Vox continúa su particular lucha contra las redes sociales. Penalizado por Facebook y Twitter por la difusión de bulos y excesos verbales, ahora arremete contra la segunda por la vía judicial tras el bloqueo de su cuenta oficial, la cual lleva inactiva más de dos semanas por "incitación al odio". El partido ha anunciado este viernes la presentación ante los juzgados de instrucción de Madrid de una querella criminal contra la compañía, a la que acusa de un posible delito de injurias, así como la lesión de diversos derechos fundamentales. 

"Me parece absolutamente descabellado", asegura el jurista Carlos Sánchez Almeida. Especializado en derecho de internet, considera que una posible "extralimitación" de Twitter en su labor de moderación podría ser debatible en un pleito civil, pero en ningún caso por la vía criminal como en este caso se plantea.

Al llevarlo por este camino, el juez únicamente podría "evaluar si los términos y condiciones de la compañía son delictivos o no". Es decir, si respetan la legislación española. No obstante, se trata de las reglas de convivencia de una red privada que, recuerda Sánchez Almeida, "han sido aceptadas por Vox" al crear su cuenta. 

Según defiende la formación ultraderechista en un comunicado, además de las citadas injurias atribuye a la compañía haber lesionado sus derechos a la libertad de expresión, la participación política, la libertad ideológica y el principio de pluralismo e igualdad política. 

Sánchez Almeida asegura que ese tipo de lesiones contra derechos fundamentales están reservadas en el ámbito jurídico para cuestiones de "coacción con violencia", discriminación a minorías o los delitos cometidos por funcionarios públicos –no es el caso, pues se trata de una empresa privada– contra las garantías constitucionales recogidos en el Capítulo V del Título XXI del Código Penal. 

Twitter mantendrá el bloqueo hasta que se borre el tuit

Desde la red social descartan hacer nuevas declaraciones al respecto tras la querella presentada por Vox, remitiéndose a las explicaciones ofrecidas semanas atrás. Unas aclaraciones a las que la formación ultraderechista no ha atendido, pues continúa afirmando en su comunicado que se trata de un "cierre injustificado"  o una "decisión arbitraria".

Twitter explicó en su día que no se trataba de un "cierre" o "suspensión" –términos empleados por Vox en su comunicado–, sino simplemente de un bloqueo indefinido de algunas funcionalidades como tuitear o interactuar públicamente en la red social.

Desde Vox también aseguran que Twitter le ha negado "una salida extrajudicial al problema", pero la compañía ya les comunicó en su día que terminará con el bloqueo en el preciso instante en el que borren el tuit que incumple sus normativas por "incitación al odio" contra una "categoría protegida" –minorías históricamente discriminadas por cuestiones de género, raza, etnia, orientación sexual...–.

Además, Vox también afirma presentar como "carga documental" en su querella la "contradicción" incurrida por la red social al haber revisado en un primer momento la publicación sin haberla sancionado y finalmente proceder al bloqueo tras una segunda revisión. Sin embargo, desde Twitter ya remarcaron a este diario semanas atrás que se trata de una práctica habitual en sus labores de moderación. 

Delitos de opinión no amparados por la libertad de expresión

Además de este endeble sostén jurídico, la querella de Vox incurre en llamativas contradicciones. Desde la formación ultraderechista se denuncia la vulneración por parte de Twitter de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, Sánchez Almeida recordaba en delcaraciones previas a Público tras el bloqueo de la cuenta del partido que "los delitos de opinión no están amparados por la libertad de expresión". 

Por lo tanto, el tuit de Vox por el cual su cuenta fue bloqueada de manera indefinida –en el que acusaba de promover la "pederastia" al PSOE– podría incurrir en un posible delito, en vez de ser objeto de uno como ellos alegan. "Llamar pederasta a alguien sin pruebas es atribuirle un delito. Con lo cual, quien ha sufrido la agresión, podría plantearse presentar una querella por delito de calumnias", defendía hace unas semanas el jurista. 

Atendiendo a lo dispuesto en torno a este derecho en la Constitución, en el propio artículo 20 en el que se instaura el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones" se establece como límites al mismo "el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen", los cuales Vox podría estar vulnerando con sus acusaciones de "pederastia".