerda que ha instado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a actuar de oficio, al considerar que son las instituciones competentes en este caso, dada la inacción de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que permitió la publicación de los textos en cuestión.